Martes  23 de Septiembre de 2003

Kirchner le quita el Correo a Macri para escarmentar a las privatizadas

Firmó dos decretos en los que rechaza los reclamos de la empresa postal, que estaba en concurso con deudas por $ 900 millones, y armó una comisión para gestionar la firma

El Gobierno se cansó de esperar que la Justicia declarara la quiebra del Correo Argentino, en concurso de acreedores, y directamente le quitó ayer al grupo Macri la concesión. La primera rescisión de un contrato de servicios públicos privatizados en los ’90 por Carlos Menem apunta a mostrarles a los dueños de las 63 concesiones que se están renegociando que Néstor Kirchner no teme dar un escarmiento.

“Hay muchas empresas que no están cumpliendo los contratos. Lo que hay que establecer es si ello es producto de la crisis de 2001 o de falencias propias”, dijo ayer Julio De Vido, ministro de Planificación. Ayer, en dos decretos, el Ejecutivo rechazó primero todos los reclamos que la empresa postal había realizado contra el Estado por incumplimientos para justificar su no pago del canon de concesión (de $ 51,6 millones semestrales) desde 1999, ordenó comunicarle a la empresa que “ha quedado agotada la vía administrativa”, y declaró rescindido el contrato por 30 años firmado en 1997, bajo la figura de “culpa del concesionario”.

Además, bajo la órbita del Ministerio de Planificación, creó una unidad administrativa de tres miembros, presidida por el diputado Eduardo Román Di Cola (PJ Córdoba), que se solventará con fondos que dispondrá el jefe de Gabinete en el Presupuesto Nacional.

Su función es asumir la operación del servicio, hacerse cargo de las obligaciones para con los 12.600 empleados, realizar una auditoría integral de la empresa (estado de los inventarios, contratos vigentes y situación económico-financiera) y elevar un informe. Así, en el término de 180 días, Planificación deberá llamar a una nueva licitación “nacional e internacional”, a fin de volver a privatizar el servicio. Anoche, como para avalar a Kirchner, el Senado votó por unanimidad un dictamen de minoría de la Comisión revisora de cuentas de la Auditoría General de la Nación (AGN) de hace un año, que incluye la opción de rescindir la concesión de Correo por incumplimientos.

En tanto, la empresa, que anticipando lo que se venía ayer había acusado al Gobierno de “animosidad” y “arbitrariedad” por no permitirle renegociar como a otras privatizadas conflictivas (como Aeropuertos Argentina 2000 y Aguas Argentinas), se limitó a una tibia solicitada (que se publica hoy) en la que llama al personal a mantener el servicio, y a clientes y proveedores, sus compromisos.

La toma de la concesión por parte del Estado tuvo también su costado literal. Además de presentarse el propio Di Cola en las sedes de la empresa a informar que era el nuevo jefe, su primer paso fue hacerse de la caja.

Si hasta ahora las 1.194 sucursales de Correo depositaban su recaudación diaria en el Banco Galicia (dueño del 11,8% de Correo), ayer se dispuso que lo hicieran en el Banco Nación. Finalmente, la operación se complicó, y el dinero quedó en los locales hasta hoy, a la espera de que se habilite la cuenta.



Garantías

Por otra parte, el Gobierno ordenó “la inmediata ejecución de la garantía”, algo que, según el contrato, debía hacerse ni bien el Correo faltara a un pago del canon y que nunca se hizo. Según un informe de la AGN del año pasado, esa garantía la integran una póliza de seguro de caución de $ 42,7 millones emitida por la Compañía Aseguradora de Créditos y Garantías, y una fianza solidaria emitida por el Banco de Galicia (dueño también del 11,8% del capital de Correo), por $ 7,3 millones. Ayer, el banco se limitó a informarle a la Bolsa que el tema no impacta en sus resultados ni patrimonio. Fuentes de la entidad le dijeron a El Cronista que lo relativo a Correo fue mandado a pérdida en el balance del año pasado, y que incluso el Galicia se retiró del directorio de Correo tras el primer incumplimiento de pago del canon.



Una vía más espectacular

Con su impactante decisión, el Gobierno abandonó la estrategia natural y no litigiosa de dejar caer la concesión mediante la quiebra de Correo. Algo que parecía inevitable cuando hace un mes y medio se venció sin éxito el plazo para llegar a un acuerdo de pago por la deuda concursal de $ 900 millones, luego de que el Estado, como acreedor principal ($ 296 millones) le rechazara a Correo sus dos propuestas. Pero esa vía quedó suspendida sin plazo por la Cámara de Apelaciones, que aceptó a último momento una queja de la empresa. Sin la concesión, su mejor activo, resta saber qué y cómo cobrarán el Estado y el resto de los acreedores, como la CFI y el Galicia, que también son accionistas.



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