Martes  20 de Julio de 2010

La Justicia laboral condena la contratación indirecta y dispone el pago de multas por trabajo no registrado

La justicia laboral ha dictado un fallo obligatorio para los tribunales inferiores, para casos análogos, que establece que: “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8´ de la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”. (FALLO PLENARIO Nº 323 - “Vásquez, María Laura c/Telefónica de Argentina S.A. y otro s/ despido” -CNTRAB - EN PLENO -30/06/2010 Provisto por el Dial). El artículo 29 (LCT) dispone que “los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a proporcionarlos a las empresas serán considerados empleados directos de quién utilice su prestación”. Según el autor de la norma comentada, hay dos responsabilidades, una directa (al considerar que el trabajador será considerado empleado de la empresa que utiliza los servicios, que no es su empleador en sentido estricto) y otra indirecta, y hasta residual, que enuncia la solidaridad irrestricta de las obligaciones para ambas compañías. (Norberto O. Centeno, Justo López y Juan Carlos Fernández Madrid, LCT Comentada, Ediciones Contabilidad Moderna, 1977 página 248 y ss). A su vez se puntualiza que ambas empresas, la contratante y la usuaria serán solidariamente responsables de las obligaciones laborales y de la seguridad social que dicho vínculo genere, de modo que lo que no haya cumplido el principal lo deberá cumplimentar la empresa usuaria.

Según Centeno, en el mismo marco del artículo 29 (LCT) debemos incluir el Convenio nro. 34 de la OIT que prohíbe el funcionamiento de las agencias privadas de colocación, aprobado por nuestro país por la Ley 13.591, transfiriendo la responsabilidad de la difusión del mercado de empleo al servicio nacional y/o al Ministerio de Trabajo.

Lo que se discutía, es si la sanción prevista por el artículo 8 de la Ley Nacional de Empleo (Ley 24.013) que dispone literalmente: “El empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente”. En rigor, ambas normas fueron promulgadas en tiempos y circunstancias diversas. La Ley de Contrato de Trabajo se aprobó en 1975, mientras que la Ley de Empleo se promulgó en 1991. La LCT conforma una norma antifraude, mientras que la Ley de Empleo fija su artículo 8 dentro del marco del trabajo no registrado o vulgarmente llamado “en negro”. Ambos textos generan espacio para numerosas interpretaciones. Para muchos, la interposición del artículo 29 primer párrafo (LCT) es una norma antifraude, que procura evitar la contratación de trabajadores por un tercero, sea para abonar salarios más bajos, sea para encuadrar al personal en un convenio con beneficios o pretaciones más económicas o reducidas, o sencillamente, para tratar de eludir la responsabilidad de un tercero insolvente o que no cumple con las normas en materia laboral o de la seguridad social. Del voto de la mayoría de los jueces del Plenario 323 se extrae que en general se está en presencia de casos en donde por evasión, por elusión o por fraude, se trata de generar algún beneficio que finalmente redunda en perjuicio del trabajador. Es dable destacar que no es así en todos los casos, al contrario, muchas empresas realizan estas contrataciones por problemas objetivos de ‘head count’, y por ende, abonan salarios, beneficios y todas sus obligaciones en las mismas condiciones que la principal.

En cualquier caso, Juan Carlos Fernández Madrid, que comentó junto a Centeno la norma original, afirma que: “Por lo que, es una contratación absolutamente ilícita la inscripta por agentes interpuestos por la real empleadora que, a su respecto, no realizó el registro debido”. Entiendo que al analizar la letra legal debe primar la búsqueda del espíritu de la norma, a fin de arribar a una interpretación racional y valiosa. Ello en virtud de que el espíritu que las informa es lo que debe rastrear en procura de una aplicación racional (conf. Fallos 300:417). En el caso resulta evidente la presencia de una forma particular de fraude dado que las empresas son interpuestas por el empleador directo con el fin de simular una relación fragmentada de trabajo con el consecuente perjuicio para el trabajador. Y la realidad es que el obligado a registrar el vínculo laboral, pagar la remuneración, hacer los aportes correspondientes, entre otros, es el empleador directo, real y único de la relación; o sea, el que recibe los servicios del trabajador a su cargo y no un tercero intermediario que deviene irrelevante al no ser la misma empleadora del trabajador. En otros términos, la Ley de Empleo resulta aplicable porque la registración del trabajador en un empleador que no es a quién el mismo presta sus servicios, es un acto ilícito que transforma la registración en anómala.

Sin embargo, no se trata de un caso de trabajo no registrado, ya que el caso bajo análisis plantea solo la hipótesis de violación del mandato del artículo 29 (LCT), en el cual hay un empleador que registra, paga el salario, realizó los aportes y contribuciones, y en definitiva cumple con las obligaciones laborales y de la seguridad social.

Creo que dos normas creadas en 1975 y 1991, aplicada hoy a hechos del 2010, generan una suerte de efecto no sincrónico, aplicando una sanción a un evento que no la tiene prevista, y que claramente no se trata de una hipótesis incluida en el Título II intitulado “De la regularización del empleo no registrado”, de la Ley Nacional de Empleo nro. 24.013, en donde está comprendido el mentado artículo 8vo. En rigor, el plenanio es parte de las denominadas creaciones pretorianas, que integran el marco sancionatorio de los actos ilícitos, que tratan de crear sanciones para reforzar las normas anti-fraude.

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