Sábado  30 de Agosto de 2003

La Argentina sumó normas de buen gobierno sin adaptarlas a su realidad

Mientras que expertos internacionales recomiendan pautas de transparencia para captar inversiones, abogados locales cuestionan la adopción de normas globales

La discusión acerca de la transparencia en las empresas, tan en boga en el mundo, desembarcó en la Argentina. Mientras que las nuevas normas y las disposiciones de la Comisión de Valores obligan a las compañías que cotizan en Bolsa a crear nuevas estructuras orientadas al buen gobierno, la semana pasada, abogados y académicos especializados discutieron el tema en una jornada organizada por Fundece.

“Las empresas argentinas enfrentan el reto de tener que levantar capital en un ambiente externo poco propicio”, sostuvo Florencio López de Silanes, director del Instituto de Gobierno Corporativo de la Universidad de Yale, quien, a través de sus investigaciones, comprobó que existe evidencia de que el gobierno corporativo impacta en el costo y el acceso al capital. “Hay una relación entre las inversiones y los países con mejores leyes y sistema de justicia, y también una relación entre el mercado de deuda y las inversiones. Cuanto más se protege al accionista o a los inversores mayor es el acceso al mercado de capitales”, afirma López de Silanes.



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El experto de Yale opinó que en la Argentina existe protección a los inversores pero hacen falta reglas de transparencia que exijan, por ejemplo, información sobre posibles conflictos de interés o transacciones entre partes relacionadas. “Esto es importante en América latina y en la Argentina porque la propiedad está muy concentrada”, acotó López de Silanes.

El mecanismo recomendado es instrumentar un Código de Mejores Prácticas, por el cual las empresas se comprometen a revelar su grado de cumplimiento del código. Esto es algo que deben informar en su reporte anual.

“Pueden aclarar, por ejemplo, que tienen un comité de auditoría. O que no lo tienen pero, en cambio, cuentan con un comité fiscalizador que tiene funciones similares”, ejemplifica el experto de Yale. El código ofrece un mapa de la situación del gobierno corporativo de la empresa que resulta útil a posibles inversores. “Los países que lo aplican tienen mayor acceso al capital y menores costos”, agrega.

Sin embargo, la otra campana sonó del lado argentino.

“Lopez de Silanes dice que existe mercado de capitales cuando la ley es buena, pero en el país la ley es buena y protege a los accionistas minoritarios. El problema pasa por los abogados, los jueces y los mercados”, cuestionó Javier Negri, del estudio Negri, Teijeiro e Incera.

“Aquí los inversores institucionales han sido obligados a captar bonos públicos, esas inversiones no fueron a parar a las empresas”, ejemplifica Negri, que señala que, en el país, la asamblea de accionistas es el órganismo supremo, ya que puede echar al directorio. El abogado también destacó que las sociedades anónimas se crean para limitar la responsabilidad del empresario, no para captar capital.

“El mercado de capitales en la Argentina es caro para la sociedad emisora, por eso el controlante no quiere abrir el capital”, sostiene Negri.



Leyes importadas

El abogado también criticó la incorporación de normas globales de gobierno corporativo a la legislación local, sin adaptarlas a la realidad del país.

“Existe duplicación de funciones entre el comité de auditoría y la sindicatura. Además, se crea la figura de director independiente con una gran cantidad de funciones de control, muy difíciles de cumplir en su calidad de externo a la empresa”, dice Negri.

Por su parte, Sergio Fogel, vicedirector del Movimiento Brasil Competitivo, e integrante del directorio de la empresa brasileña Odebrecht, dio una nueva visión sobre el papel de las empresas familiares.

“Hay un estereotipo negativo sobre las empresas con control familiar. Existe la idea de que son más admirables las que tienen gran variedad de accionistas”, afirmó Foguel, que llamó la atención sobre el creciente número de accionistas individuales que participan en fondos de inversión o en la bolsa. “Se habla mucho de los derechos del accionista pero no de sus responsabilidades. Un fondo de pensión que invierte 6 meses en una empresa, ¿qué responsabilidad tiene? Es mayor la responsabilidad del accionista que permanece”, dice Foguel, refiriéndose al accionista de la empresa familiar, que monitorea todo lo que sucede en ella.



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