Martes  22 de Junio de 2010

La adhesión al canje bordea 65% y Economía decide hoy si habilita una nueva prórroga

En los últimos días, el ritmo de aceptación promedió u$s 300 millones. El Gobierno reestructuró así casi dos tercios de los u$s 18.300 millones en default

A horas del cierre del canje de deuda por u$s 18.300 millones, el Gobierno todavía no decidió si efectuará una nueva prórroga, pero se aseguró la regularización de casi dos tercios de los compromisos que permanecían en default desde diciembre de 2001.

Según los últimos datos disponibles, la aceptación llegaba hasta el viernes a la mañana al 62% del total de la deuda impaga. El nivel de aceptación, que promediaba u$s 100 millones diarios, se triplicó desde el jueves, a algo más de u$s 300 millones por día. Así, el Ministerio de Economía se aseguraría hoy llegar a captar u$s 12.000 millones, o el 65,5% del total.

De esa forma superaría en algunos puntos el piso del 60% que se puso como objetivo el ministro Amado Boudou. Aunque quedaría 10 puntos porcentuales por debajo de las exigencias del consenso de analistas financieros, que pedían una aceptación del 75% para considerar que el país salió del default con acreedores privados.

Según trascendió, Economía terminará de definir hoy mismo si vuelve a prorrogar el periodo de ingreso a la reestructuración, que en principio vencía el 7 de junio y fue extendido hasta las 18 de esta tarde. Quince días atrás, la aceptación al canje apenas superaba el 50% por demoras de los bancos italianos en comunicar y persuadir a sus clientes minoristas, según explicaciones oficiales.

El canje de deuda tuvo dos etapas. La primera fue orientada a los inversores institucionales y duró hasta el 14 de mayo. En esas dos semanas ingresaron grandes jugadores con bonos en default por casi u$s 8.500 millones, o el 46% del total. Estos fueron acercados por los tres bancos que estructuraron la oferta (Barclays, Citi y Deutsche).

En principio, esos jugadores habían prometido acercar bonistas con tenencias por u$s 10.000 millones, según había dicho el ministro Boudou al anunciar la operación. También iban a encargarse de reunir interesados en un bono por u$s 1.000 millones a una tasa de un dígito que el Gobierno planeaba lanzar, pero que pospuso por las difíciles condiciones de mercado.

La segunda etapa estuvo focalizada en los inversores minoristas. Economía contabilizó tenencias de pequeños inversores por u$s 4.000 millones y estimó que el 75% de ese monto (u$s 3.000 millones) estaba en manos de italianos. El resto, de la deuda en default, unos u$s 6.000 millones, se repartían entre fondos buitre que apuestan a cobrar sus bonos en un tribunal y fondos de inversión pequeños o medianos (menos de u$s 100 millones).

Para los inversores con hasta u$s 50.000 en default, el Gobierno articuló una propuesta específica. Les propuso canjear sus títulos en default por un bono Par (de menor plazo que el Discount), cupones PBI y el pago en efectivo de los intereses, que se efectuaría en algo más de un mes.

Así y todo, los minoristas demoraron en entrar, lo que provocó la primera extensión del plazo, quince días atrás. La posibilidad de una nueva prórroga comenzó a barajarse la semana pasada, durante una gira por Italia. Allí, el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, y el subsecretario de Financiamiento, Adrián Cosentino, mantuvieron reuniones con bonistas que les comentaron que querían entrar al canje. Sin embargo, debían para eso bajarse del juicio ante los tribunales internacionales del Ciadi que lleva adelante la Task Force Argentina que lidera el combativo Nicola Stock y no hacían a tiempo.

A eso se suman las presiones de distintos actores del mundo de las finanzas, que consideran que la Argentina saldrá del default una vez que haya reestructurado el 95% de su deuda. De cerrar hoy la operación, la renegociación alcanzaría al 90% de las obligaciones que se declararon impagas en 2001. En el canje de 2005. la aceptación había sido del 76%.

Son esos mismos sectores los que le piden al país renegociar su deuda con el Club de París (u$s 6.500 millones) para considerar de una vez por todas regularizada la situación financiera de la Argentina.

Además de los fondos buitre, con juicios por u$s 3.000 millones contra el país, tampoco ingresará al canje el grupo de bonistas italianos que proseguirá con el litigio ante el Ciadi –que aún no aceptó el caso–. Y se estima que existen obligaciones por u$s 2.000 millones que se perdieron luego del default de 2001. Se trata de títulos públicos que quedaron atrapados en alguna controvertida herencia o que sencillamente sus propietarios los extraviaron.

La Argentina aun no entregó a los inversores que entraron en la primera etapa del canje los bonos correspondientes.

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