Lunes  14 de Junio de 2010

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION *

Impuesto a las ganancias. Ajuste por inflación. Constitucionalidad de las normas dictadas por el Congreso Nacional. Prueba unilateral del contribuyente. Confiscatoriedad no demostrada.

- "BERTOTO, BRUERA Y CIA. S.A.C. y F. c/ESTADO NACIONAL -AFIP -DGI S/DEMANDA DE REPETICION", sentencia del 19 de mayo de 2010.

La actora interpone recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en virtud de la cual rechazó su demanda de repetición y declaró la validez constitucional de las normas que impiden aplicar el ajuste por inflación impositivo (arts. 94 y concordantes de la ley del Impuesto a las ganancias).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación considera que en esta causa rige el criterio fijado en el caso "Santiago Dugan Trocello" (Fallos: 328: 2567*) (1) y, en especial, la doctrina sentada en el precedente "Candy S.A. c/A.F.I.P. y otro" (Fallos: 332:1571*) (2), ratificando la constitucionalidad de las normas atacadas pues tanto el art. 39 de la ley 24.073 como el art. 4º de la ley 25.561 (que sustituyó los arts. 7 y 10 de la ley 23.928) constituyen una clara decisión del Congreso Nacional de ejercer sus atribuciones, habiendo además respetado el procedimiento legislativo previsto en el art. 52 de la Constitución Nacional (3).

De acuerdo a los precedentes citados, para la Corte, es indudable la competencia del legislador de dictar las leyes referidas a partir de las cuales quedaron derogadas todas las normas y la jurisprudencia que admitían el ajuste por depreciación de la moneda ante la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar la inflación. Así, cualquier forma de repotenciar deudas es un acto reservado al Congreso Nacional por tener a su cargo la fijación del valor de la moneda y no corresponde dictar sentencia judicial ni establecer convenciones entre particulares en ese sentido (Fallos: 225:135 y 226:261*).

Al respecto, el Tribunal recuerda que el mero cotejo entre la liquidación del impuesto sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en el supuesto de aplicarse tal mecanismo de ajuste, no es apto para demostrar una afectación al derecho de propiedad pues de ello sólo podría derivarse la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro pero no la repugnancia de la norma legal con la cláusula constitucional, la cual, para ser declarada inconstitucional, exige una repugnancia "manifiesta, clara e indudable" (Fallos: 314:424; 320:1166 *).

La Corte advierte que no es función del Poder Judicial juzgar el mérito de las políticas económicas adoptadas por otros poderes del Estado sino ponerles límite cuando violen la Constitución. Tampoco le compete analizar los beneficios de un sistema fiscal ni examinar si un tributo se implementó o no conforme los principios de la ciencia económica.

Para el Máximo Tribunal, en la presente causa en donde no se produjo un peritaje contable, no existen suficientes elementos de prueba como para determinar que la aplicación de las normas aludidas configura un supuesto de confiscatoriedad respecto de la concreta situación de la actora como sí ocurrió en el citado caso "Candy". Aquí, la Corte señala que el único medio de prueba es la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por la contribuyente aún cuando incluye un informe o certificación de contador público.

En consecuencia, se admite formalmente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas por su orden dada la complejidad del planteo.

Impuesto a las ganancias. Ajuste por inflación. Importancia de la prueba pericial contable. Afectación del derecho de propiedad.

- "BOEHLER, RAUL EDUARDO C/E.N.A. - A.F.I.P. S/ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA", sentencia del 19 de mayo de 2010.

El contribuyente interpone recurso extraordinario contra el fallo de la Sala "A" de la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Córdoba que rechazó su reclamo consistente en aplicar el ajuste por inflación impositivo (arts. 94 y concordantes, ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y modificaciones).

Para la Corte, aquí se plantean cuestiones análogas a las tratadas y resueltas en la causa "Candy S.A. c/A.F.I.P. y otro" (Fallos: 332:1571*) (2), motivo por el cual se remite al mencionado precedente jurisprudencial en donde se analiza si se han demostrado los efectos confiscatorios de las normas cuestionadas de modo que habrá que determinar si se afectó el derecho de propiedad del apelante. Para que exista confiscatoriedad, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242: 73 y sus citas; 268:56; 314:1293, entre muchos otros*) y, ante las cambiantes circunstancias del país, la relación entre determinados impuestos con el bienestar general derivada de la clase de riqueza o actividad gravada es variable en el tiempo y aún susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo (Fallos: 210:855, 1208*). Así, el Tribunal pone especial énfasis en la prueba desplegada por el actor con el objeto de acreditar la pretendida confiscatoriedad.

En el presente caso, la Corte sostiene que existe prueba documental y pericial contable cuyas conclusiones permiten tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad conforme el precedente "Candy", en sus Considerandos 7º y siguientes (4)

Por ello, se habilita formalmente la instancia extraordinaria, se revoca la sentencia apelada con los alcances del fallo "Candy" y se declara que la prohibición de utilizar el ajuste por inflación (Título VI de la ley del impuesto a las ganancias) no resulta aplicable a esta causa en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar según tales parámetros insuma una sustancial porción de las rentas obtenidas por el actor (conforme pericia contable) y excede cualquier límite razonable de imposición. Costas por su orden por la complejidad del tema debatido.

SEGURIDAD SOCIAL

Eximición del depósito previo. Prescripción. Inactividad de la administración. Inexistencia de actos impulsorios adecuados para resolver el conflicto.

- "CLUB ATLETICO LOMAS C/A.F.I.P. - DGI S/IMPUGNACION DE DEUDA", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia del 15 de septiembre de 2009.

El Club apela judicialmente la determinación de deuda y de multa previsional por los períodos julio 1986 a diciembre 1994, febrero 1995 a mayo 1996 y julio 1996, planteando la nulidad del procedimiento e invocando la prescripción de las acciones fiscales (art. 16, ley 14.236) (5). No efectúa el depósito previo de los montos apelados (6) fundada en que es una entidad sin fines de lucro, en su imposibilidad de pago y por afectar la garantía constitucional de la defensa en juicio.

La Cámara, basado en numerosos precedentes jurisprudenciales y en las constancias de la causa, exime del depósito previo ante la desproporcionada magnitud del monto a depositar frente a la capacidad económica del apelante, la falta comprobada e inculpable de medios para afrontar el pago o si el requerimiento evidencia en forma inequívoca un propósito persecutorio por los organismos administrativos.

Respecto de la prescripción liberatoria, la Sala recuerda que es el medio por el cual, en ciertas condiciones, el transcurso del tiempo provoca la modificación sustancial de un derecho por la inacción de su titular, quien pierde su facultad de exigir compulsivamente el cumplimiento de la obligación aún cuando subsiste como obligación natural. Para que el plazo de esta prescripción comience a correr, es necesario que el acreedor mantenga una inactividad en el reclamo de su derecho que supone que la obligación esté expedita, lo cual no sucede cuando está sometida a un plazo u otra contingencia que traba el ejercicio de la acción e impide el curso de la prescripción.

El Tribunal señala que la impugnación de las actas determinativas de deuda y de multa son el impedimento de la prescripción por estar supeditada al dictado de la resolución administrativa definitiva en tanto que, por el art. 1º inciso e) apartado 9 última parte de la ley de procedimientos administrativos Nº 19.549, las actuaciones practicadas con intervención del órgano competente provocan la suspensión de plazos legales y reglamentarios, inclusive los relativos a la prescripción.

De los antecedentes de este caso resulta que el expediente se inicia en el año 1996 y que, en ese mismo año, el Club interpone la pertinente impugnación administrativa. Posteriormente, en julio de 1997, al Club se le notifica la resolución que deniega la prueba ofrecida por la impugnante y, recién en diciembre de 2007, se analiza el planteo, dictándose la resolución administrativa en el año 2008. Entre los años 2000 y 2007, la Administración realiza giros internos o comunicaciones al contribuyente informando los distintos planes de pago y facilidades vigentes así como pedidos de informes sobre cancelaciones de deuda.

Para la Sala, hay que analizar qué sucede cuando, una vez abierto el procedimiento administrativo, no existen diligencias adecuadas por parte del órgano fiscal para finalizar la causa pues no cabe poner en cabeza del imputado el impulso de los trámites de un tema en el cual tiene especial interés la Administración, esto es, que se le pague una deuda determinada en su área. En rigor, el contribuyente pretende precisamente lo contrario, es decir, no pagarla.

El Tribunal observa que desde que se le comunicó al administrado la denegación de las pruebas, la Administración Federal estaba en condiciones de dictar el acto administrativo correspondiente o, bien, llevar a cabo diligencias impulsorias necesarias para resolver el conflicto. Nada de ello aconteció en este caso en donde sólo se tramitaron notas internas o informes sin relevancia.

Por tanto, la Sala considera prescripta la deuda por inactividad de la propia administración en dictar la pertinente resolución y le impone las costas al organismo (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Fallo comentado en esta columna del "Suplemento Fiscal & Previsional" publicado el lunes 18 de julio de 2005.

(2) Fallo comentado en esta columna del "Suplemento Fiscal & Previsional" publicado el lunes 14 de septiembre de 2009.

(3) Por el art. 52 de la Constitución Nacional, a la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente la iniciativa de leyes sobre contribuciones y de reclutamiento de tropas.

(4) En la causa "Candy", la actora ofreció prueba documental y el informe de un contador público, con una estimación de resultados fiscales con efectos del ajuste por inflación impositivo, comparando la liquidación del impuesto sin el ajuste y la suma que debería abonar por el impuesto con la aplicación de tal mecanismo de ajuste. La Corte tuvo en cuenta que el ejercicio 2002 estuvo signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de nuestro país, con cambios económicos inclusive en los índices de precios, tanto a nivel mayorista como a consumidor final, cuyos porcentajes acumulados en ese año ascendieron a un 117,96% y 40,9%, respectivamente. En base a la prueba producida, para la Corte la prohibición de utilizar el mecanismo de ajuste del Titulo Vl de la ley del impuesto a las ganancias no resulta aplicable a Candy S.A. en tanto la alícuota efectiva a ingresar de acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las rentas obtenidas y excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad para el período fiscal 2002.

(5) Según esta norma, las acciones por cobro de contribuciones, aportes, multas y demás obligaciones emergentes de las leyes de previsión social prescriben a los diez años.

(6) Por el art. 15 de la ley 18.820 y sus modificatorias, para impugnar judicialmente este tipo de deudas, sus intereses y multas hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestionados para habilitar la instancia de apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. La omisión del depósito previo provoca la deserción del recurso presentado de manera que la AFIP -DGI estará habilitada para iniciar un juicio de ejecución fiscal para cobrar dichos importes, con facultades para embargar cuentas bancarias.

La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: saccorinti@datafull.com.

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