Lunes  25 de Febrero de 2008

La seguridad vial está en crisis

Un nuevo plan, las mismas intenciones, objetivos similares al presentado con anterioridad. Pero poco importa a esta altura si es igual o no a otros programas arbitrados aquí o en el mundo. No cabe duda que la seguridad vial esta en emergencia y no todo depende de la brillantez de la propuesta, la diferencia va a estar dada por la firme voluntad política que eventualmente exista, la capacidad de los funcionarios a cargo y el presupuesto que se le destine al proyecto.

Las declaraciones de voluntad son un buen comienzo, pero nunca alcanzan, de hecho, no alcanzaron anteriormente ni siquiera para paliar la crisis. Los gobernadores acompañando el anuncio, los funcionarios presentes no garantizan la operatividad de las propuestas.

El Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito -Renat-que se constituye en una herramienta fundamental del plan presentado existe desde 1995 y nótese que digo existe y no funciona. Los convenios suscriptos con las provincias para desarrollar su función no hicieron más que constituir un entramado burocrático y formal que no logró el objetivo de conformar la red informática interprovincial, de la que habla la ley de Tránsito, para permitir el acceso a los antecedentes de los conductores. Su existencia fue virtual. Muchos fueron los motivos, desde la falta de tecnología necesaria a nivel central como provincial, las internas políticas de siempre, la falta de capacidad y de conciencia y la deliberada asunción de compromisos formales que no eran más que meras declaraciones sin efecto realizadas por los funcionarios, a sabiendas de que sólo buscaban réditos políticos.

También es cierto que en nuestro esquema federal, tránsito es materia reservada de cada jurisdicción y eso genera una dependencia funcional de toda política que implemente la nación. Es allí donde habrá que ajustar metas y trabajo conjunto y coordinado.

No obstante estoy convencida que habrá que ir un poco más allá. Hemos visto que las campañas de educación vial son escasas y no obstante el alto impacto de las imágenes y las palabras utilizadas los números no decrecen. La educación vial deberá ser sin duda un pilar en la construcción de la tan ansiada seguridad vial, pero es claro que es un recurso de largo plazo, y la gente se muere ahora, cada día, en cada calle, en cada ruta.

La centralización de los antecedentes de los conductores y su disponibilidad a fin de otorgar licencias válidas, con idénticos criterios en todo el país es un deber, no obstante los conductores que manejan contando con historial condenatorio, en términos de víctimas, no son el problema fundamental de la inseguridad que vivimos en materia de tránsito.

¿Voluntad política?

Datos de la realidad parecen contradecirse con la voluntad política expresada con el anuncio del plan y la convicción en el combate contra la inseguridad vial. La Cámara de Diputados dio media sanción el año pasado, a un proyecto de ley de la diputada Paola Spatola que tipifica como delito el mero hecho de organizar o participar en competencias de destreza o velocidad en vía pública con un rodado, es decir, las famosas picadas, que no dejan de cobrarse vidas casi a diario.

El proyecto no tiene sanción pecuniaria, sino de privación de libertad e inhabilitación. Sin embargo el Senado lo congeló desde mediados del año pasado.

Por otra parte, el sistema de scoring planteado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede constituir una alternativa válida, no obstante, si sólo se trata de un scoring negativo tenemos menos posibilidades de motivar a los conductores que sí lo complementamos con un scoring positivo.

Si al conductor se le asigna un puntaje que decrece a medida que comete infracción, hasta el retiro de la licencia, ¿por qué no implementar un sistema de premiación para los conductores respetuosos de las normas?

Nada es definitivo y habrá que esperar. El plan no es bueno ni malo per se. Tiene sus facetas y puede ser efectivo, el impulso político y el destino de las partidas suficientes serán indicadores de sus resultados a mediano plazo. El objeto es salvar vidas, no recaudar, no ocupar espacios de poder, no alimentar una caja política ni repartir cargos para la ‘tropa’. Las políticas dependen de los hombres.

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