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La ley y el orden en versión minorista

Nuevas ordenanzas, decretos y leyes impactan en la industria del Retail como pocas veces en la historia. En las nuevas regulaciones aparecen la figura del arrepentido, el etiquetado de alimentos, el descanso dominical y la sombra de los productos regionales. 

La ley y el orden en versión minorista

Normas que obligan a los supermercados a vender ciertos productos o con cierta disposición en las góndolas, a los fabricantes a sumar una etiqueta explícita acerca de las propiedades alimenticias de los productos o que ofrecen la oportunidad de devolver un producto bajo la figura del "arrepentido" no son cuestiones menores para el retail. Se trata de políticas que afectarían los comportamientos de compra y venta, que están siendo debatidas por los hacedores de leyes.

En el Congreso, diputados y senadores, con el apoyo de ONGs, se manifiestan a través de proyectos que buscan informar y empoderar a los consumidores, defender el comercio a través de la competencia justa, regular la composición de los alimentos por las empresas productoras y atender reclamos sociales que garanticen los derechos de los trabajadores. Las iniciativas se multiplican en todo el país. Aquí, una síntesis de las más relevantes y que podría ordenar el mercado en el corto plazo.

Advertencias en el empaque

La llamada Ley de Etiquetado de Alimentos es un proyecto impulsado por la diputada nacional por la provincia de Mendoza Graciela Cousinet, que tiene como objetivo exigir a los productores de alimentos la exhibición de una etiqueta diferenciada que advierta acerca de los componentes del producto. Esta norma obligaría a poner una advertencia que comunique "este producto tiene un exceso de azúcar, sodio y grasa en relación con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"En general, la gente no sabe lo que está consumiendo", advierte la diputada nacional impulsora de la ley. El punto clave de la misma es obligar a las alimenticias a etiquetar aquellos productos con azúcares añadidos, práctica que hoy no es obligatoria, como tampoco lo es diferenciar el azúcar natural presente en las frutas de los azúcares que se añaden al producto procesado. Esta es una tendencia que algunas empresas -entre ellas, El Noble- ya están teniendo en cuenta, aunque en forma voluntaria, en especial en el sector de restaurantes y comidas preparadas. Según el director Comercial de esa firma, Sergio Stalman, transparentar la información nutricional, conocer los ingredientes, entender si es alimento, si es alto en grasas, si tiene sal, si es magro, "es una parte importante de las necesidades de los consumidores y debe ser una cuestión obligatoria de los productores".

Para Cousinet, más información permitirá a los consumidores tomar mejores decisiones: "Somos uno de los países que más consume gaseosas. Incluso, hemos superado a México, que logró bajar el consumo poniendo un impuesto muy alto". Desde el bloque político Libres del Sur, evocan el caso de los Estados Unidos, a cargo de Michele Obama (la Ley de Etiquetado fue uno de los primeros trabajos impulsados por la ex primera dama). "Todo esto sucedió cuando Obama asumía la presidencia, y recién un año antes de que su esposo terminara el mandato logró que se etiquetaran los azúcares añadidos", señala la diputada, y confirma que la industria de alimentos y bebidas es "un núcleo muy poderoso". América latina, asegura Cousinet, tiene "legislación muy antigua".

La elaboración del proyecto se hizo en conjunto con la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con su representante en el país, la Sociedad Argentina de Nutrición y la cátedra libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otros consultores y especialistas en el tema. Celina Moreno, coordinadora del área Nutrición y Educación Alimentaria de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, señala que estas iniciativas de rotulados "tienen por objetivo trabajar en propuestas que contribuyan a brindar al consumidor más claridad sobre el contenido de ciertos nutrientes considerados críticos como los azúcares, las grasas saturadas y el sodio, ya que su ingesta elevada generaría efectos adversos sobre la salud".

El plan de este bloque político para promover esta ley es seguir la huella que dejó la campaña antitabáquica, promulgada el 14 de junio de 2011. La diputada nacional menciona cuatro ejes principales: "Primero, debemos sacar la Ley de Etiquetado; pero, luego, tenemos que acompañar con campañas de difusión y educación; en tercer lugar, regular el contexto, por ejemplo, prohibir que se vendan estos alimentos en escuelas o instituciones de niños enfermos o ancianos; el cuarto paso -y quizás el más difícil de implementar- es el de los impuestos para desalentar su consumo".

El proyecto está presentado, pero todavía no ha sido discutido en comisiones. Para aprobarse y promulgarse como ley, primero tendría que pasar por las comisiones de Salud, Defensa del Consumidor y Legislación General, para luego ser tratado en Diputados. Después, pasar a la Cámara de Senadores, para finalmente desembocar en una reglamentación del Poder Ejecutivo.

Sabor atractivo natural

Paralelamente, el diputado nacional por la provincia de Mendoza e ingeniero agrónomo Luis Borsani impulsa la Ley de Endulzantes de Bebidas. Según dio a entender a El Cronista, se trata de un proyecto que busca incorporar componentes naturales y saludables a las bebidas sin alcohol que consumen los argentinos. Al mismo tiempo, contribuiría con el desarrollo de las economías regionales de alto valor agregado, generando mano de obra intensiva en aquellas zonas productoras de fruta de pepita y carozo: durazno, pera y manzana (provincias del Alto Valle y el Valle de Uco, en Mendoza), azúcar de caña (Tucumán, Salta y Jujuy) y de cítricos (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, Entre Ríos, Misiones y Corrientes).

El proyecto de ley tuvo giro en 2016 a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y, a pedido de José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Comisión de Industria, se amplió el giro a dicha comisión. El diputado radical explica que la aprobación de este proyecto de ley "implicaría la generación de valor agregado por aproximadamente $ 1.000 millones y la creación de 19.000 puestos de trabajo" en las provincias productoras de frutas antes mencionadas.

La normativa llevaría el impuesto interno a las bebidas analcohólicas, gasificadas o no, al 28%, y reduciría dicha tasa en un 90% cuando sean elaboradas con un 10% como mínimo de jugos o zumos de frutas y un 5% de su equivalente en jugos concentrados a aquellas aguas minerales saborizadas, gasificadas o no, elaboradas con un 10% como mínimo de jugos o zumos de frutas filtrados. A contracorriente de este proyecto, Borsani ubica a los fabricantes de jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF), así como algunas fábricas de bebidas sin alcohol, "porque entienden que endulzar con jugos naturales y azúcar de caña aumentaría los costos de elaboración".

Espacio regional

La denominada Ley de Góndola es un proyecto en penumbras, que se vio animado por declaraciones de quien entonces fuera ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que buscaba darle lugar en las góndolas a los productores de economías regionales y pymes. Según afirmó, esta norma permitiría "evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar cualquier abuso del poder del mercado y las prácticas desleales".

Algunas de las medidas que tenían por objetivo servir a la regulación de la competencia hallaban su relación con las implementadas, en 2012, por el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, denominada Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que incentivaba a mejorar las condiciones de las pymes proveedoras de las grandes cadenas de supermercados .

Para Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), aunque se trata de una ley positiva para la regulación de los mercados, resultaría "bastante difícil que se llegue a un acuerdo en la Argentina". El especialista explica que la presencia de productos regionales en las góndolas varía de acuerdo a la empresa, "aquellos supermercados que representamos tienen espacios para los regionales sin que nadie los obligue".

"Promover oferta sin demanda es tan mal negocio como que haya demanda sin oferta", alerta Stalman, y detalla que las economías regionales tienen características distintas. "No es lo mismo un vino de Cuyo que un cordero de la Patagonia, ni una nuez de otra provincia. Hay cuestiones de logística, sanitarias, vida útil, preferencias que van más allá del deseo de conseguir oferta o promoción de una región". Regular oferta y demanda, espacios y rentabilidades, marcas y sabores, precios y márgenes es una tarea "al menos difícil y complicada", apunta. Y señala: "Siempre el marco regulatorio debe marcar las condiciones y, dentro de ellas, cada producto, marca, empresa podrá hacer valer sus ventajas competitivas y comparativas para prevalecer en el mercado".

Feriado dominical

Respecto a la normativa provincial propuesta que dispone el cierre de los súper, hiper y mega mercados (superficies superiores a los 1.200 m2) los días domingo. La ley impulsada por el gremio mercantil fue aprobada en diciembre de 2014 en la provincia de Santa Fe con el apoyo de Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y en consonancia con los dichos del Papa Francisco sobre "humanizar el trabajo" y "reconstruir la mesa familiar". Tuvo el apoyo explícito del Sumo Pontífice.

El vocero del CAS indica que "hay distintas posiciones" y que, más allá de los comercial, la justificación de su sanción "está en lo social". También, aclara que hay modelos comerciales a los cuales les beneficia trabajar los domingos. "Sin embargo -prosigue Aguirre- hay una cosa en la que todos están a favor y es que esta ley será favorable en la medida que todos la cumplan".

Según el medio La Voz, en esta ciudad se encuentran alcanzados por la norma las empresas Coto, Carrefour, Jumbo, Libertad, La Gallega, La Reina, Makro, Micropack, Dar, Único y Delfín. A pesar de la normativa, algunas cadenas de supermercados como Coto, Jumbo y Disco incurrieron en multas y posteriores recursos de amparo para declarar inconstitucional la ley. La cámara que nuclea estos hipermercados justifica en parte su rechazo a la normativa de cierre dominical obligatorio, dado que rige solo para su sector y no así para shoppings, locales de electrodomésticos, otras cadenas y negocios de todo tipo.

La sombra del arrepentido

El senador por la provincia de San Juan, Roberto Basualdo elevó un proyecto que propone que los consumidores puedan hacer uso del derecho de arrepentimiento de compra de productos adquiridos tanto en comercios como por catálogo e Internet. La figura del arrepentido se yergue como una sombra, quizás, temida por algunos comerciantes minoristas, pero que, sin duda, no representa amenaza alguna para el consumidor, sino más bien un paso a favor de su empoderamiento.

"Si el comprador no está satisfecho con el bien, tendrá un plazo de tres días hábiles para ejercer su derecho y efectuar su devolución. El comercio contará con plazos idénticos, tres días hábiles, contados a partir de dicha devolución para realizar el reintegro en efectivo", explica Basualdo. Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento en la Comisión de Industria y Comercio, y Derechos y Garantías del Senado.

Trade Marketing

La Ley de Góndola propiciada por el exministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, buscaba dar mayor competitividad a los productos regionales o regionales, tal como sucede en países como Ecuador y en Francia.
El proyecto exige que los supermercados tengan un stock mínimo del 20% de productos de la región en la que están. Además, regulaba las comunicaciones de marketing en el canal -lo que se conoce como Trade Marketing-, al prohibir que una sola marca ocupe más del 15% de la góndola.

Menos comisiones

La reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito y Débito concluyó en noviembre del año pasado con la aprobación del proyecto que modifica los artículos 4° y 13°, cambiando los porcentajes de las tasas estableciendo una gradualidad en la baja de los aranceles. La misma llevó a partir del 31 de diciembre pasado la suma de 2,6% para tarjetas de crédito y de 1,3% para débito; a partir del 1° de enero de 2018, la suma de la tasa de intercambio será de 2,3% para crédito y de 1,15 para débito; y, a partir de 2019, 2% y 1%, respectivamente.

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