Jueves  25 de Diciembre de 2003

La inversión deberá crecer 6,6% del PIB para consolidar la recuperación en 2004

Al diluirse el impulso inicial de los precios competitivos, la inversión y la economía en su conjunto requieren de reglas claras para seguir avanzando

¿El Gobierno tiene un plan económico o se trata simplemente de un modelo político de gestión de la economía?, ¿el país avanza hacia un nuevo estilo de gobierno o se encamina a repetir los errores del pasado? Despejadas las incertidumbres electorales que signaron el 2003, estos y otros interrogantes comenzarán a ser dilucidados en los próximos meses.

Para la mayoría de los analistas, el 2004 será un año que marcará un punto de inflexión en la economía de la era “K”. Superado el “rebote” inicial ahora solo restan dos caminos: se afianza la recuperación económica o se diluyen los incipientes indicadores positivos ante la ausencia de medidas adecuadas para estimular el crecimiento en el mediano y largo plazo.

En medio de esta disyuntiva, la política que se adopte frente a la inversión juega un rol clave. La pregunta de fondo es si el Gobierno estará dispuesto a tomar las medidas necesarias para fomentar la inversión de largo plazo, una vez que se disipen los factores que gatillaron su recuperación desde los mínimos alcanzados un año atrás. Es decir, una vez que el impulso de los precios relativos (inversiones vinculadas a exportaciones o sustitución de importaciones) se estabilice, ¿habrá decisión política para adoptar medidas que generen un clima de inversión adecuado, vinculado a la previsibilidad y la seguridad jurídica? Más concretamente, ¿habrá suficiente inversión con el nuevo modelo económico?

Precisamente, este último interrogante fue el lema disparador de la última reunión del año del Consejo Editorial de El Cronista, que en esta oportunidad contó con Juan José Llach como encargado de llevar adelante la exposición principal.

Durante el encuentro se plantearon dos visiones alternativas (y en cierta forma complementarias) de los determinantes de la inversión. Por un lado, “el enfoque de la demanda efectiva”, punto de vista vinculado ideológicamente con la postura del Gobierno. Esto es, apuntalar la inversión a través de factores como los precios relativos. Del otro lado, se sitúa el enfoque denominado “del clima de inversión” asociado a una visión opositora a la del modelo kirchnerista. Esta concepción destaca la necesidad de aspectos como la seguridad jurídica, la previsibilidad y un sano sistema impositivo para desarrollar la inversión.

“Los dos enfoques aportan algo de verdad. Ambos son condiciones necesarias para fomentar la inversión. De todas formas, es cierto que en determinado momento existe un trade off entre los dos. Si los precios relativos están desalineados, se necesita mayor seguridad jurídica para atraer inversiones”, explicó Llach. Otro aspecto que toma en cuenta la postura del “clima de inversión” es el riesgo país como determinante de las decisiones de las empresas. En este sentido, vale destacar que “el riesgo país posdefault sigue siendo muy alto. Está en el orden de los 1.000 puntos básicos, cuando el de Brasil se acerca a los 500 puntos”, recordó Guillermo Mondino, que participó del encuentro del Consejo Editorial junto a Manuel Mora y Araujo, Nicolás Ducoté, Julio Nogués y Ernesto Kritz.

En rigor, la discrecionalidad hoy parece ser la “regla” en la política económica del Gobierno, por lo menos en lo que atañe a la inversión. La cuestión pasa por saber qué actitud tomará el entorno del presidente Néstor Kichner cuando los disparadores iniciales sobre los que se apoyó la inversión se debiliten. En particular, los precios relativos, dado que el tipo de cambio se encamina a “una apreciación que parece inexorable”, estimó Llach. “De aquí en más empiezan a ganar importancia cuestiones vinculadas a la seguridad jurídica, la conformación de un mercado de capitales efectivo, la relación con el FMI. Y en este caso, si no se da el paso hacia un enfoque de clima de negocios vamos a tener un tasa de aumento de la inversión insuficiente para acompañar el crecimiento de la economía”, agregó Llach.

Considerando que la industria se está acercando al límite de la capacidad instalada, los integrantes del Consejo señalaron que la pregunta central puede graficarse de la siguiente forma: ¿se construirán las nuevas plantas aquí o en Brasil?

Los datos ilustran con claridad la situación en la que se encuentra la inversión. Durante 2003, este componente de la demanda llegará a representar el 14% del PIB. La recuperación es importante, pero hay que tener en cuenta que se parte de un piso de comparación extremadamente bajo, como lo es el año pasado, en el cual éste indicador fue de apenas 11,4%. Además, buena parte del alza de la inversión se debe a un repunte de la construcción residencial más que a inversión reproductiva.

De hecho, este 14% del PIB no alcanza a compensar la totalidad de la depreciación. Se repone el 90% de la depreciación, por lo cual la inversión neta sigue siendo negativa, generando una caída en el stock de bienes de capital. En este escenario, según los cálculos que presentó Llach, es necesario un incremento de la inversión del 6,6% del PIB (aproximadamente $ 25.200 millones) para retornar a los niveles del quinquenio 1993-97. Este fue un período en el cual la inversión representó el 20,6% del PIB. Según Llach el incremento de la inversión en ese lapso permitió un importante salto en la productividad y nivel tecnológico de la economía argentina. Kritz, sin embargo, cuestionó el hecho, ya que en base a sus análisis “la distribución de la mejora en la productividad durante los noventa no fue pareja y estuvo concentrada básicamente en el lote de las mayores empresas del país”.

Durante su exposición, Llach enfatizó que “claramente hay un repunte de la inversión y hay sectores de la economía que están mostrando un despegue fuerte. Pero todavía no se puede hablar de crecimiento porque existe stock de capital que está desapareciendo, por el momento esto es solo una recuperación”.

Ello, de hecho, retrotrae al debate original entre reglas versus discrecionalidad. Esta última si bien puede desatar un círculo virtuoso de recuperación, mayor inversión y crecimiento, luce insuficiente para sostener el sendero ascendente en el mediano o largo plazo. Según destacó Llach, “basarse excesivamente en la discrecionalidad puede tener como contrapartida un sesgo a la inversión de corto plazo en busca de retornos acelerados”.

Mondino, por su parte, consideró que hasta el momento no ve “en el actual Gobierno disposición a cambiar la política de inversión basada en la discrecionalidad”. Bajo la misma tónica, Ducoté aseguró que “algunas empresas llaman al Gobierno para realizarle anuncios de inversión por el solo hecho de congraciarse con el poder político, aunque los proyectos no están ni siquiera desarrollados”.

A la hora de las comparaciones, la distinta conducta que en los últimos años mostraron la Argentina y Chile frente a la inversión puede ayudar a explicar buena parte del desarrollo contemporáneo de ambas economías. La Argentina registró desde 1980 hasta la actualidad 6 años de caída en el stock de capital, por insuficiente inversión. Estos períodos están asociados a momentos críticos de la historia económica del país, como los años 1989 o, más recientemente, 2002.

En contraposición, en Chile no se verificó desinversión en ningún momento en los últimos 23 años, ni siquiera a comienzos de la década del 80, cuando el país trasandino atravesó una profunda crisis.

Los integrantes del Consejo Editorial determinaron una serie de lineamientos prácticos para evitar que la inversión genere en la economía un nuevo cuello de botella. En particular se destacó la necesidad de contar con reglas fiscales para evitar una recaída de la economía y sobre todo para evitar la percepción de que puede haberla. También se consignó la importancia de compensar una excesiva revaluación del peso y la conveniencia de intentar mejorar la propuesta de reestructuración a los tenedores de bonos, pero sin alterar el 3% de superávit primario. Se evaluó que ello podría traer aparejados importantes beneficios para un funcionamiento más dinámico del mercado de capitales local y del sistema financiero en general. Tampoco se debe olvidar que alrededor del 60% de los acreedores damnificados en la reestructuración de la deuda son argentinos, por lo que una mejor propuesta traería aparejados efectos positivos desde el punto de vista de la cohesión social y política interna, destacaron los especialistas.

Por último, coincidieron en la necesidad de generar una moneda sólida para el ahorro y el crédito a mediano y largo plazo.

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