Viernes  02 de Julio de 2010

La justicia express del Mundial

El gobierno de Sudáfrica implementó un sistema especial de competencias penales que permite realizar juicios rápidos durante los partidos de la Copa

Para matizar la espera en el mundial de Sudáfrica, un alemán de 75 años fue a ver Uruguay-México, en Rustemburgo. A la salida, un joven sudafricano le manoteó una campera y tres latas de cerveza. Cuando este ladrón se preparaba para escapar, lo empezó a perseguir un policía. Y terminó muy mal: lo detuvieron, lo juzgaron y lo condenaron ahí mismo, en el estadio, a 36 meses de prisión. Igual que a otras 500 personas en lo que va del Mundial, le aplicaron un sistema especial de competencias penales que permite realizar juicios rápidos para delitos presuntamente cometidos en el marco de los partidos de la Copa.

Más allá de su milagro sociopolítico, Sudáfrica es un país con tasas delictivas altas. Como posible remedio durante estas semanas de Mundial, las autoridades decidieron reformar las normas de su procedimiento criminal y crear estos tribunales, que vienen actuando en ocasión de cada partido y de todo el movimiento que genera el torneo. Son exactamente 56 cortes y están repartidas en las nueve sedes, según informó oficialmente el comité organizador. Se ocupan, en general, de hechos que tienen por víctimas a extranjeros -como hurtos, robos y fraudes con entradas y de comercialización de drogas prohibidas.

Esta estructura judicial demandó una inversión de más de u$s 5 millones. Los tribunales del Mundial cuentan con más de 1.100 empleados, incluyendo magistrados y casi 100 traductores. La provincia de Gauteng, cuya capital es la populosa Johannesburgo, donde Argentina jugó la primera rueda, concentra 14 de estas cortes.

En Pretoria, en la primera semana de la Copa, un nigeriano fue condenado a 3 años de prisión por “posesión ilegal” de 30 entradas, luego de ser detenido en plena reventa. A otro nigeriano y a dos zimbabuos, apresados por el robo de computadoras a periodistas portugueses en un hotel, les aplicaron hasta 15 años de prisión por haber utilizado armas de fuego. Y a un argentino le aplicaron una multa de 200 rands (unos 25 dólares), más la vuelta obligada a Ezeiza tras descubrirlo llevándose un queso de un supermercado.

La propia Procuración Nacional de Sudáfrica es la que viene dando a conocer las sentencias. Todo sucede en cuestión de horas: acusación, defensa y sentencia. Son juicios exprés que se supone respetan las garantías individuales y el derecho de defensa. Según explicó a la agencia AFP el vocero del ministerio de Justicia sudafricano, Tlali Tlali, la iniciativa está resultando exitosa por cuanto permitió que el sistema criminal ordinario no se desbordara con la cantidad de visitantes registrados entre junio y julio.

¿Podría aplicarse una solución así en la Argentina con los múltiples delitos que se cometen alrededor de un partido de fútbol? Basta visitar cualquier cancha un fin de semana para presenciar un despliegue generoso de medio Código Penal: hurtos, lesiones, asociaciones ilícitas (que, por supuesto, exceden a las barras bravas) y hasta homicidios. Lo que sería inaceptable, de acuerdo a los principios que rigen nuestros procedimientos, es que en nombre de la efectividad o celeridad de la persecución penal se recorten derechos fundamentales. ¿Cómo se hace un juicio rápido de esta naturaleza para elegir el abogado defensor?, ¿cómo hace ese abogado para preparar el caso? Empezado el proceso, ¿cómo se hace, por ejemplo, para recusar a un juez que no ofrezca garantías de imparcialidad o para recurrir una decisión con la que se discrepa? El derecho de defensa parece en crisis.

Los casos de flagrancia podrían ser más sencillos por que la prueba está más o menos servida. Pero tanta voluntad de obtener resultados rápidos podría tornarse una invitación a que el imputado confiese el delito que se le imputa. En Argentina -donde, por cierto, los procesos penales pueden durar años- un juicio exprés de este tipo es inviable.

Lo que se implementó en nuestro país es una unidad fiscal nacional orientada a los espectáculos deportivos, así como hay otras unidades fiscales para violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, para la trata de personas o para delitos tributarios. Es evidente que no ha sido la solución para la violencia en las canchas; mal podría serlo, sin toda una política de Estado comprometida seriamente al respecto. El Mundial de Sudáfrica, con las relaciones promiscuas entre barras bravas, dirigentes deportivos y funcionarios políticos, también sirve de muestra.

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