Jueves  01 de Julio de 2010

La pelea Gobierno-oposición por 82% para jubilados podrían pagarla las empresas

El Ejecutivo alertó que llevar el haber al 82% del salario mínimo significará el derrumbe del sistema previsional. Empresarios resisten pagar el costo del aumento a jubilados

La jugada política de la oposición, que logró instalar el aumento de la jubilaciones al tope de la agenda legislativa, forzó ayer una reacción defensiva del Gobierno, que aseguró no estar en condiciones de financiar la elevación del haber previsional al 82% del salario mínimo al advertir que el costo de esa medida (superior a los $ 20.000 millones anuales) colocaría en serio peligro el equilibrio fiscal del país. Pero la pelea que el avance legislativo de los proyectos generó entre la administración Kirchner y la oposición se expandió más allá del ámbito político y sumó también una fuerte preocupación en los principales sectores empresarios a la par que algunas propuestas emergentes de la CGT y la CTA plantearon la alternativa de recurrir a un incremento de las contribuciones patronales para financiar la suba a los jubilados.

Esa iniciativa fue esbozada en forma coincidente por el diputado y asesor de la CGT, Hector Recalde, y por el titular de la CTA, Hugo Yasky. “Hay que definir primero de dónde se obtienen los recursos”, dijo Recalde a El Cronista respecto de los proyectos alentados por la oposición y consideró que una posibilidad para evitar desfinanciar las cuentas públicas sería restituir los aportes patronales a los niveles previos a 1993, cuando fueron reducidos por el ex ministro Domingo Cavallo.

Yasky profundizó en la idea y explicó que la restitución del esquema de contribuciones aportaría al sistema de seguridad social un ingreso adicional de $ 20.000 millones anuales, una cifra similar al costo que –según el Gobierno– implicaría llevar la jubilación mínima al 82% del valor del salario mínimo, vital y móvil.

La salida planteada desde las centrales sindicales sembró inquietud en diferentes entidades empresarias, donde advirtieron que esa solución terminará por profundizar el empleo informal y perjudicando los ingresos del Estado.

Al respecto, el titular de la UIA, Héctor Méndez, admitió la justicia del reclamo de los jubilados, pero sostuvo la necesidad de buscar “una solución intermedia” porque, según remarcó, “el bienestar general está por encima de cualquier bienestar particular”.

En tanto, Carlos de la Vega, presidente de la Cámara de Comercio (CAC), sostuvo que plantear un aumento de cargas patronales constituirá “un nuevo estímulo a los que evaden y sostienen el empleo precario”. “Pensar que todo se resuelve aumentando impuestos a los que siempre pagan es una propuesta que no podemos aceptar, esperamos que se puedan hacer propuesta más originales que tengan el cuenta también la productividad de la economía”, remarcó el empresario.

Méndez también avaló la necesidad de determinar las fuentes de financiamiento antes de disponer aumentos jubilatorios y coincidió con la posición del Gobierno acerca de los “peligros” que acarrearía la medida sin tener en cuenta el equilibrio presupuestario. “No se puede poner en riesgo al Estado. En un momento en que el mundo está paralizado. deberían generarse los menores movimientos posibles”, insistió el dirigente fabril. Justamente esos argumentos conformaron el núcleo discursivo desde el cual los ministros de Economía, Amado Boudou, y de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la ANSeS, Diego Bossio, expusieron el rechazo oficial a las iniciativas planteadas por la oposición y que el martes lograron dictamen en Diputados y el Senado. Tras calificar esos proyectos de “irresponsables”, Boudou indicó que “el Gobierno no va a permitir que se vuelva a jugar con los jubilados” y explicó que elevar el haber mínimo a $ 1.230 (el 82% del salario mínimo actualmente fijado en $ 1.500) acarreará “la quiebra del sistema previsional, al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la pérdida de empleos”.

Señaló que en la actualidad sólo Luxemburgo paga a sus jubilados el 82% de los haberes que cobran los trabajadores en actividad y consideró que la apuesta de la oposición “tienen que ver más con el interés por ganar la tapa de los diarios, que con los jubilados”, aunque evitó responder sobre la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández pueda vetar una eventual ley que avance en esa línea. Por su parte, Bossio juzgó de “impracticable” la iniciativa de la oposición al alertar que generaría “un déficit anual terrible para ANSeS, liquidando parcial o totalmente los recursos del Fondo de Garantía, y poniendo en serio riesgo el pago de las jubilaciones actuales y futuras”. Según las estimaciones oficiales, llevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo tiene un impacto fiscal anual adicional de $ 22.406 millones, lo que implicaría una suba de 25,1% en las erogaciones previsionales de 2010 y ubicaría el déficit anualizado de la Anses en el 2% del PBI.

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