La Banelco, 9 años después

Pese al tiempo transcurrido, el juicio oral por el escándalo de las supuestas coimas que se habrían pagado para la aprobación de la reforma laboral durante el gobierno de la Alianza aún no tiene fecha.

Ley Banelco, Ley Flamarique, Ley de Flexibilización Laboral. O el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa. El primer escalón en la debacle de la Alianza ya cumplió nueve años de historia, pero en la causa judicial aún no se escribió el último capítulo. La supuesta compra de voluntades para impulsar una reforma laboral no tiene inocentes ni culpables; ni juicio ni condenas.

Alberto Flamarique estaba orgulloso. Su voluntad se había cumplido y a pesar de los infortunios, el apoyo de la bancada peronista fue un hecho. Fue así como el Senado aprobó la Ley de Reforma Laboral el 26 de abril de 2000, día en que el ex ministro de Trabajo y el Gobierno nacional se anotaban para sí una victoria. La norma poseía tres objetivos principales: debilitar el poder de las organizaciones sindicales, extender el período de prueba de los trabajadores a tres meses y finalizar gradualmente con la renovación indefinida de los convenios. Aún antes de que el proyecto llegara al Congreso, la ley ya tenía a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) como principal opositora. El entonces dirigente camionero y actual secretario general de la CGT, Hugo Moyano, fue el primero en disparar que el Gobierno de Fernando de la Rúa "había usado la Banelco" para coimear a los senadores y obtener su voto en favor de la ley. Desde ese momento, la norma se hizo conocida como "la Banelco". Mientras tanto, Flamarique negaba las acusaciones y la ley seguía su curso en el Congreso hacia una futura sanción.

Por otro carril, US$ 5 millones seguían supuestamente su propio derrotero. Partirían desde la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Fernando De Santibañes hacia sus presuntos destinatarios, los senadores peronistas. Quien hizo de nexo entre la Secretaría de Inteligencia y los legisladores fue el ex secretario parlamentario, Mario Pontaquarto, vínculo que se conoció públicamente tres años después. El 12 de diciembre de 2003, Pontaquarto se transformó en el eje de la causa al confesar que había recibido y entregado el dinero de las coimas. Bajo la figura del "arrepentido", sacó a la luz la vinculación que tenía De la Rúa con los sobornos, al relatar en detalle la operación para intentar probar que el ex presidente y el entonces ministro Flamarique sabían lo que estaba ocurriendo.

El caso fue elevado a juicio por el juez federal Daniel Rafecas en septiembre de 2007. En la causa están procesados y embargados por supuesto "cohecho activo" (pago de coimas) Flamarique, Santibañes y Pontaquarto. Los ex senadores Remo Constanzo (PJ Río Negro), Albeto Tell (PJ Salta), Ricardo Branda (PJ Formosa) y Augusto Alasino (PJ Entre Ríos) están procesados por "cohecho pasivo" (cobro de coimas).

Con el tiempo, la causa ya perdió a dos de sus acusados: el senador peronista Emilio Cantarero fue declarado inimputable por su estado de salud, y el ex presidente provisional del Senado, José Genoud, se suicidó en septiembre del año pasado.

A casi una década del escándalo de corrupción, el inicio del debate oral se atrasa por planteos de la defensa del ex presidente.

Aquellos que pagaron y aquellos que cobraron: los siete imputados aguardan en el banquillo, mientras la impunidad se apodera lentamente del escándalo de corrupción que marcaría el ocaso de la gestión delarruista. z we