Lunes  08 de Diciembre de 2003

La gran tarea pendiente de la política económica en democracia: reconstruir el equilibrio social

El balance social de estas dos décadas de democracia es poco alentador.

En 1983, cuando Raúl Alfonsín inauguró esta etapa con la consigna “con la democracia se come, se educa y se cura”, el desempleo era 3,9%, la pobreza alcanzaba al 19% y la indigencia al 5% de la población. Veinte años y cinco presidentes después, el desempleo abierto es de 15%, pero el déficit de empleos incluyendo los beneficiarios de planes públicos, se eleva al 20%; la pobreza llega al 53%, el 25% de la población carece de ingresos para adquirir una canasta alimentaria básica y el 19% de los hogares recibe asistencia económica estatal.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué estos desequilibrios sociales en un país que se preciaba de su movilidad ascendente? ¿Podemos confiar en la democracia como un sistema capaz de proveer el bienestar y asegurar oportunidades para todos?

Una clave posible para comprender lo ocurrido es que la renovación política democrática de 1983 coincidió con el agotamiento del compromiso social y del modelo de acumulación del ciclo largo de la posguerra. El empobrecimiento de gran parte de la población y el aumento de la desigualdad desde los ochenta están unidos a su ruptura y a la dificultad para reemplazarlo por uno nuevo.

La mayor cohesión social del ciclo largo de posguerra se suele atribuir al predominio del empleo formal. Hasta mediados de los setenta, más de dos tercios de los hogares tenían cuando menos, un miembro –por lo general, el perceptor principal– con un contrato de trabajo registrado, protegido legalmente. Dos factores más favorecían el equilibrio social:

La redistribución de las ganancias de productividad como transferencia de ingresos desde los sectores más productivos hacia los menos productivos, vía centralización salarial.

La recaudación del impuesto inflacionario.

La centralización salarial homogeneizó la estructura social por sobre las disparidades de productividad. Este mecanismo fue progresivamente perdiendo importancia hasta quedar anulado en los ochenta, en que la productividad del trabajo sufrió una caída de 25%. El desempleo se mantuvo bajo, a costa de una fuerte precarización del empleo. Los asalariados del sector privado cayeron en valores absolutos y la proporción de no registrados subió de 18 a 28%. Tres cuartos del aumento total del empleo en la década correspondió a ocupaciones no asalariadas, en gran parte de muy baja productividad, y al servicio doméstico. La posibilidad de financiar el gasto y crear empleo público con el impuesto inflacionario se hizo cada vez más difícil, hasta desaparecer con las hiperinflaciones de 1989 y 1991. Más que por cantidades, el mercado ajustó por salarios; aunque el desempleo no superó el 8%, la pobreza llegó a 47% a fines de 1989. La escasa calidad y sustentabilidad del empleo creado en esa década está en la raíz de los desequilibrios sociales de la era democrática.

Las reformas de los noventa no restauraron el equilibrio. Al contrario, muchos problemas se agravaron. El desempleo, que en 1991 era de 6,5%, fue de 17,5% en 1995 y aún persiste en niveles muy altos.

Después de la estabilización, que tuvo un efecto inicial progresivo, la reforma del Estado y la reconversión del sector privado pusieron en descubierto y agravaron la heterogeneidad de la economía. La productividad se recuperó rápidamente (32% entre 1990 y 1994), pero su concentración en pocas empresas aumentó las brechas de productividad. Por primera vez en décadas, estas disparidades se trasladaron directamente a la distribución del ingreso. Ni la negociación centralizada, debilitada por el desempleo y la pérdida de la estabilidad, ni el gasto público financiado con endeudamiento, pudieron cerrar esa brecha, lo que determinó una diferenciación social creciente, no sólo en los extremos de la pirámide, sino en los sectores medios.

El agravamiento de los desequilibrios sociales en los noventa no se debió a que el producto medio por trabajador creció mucho sino que en los sectores estructuralmente débiles no creció nada. Tampoco mejoró su capital humano. Más de la mitad del aumento de la cesantía provino de estos sectores. Esto sugiere que no es la modernización sino la dificultad para acoplarse a ella, lo que produce el alto desempleo. La concentración del crecimiento de la productividad es el nexo principal entre la reforma económica a partir de la convertibilidad y el aumento del desempleo. Con apertura y estabilidad de precios, la informalidad no fue suficiente para compensar las deficiencias de productividad; pero siendo uno de los pocos mecanismos al que pudieron recurrir los sectores que quedaron al margen de la modernización, la mayoría de los empleos creados en los noventa fueron de mala calidad. La legislación laboral incentivó la informalidad, y las sucesivas reformas, lejos de solucionarla, consolidaron la segmentación del mercado. La ampliación de la brecha con el sector moderno profundizó en los sectores más débiles la tendencia al empleo en negro (13 puntos más) y ajustó sus salarios a la baja (16% entre 1994 y 2000). La recesión de 1995 primero y de 1998-2002 después, aceleró esa tendencia. En esta última etapa, además, cayó fuertemente el empleo formal, empujando a la pobreza a amplios sectores de clase media baja o aun media típica (entre octubre de 1998 y octubre de 2001 la población bajo la línea de pobreza pasó de 25,9% a 35,4%).

Incapaz de frenar el aumento del desempleo, el Estado tampoco estableció una red de contención social. En el mejor de los casos, la cobertura del seguro de desempleo y los planes públicos alcanzó a un quinto de los desocupados. Sólo en 2002, cuando la devaluación en un contexto de alto desempleo provocó la duplicación de la indigencia y la brusca caída del PIB aumentó la desocupación al 21,5%, se puso en marcha un programa masivo de asistencia.

Recuperar el equilibrio social es, sin duda, la gran tarea pendiente de la democracia. La mejora de la equidad depende del crecimiento sostenido, de una mayor inversión y mejor distribución del capital humano y de la elevación de la calidad del empleo. Pero aún con crecimiento, el derrame es insuficiente; la reducción de la brecha de productividad es condición ineludible para mejorar la calidad de los puestos de trabajo. El logro de este objetivo requiere avanzar en la modernización de la economía, extendiéndola a los sectores más atrasados e informales. Este es el camino democrático del bienestar y el progreso social.



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