Jueves  29 de Julio de 2010

La economía de la inseguridad y la justicia

Que la inseguridad es el problema más preocupante para la población Argentina es una evidencia tan abrumadora que ya ni el gobierno intenta negarla. Todas las investigaciones y encuestas lo demuestran. Los índices de delitos declarados (muchos no se denuncian) han crecido vertiginosamente. En la Ciudad de Buenos Aires, el 30% de su población sufrió en los últimos 5 años un hecho de robo o violencia. Proyectando la tendencia, una persona podría llegar a padecer 4 delitos graves a lo largo de su vida.

Hay muchas investigaciones que demuestran que existe correlación estadística entre el aumento del número de policías y la disminución de los delitos. Más policías disuaden a los delincuentes porque les aumenta el riesgo de ser apresados. En nuestro país, con excepción de la creación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, se observa que el número de policías se mantiene o disminuye.

Los delitos requieren investigación para esclarecerlos. Los casos en que se detiene ‘in fraganti’ a alguien son obviamente pocos. La policía responde a indicaciones de los fiscales y de los juzgados. Pero éstos en general no están presentes en los primeros momentos posteriores a los delitos, que son claves para su esclarecimiento. Dirigen a la distancia y, como es esperable, la posibilidad de obtener evidencias se ve limitada. Puede ser razonable que los funcionarios judiciales tengan mayor autoridad que los policías, pero deberían conducir los procedimientos en el lugar del hecho.

Por otra parte, se observa una especie de ‘oposición de intereses‘ entre policías y funcionarios judiciales. Los primeros presionarían para conseguir pruebas y los segundos cuidarían de resguardar los derechos de los sospechosos. Es muy poco probable que puedan obtenerse buenos resultados en tareas tan difíciles si no se alinean las partes intervinientes con objetivos compartidos.

También con un enfoque económico podría decirse que los procesos penales tienden a ser ‘asimétricos’. Si hay algún acusado, existirá un fuerte interés de su parte por ser exculpado, designará rápidamente abogados y en general dispondrá de tribunales que tutelarán sus derechos con mucho celo. Las víctimas de los delitos no están en la misma situación. Impulsar una causa exige un esfuerzo que agrega ‘costos’ a los daños que ya se sufrieron por el crimen en sí mismo. Por eso, la acción en materia penal es ‘de oficio‘ porque el estado tiene obligaciones frente a las víctimas y ante la comunidad toda de actuar si hay violaciones a la ley, para descubrirlas y aplicar sanciones. No hace falta explicar la distancia que existe entre esa ‘teoría’ y la práctica.

Existen aspectos de jurisprudencia que pueden parecer sutiles pero que tienen un impacto muy significativo. Por ejemplo, si la violencia y el estrés que significa soportar un robo a mano armada le provoca a la víctima un ataque cardíaco mortal, el caso no será ‘caratulado’ de homicidio sino de robo. Las implicancias serán penas menores para los responsables y la posibilidad de permanecer libre durante el proceso. Separar una consecuencia grave de un hecho ilegal es una clara forma de bajar la pena y alivianar la culpabilidad (¡¡el ladrón no tiene porqué preocuparse por la salud de su víctima!!).

Los costos individuales, familiares y sociales que provoca la alta tasa de criminalidad son enormes. Algunos atribuyen el atraso relativo de muchos países, entre ellos los latinoamericanos, a que su tasa de criminalidad supera a la de los países más desarrollados. Según el BID, el PBI regional podría ser un 25 % más alto con una tasa criminal menor. La calidad de vida disminuye por el temor persistente y justificado que causa la inseguridad reinante.

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