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La necesaria (pero compleja) revisión del federalismo fiscal

El sistema de Coparticipación en la Argentina adolece de múltiples fallas y constituye un esquema de transferencias que da lugar a importantes distorsiones y disparidades.

por  SOFÍA LEVALLE

Economista de IARAF
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Uno de los primeros gestos al asumir fue juntar a los gobernadores.

Uno de los primeros gestos al asumir fue juntar a los gobernadores.

El actual debate entre el Gobierno Nacional y los gobernadores por la devolución a las provincias del 15% de la pre-coparticipación, a lo que se suma la discusión por la modificación del Fondo del Conurbano Bonaerense, han vuelto a poner a la Coparticipación Federal de Impuestos como uno de los temas centrales de la agenda pública en la Argentina.

Ante todo, ¿qué es la coparticipación de impuestos?

Un país federal, como lo es la Argentina, requiere de un mecanismo de coordinación financiera que le garantice a cada nivel de gobierno (nación, provincias y municipios) el acceso a recursos suficientes para poder desarrollar sus funciones. Puesto que, como sucede en cualquier otro país del mundo, existen zonas más desarrolladas y otras menos favorecidas, las capacidades para generar recursos entre regiones no son homogéneas, por lo que surge la necesidad de un sistema de transferencias que permita garantizar que los bienes y servicios públicos que se proveen a lo largo y ancho de todo el país sean similares, en cantidad y calidad.

En nuestro país, este sistema de distribución de recursos entre gobiernos se conoce como la Coparticipación Federal de Impuestos. Consiste en un acuerdo mediante el cual la Nación concentra la recaudación de los tributos más importantes, y luego los distribuye entre las provincias bajo diferentes criterios.

Es necesario distinguir entre la distribución primaria y la distribución secundaria de los recursos.El primero de los casos tiene que ver con cómo se realiza el reparto entre la Nación y el conjunto de provincias. La distribución secundaria se refiere a cómo luego se distribuye en cada provincia esta masa de recursos.

¿Cómo funciona el sistema en la Argentina?

El sistema actual de Coparticipación en la Argentina adolece en la práctica de múltiples fallas. En primer lugar, según mandato de la Constitución Nacional debería haber sido reformulado y sancionado un nuevo régimen hace ya 20 años. Y, en segundo lugar, constituye un complejo esquema de transferencias que da lugar a importantes distorsiones y disparidades.

En la actualidad, existe una extensa variedad de regímenes superpuestos de distribución de recursos, que otorgan una excesiva complejidad al sistema actual de coordinación financiera (vale recordar que el mismo recibió el calificativo de "laberinto").

Como consecuencia, en cuanto a la distribución primaria, las provincias han perdido participación en el total de la recaudación nacional, en comparación con la situación veinte años atrás.
Por otro lado, un análisis de la distribución secundaria evidencia importantes disparidades entre jurisdicciones de similares características socioeconómicas.

Por ejemplo, se observa que un habitante de la provincia de Catamarca recibió, en promedio, más del doble que uno que reside en Salta, siendo que estas jurisdicciones poseen características económicas y poblacionales similares.
Del mismo modo, un ciudadano de Tierra del Fuego recibió fondos por coparticipación que equivale a casi tres veces los que recibió uno de Neuquén.

Finalmente, el sistema de coparticipación se complementa, en la actualidad, con otras transferencias de recursos que, a diferencia de la coparticipación, revisten el carácter de no ser automáticamente distribuidas.

En suma, la distribución primaria cercana al límite legal mínimo de distribución a las provincias, las disparidades regionales intrínsecas de la distribución secundaria y el avance de recursos distribuidos de manera discrecional, hacen cada vez más evidente que una reforma es tan necesaria como difícil de llevar a la práctica.

En este sentido, las actuales discusiones estarían en línea con un cambio, al menos gradual, del complejo entramado de relaciones financieras entre niveles de gobierno en la Argentina.

No hay que olvidar que las necesidades financieras de las provincias durante la última década las llevaron a aplicar una suba en la presión tributaria sin precedentes, aumentando fuertemente el Impuesto a los Ingresos Brutos, tributo que atenta contra el desarrollo de la actividad económica y, por ende, el bienestar general de los ciudadanos.

En consecuencia, frente a un escenario en el cual las provincias recuperarían recursos automáticos de manera significativa, se abre la posibilidad de encarar una revisión de este impuesto, al menos, dando marcha atrás con las subas recientemente aplicadas.
 

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