Domingo  14 de Diciembre de 2003

Jurisprudencia Tributaria y Previsional



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Monotributo. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Amparo promovido por un Colegio Profesional. Improcedencia de la acción por tratarse de derechos patrimoniales.


- Causa ”Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/Estado Nacional Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos s/Amparo Ley 16.986“, 7 de octubre de 2003.

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 2º de la Ley 24.977 (B.O.: 06/7/98), del anexo de la mencionada ley y del art. 27 del Decreto Nº 885/98 (B.O.: 31/7/98) y la inaplicabilidad de la Resolución General (AFIP) Nº 211/98 (B.O.: 28/9/98) y de cualquier otra disposición o reglamento que impida la opción de revistar como responsables no inscriptos frente al I.V.A. a quienes tengan ingresos brutos anuales que no superen la suma de $ 36.000.

En contra de dicha decisión, el Fisco Nacional interpuso recurso extraordinario, el cual fue concedido y habilitó la vía de excepción. Al respecto y pese a que el recurrente no formuló agravios concretos sobre la legitimación procesal de la entidad actora, el Máximo Tribunal destacó que la concurrencia de tal extremo configura un presupuesto para la existencia de ”caso“ o ”controversia“ que debe ser resuelto por los tribunales federales (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), lo cual determinó que la cuestión planteada sea igualmente examinada en autos, según doctrina sentada en la causa D.628.XXXVI ”Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional -Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (monotributo) dto. 885/98 s/amparo ley 16.986“, fallada el 21 de agosto de 2003.

Para la Corte, también resulta aplicable la doctrina fijada por ese Tribunal con fecha 26 de agosto de 2003, en las causas C.547.XXXVI ”Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/Estado Nacional s/amparo“ y C.1592.XXXVI ”Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia c/A.F.I.P. s/amparo“, sentencias a cuyos fundamentos y conclusiones se remite en este fallo en mérito a la brevedad.

En los antecedentes invocados, se dilucidó la cuestión relativa a la legitimación procesal de la actora por constituir un presupuesto necesario para que exista un caso, causa o controversia que deba resolver el Poder Judicial (Fallos: 322:520). Tales casos son aquellos en los que se persigue en forma concreta la determinación del derecho debatido entre partes adversas, motivo por el cual ”no se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de otros poderes“; ni existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que, en esas circunstancias, lo autorice a formular dichas declaraciones (Fallos: 307:2384 y sus citas, entre otros). El fundamento último de este criterio es el de salvaguardar el principio constitucional de división de poderes (Fallos:30:281) al afirmarse que ”el Juez que declarase la inconstitucionalidad de una ley, sin ocasión de un pleito, se saldría de su esfera de acción y penetraría en la del poder legislativo“. Así, el art. 2 de la ley Nº 27 prescribe que la justicia nacional ”nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte“.

En base al precedente de Fallos 322:528, es menester que exista ”caso“, ”causa“ o ”asunto“ lo cual presupone la existencia de ”parte“, esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo de un proceso. Por ello, la ”parte“ debe demostrar que tiene un interés jurídico suficiente o, como lo ha señalado la Corte (Fallos: 306:1125; 307:1379; 308:2147; 310:606, entre muchos otros), que los agravios expresados la afecten de forma ”suficientemente directa“ o ”substancial“, es decir, que posean ”suficiente concreción o inmediatez“ para poder procurar dicho proceso a la luz de las pautas establecidas por la reforma de 1994 a los arts. 41 a 43 de la Constitución Nacional-

Tras examinar el estatuto de la entidad amparista y en forma coincidente con el dictamen del Procurador General, la Corte concluye que aquél no le otorga potestad para estar en juicio en representación de sus asociados por un reclamo como el relativo a esta acción referente a derechos patrimoniales propios de cada uno de éstos. Ello, así, sin perjuicio de reconocer que con la reforma constitucional de 1994 se amplió el universo de sujetos legitimados para accionar por vía del amparo tradicionalmente limitado a los titulares de un derecho subjetivo individual-pero la amplitud no se ha dado para defender cualquier derecho sino como medio para evitar discriminaciones y tutelar los derechos mencionados en el segundo párrafo del art. 43 del texto constitucional, es decir, a los que ”protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor así como los derechos de incidencia colectiva en general“. Es evidente que este amparo no se promovió para defender los aludidos derechos que enumera la Constitución Nacional sino que trata derechos de carácter patrimonial, puramente individuales, cuyo ejercicio y tutela corresponde a cada uno de los potenciales afectados.

Siguiendo el temperamento de la Corte en conocida jurisprudencia, el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución Nacional, causándole de ese modo un gravamen y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto (Fallos: 310:211 y sus citas, entre otros). Tal recaudo, que debería verificarse individualmente en cabeza de cada uno de los supuestos afectados frente a la índole subjetiva del derecho que se pretende tutelar, no está cumplido en el caso de autos.

El Tribunal declara procedente el recurso extraordinario, revoca la sentencia apelada y rechaza la acción de amparo (art. 16, segunda parte, Ley Nº 48). Con costas.



SEGURIDAD SOCIAL

Multa previsional impuesta por la simple constatación de la infracción. La liquidación de la multa no incluye intereses en la base de cálculo.


- Causa: ”Servin S.A. c/A.F.I.P. s/Impugnación de deuda“, Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, 23 de junio de 2003.

La A.F.I.P. desestimó la impugnación presentada por la sociedad frente a la intimación de una multa del Régimen Nacional de la Seguridad Social por el período 10/1999 y, en su contra, Servín S.A. interpuso recurso de apelación conforme los recaudos de admisibilidad y suficiente fundamentación (art. 265, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 15, Ley 18.820 y 39 bis, Decreto-Ley 1285/58, modificado por la ley 24.463).

La quejosa pide la nulidad de lo actuado, alegando que la resolución apelada resulta confusa en cuanto a las vías recursivas a utilizar y por no haberse notificado la clausura del período probatorio. Además, se agravia porque los intereses devengados fueron incluidos como base de cálculo de la multa, por no haber tenido en cuenta su situación económica financiera y por omitir ponderar que la deuda se pagó espontáneamente, sin intimación fiscal previa y con anterioridad a la imposición de la multa a la vez que tampoco se consideró la falta de proporcionalidad de la sanción ni el elementos subjetivo respecto a su conducta como contribuyente.

La Sala afirma que las multas previsionales proceden por la sola constatación de la infracción, generando la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor. La Resolución General N´ 3756/93 especifica el régimen sancionatorio a aplicar en virtud del art. 15, punto 1, inciso c) de la Ley 17.250, el cual establece que una vez constatada la infracción por el organismo, se fija una multa cuyo porcentaje sobre el total omitido se gradúa en relación al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la obligación y el efectivo ingreso del monto adeudado (art. 21, R.G. 3756), sin atribuir relevancia a toda otra circunstancia de hecho o índole subjetiva para eximir o atenuar la multa.

Respecto a la inclusión de los intereses en la base de cálculo de la multa, el fallo destaca que el art. 15 de la ley 17.250 prevé las sanciones a las que dará lugar el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las leyes de previsión, precisando que la aplicación de las sanciones será sin perjuicio de los intereses y penalidades correspondientes. Por ello, ante la mora en el depósito de aportes y contribuciones, el inciso 1) apartado c) impone una multa de hasta el 30% del total adeudado por tales conceptos, sin hacer ninguna mención a los intereses cuya procedencia está prevista en forma independiente en la ley.

En cuanto a las costas, serán soportadas en el orden causado, conforme al criterio reiterado por este Tribunal al aplicar la doctrina sostenida por la Corte Suprema de la Nación en el caso ”Gomerías Alberdi“ (Fallos T. 300, pags. 895 y sus citas) y más recientemente en autos ”Farmacia España S.C.S.“ (F. 28. XXXIV, Fallo T. 239, pag. 3320) del 1 de julio de 2000, para los casos de impugnación de deuda, no existiendo mérito para apartarse de ello, así debe resolverse (ídem ”Juan Bracho García e Hijos S.A.C.I.A.“, expte. 16.612/95, sentencia del 12 de marzo de 1999, entre otros).

Por ello, se deja sin efecto la resolución apelada, se le ordena a la Administración a practicar nueva liquidación de la multa sin incluir intereses en la base de cálculo y se le intima para que, en el plazo de treinta días, le reintegre a la actora las sumas depositadas para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses a la tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. (art. 10, Decreto 941/1991; C.S.J.N. L. 44.XXIV, ”López Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.“ del 10 de junio de 1992, Fallos T. 303, pag. 1769; T. 311, pag. 1644, entre otros). Costas por su orden.



PENAL TRIBUTARIO

Violación al principio de congruencia. Necesidad de resguardar la identidad fáctica entre la acusación y la sentencia. Afectación del derecho de defensa.


- Causa: ”Incidente de apelación del auto de procesamiento sin prisión preventiva de N.V. en la causa Nº 10.058 caratulada ”V., N. s/Ley 24.769“ (Juzgado Nº 6 Secretaría Nº 12), Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, 14 de octubre de 2003.

La defensa de N.V. apela la resolución por la cual el Tribunal anterior procesó al nombrado al obtener, por ardid, una certificación de exclusión parcial en materia de retenciones del I.V.A.

Para el Tribunal, del examen de las constancias de la causa surge que N.V. fue indagado por ”haber participado en la presentación ante la D.G.I. a fines de enero de 1999 de un certificado de exclusión parcial presuntamente apócrifo a nombre del citado contribuyente con el objeto de gozar de una exención en el Impuesto al Valor Agregado hasta el 2 de agosto de 1998“ (descripción fáctica concordante con la efectuada en el requerimiento fiscal de instrucción del expediente principal) en tanto que su procesamiento se dispuso por ”haber obtenido a su nombre y ante la D.G.I. a fines de enero de 1997 el certificado de exclusión parcial con vigencia entre el 30 de enero de 1997 y el 29 de enero de 1998 relativo a la retención del I.V.A. que prevé la Resolución General Nº 3851“, documento que sería presuntamente apócrifo.

El fallo considera que ”presentar ante la D.G.I.“ es notablemente distinto de ”obtener ante la D.G.I.“, verificándose conductas diferentes y, por ende, se vulnera la congruencia que debe existir entre el hecho imputado por el cual se ejerció la defensa material respecto de la conducta por la cual se dicta el auto de procesamiento.

El principio de congruencia rige la totalidad del proceso para resguardo de la identidad fáctica entre la ”acusación“ y la ”sentencia“. En estos actuados, como consecuencia de la violación al principio de congruencia, se debe declarar la nulidad del auto que ordenó el procesamiento por versar sobre hechos distintos de los indagados, configurándose una nulidad de carácter absoluto, insanable y susceptible de ser declarada de oficio en cualquier grado o estado del proceso por haberse afectado la garantía de defensa en juicio (art. 18, Constitución Nacional y art. 168, segundo párrafo, C.P.P.N.*).

En idéntico sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa ”Zurita“ (Fallos 314:333) en donde expresó que es natural corolario del principio de congruencia la correlación necesaria entre el hecho comprendido en la declaración indagatoria, el que fue objeto de acusación y el que fue considerado en la sentencia final.

Por ello, se declara la nulidad del auto de procesamiento y de todo lo actuado en consecuencia (arts. 36, 167 inc. 1º, 168 y 172 del C.P.P.N. * y art. 18, Constitución Nacional). Sin costas (arts. 530, 531 y siguientes, C.P.P.N.).



CIUDAD DE BUENOS AIRES

Revalúo inmobiliario. Inexistencia de conducta dolosa u omisiva del contribuyente. Improcedencia de la aplicación retroactiva de las nuevas valuaciones. Ratifica doctrina jurisprudencial sentada en causas ”Bernasconi“ y ”Guerrero de Louge“.


- Causa: ”Molina, Juan Carlos c/ G.C.B.A s/acción meramente declarativa“, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 30 de setiembre de 2003.

El actor promueve una acción meramente declarativa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil para que se decrete la inconstitucionalidad del cobro retroactivo de diferencias en contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial, Pavimentos y Aceras y ley 23.514, ampliación desde 01/01/94 hasta el 31/12/96 respecto al inmueble sito en la calle Ramallo 4640/44, de esta Ciudad. Expresa haber abonado oportuna y rigurosamente los pagos debidos, no reconociendo obligación de ningún tipo por el período referido. Acompaña las constancias de pago emitidas por la Administración local en calidad de prueba.

Declarada la incompetencia de la Justicia Civil, se radican las actuaciones ante el Fuero de la Ciudad de Buenos Aires.

La actora manifiesta que en el expediente administrativo respectivo se resolvió parcialmente a favor de su pretensión y aclara que el Fisco reconoció que no se ha efectuado ninguna ampliación que justifique la recategorización del inmueble aún cuando mantenga una diferencia de criterio sobre una superficie de 41,93m2 que sigue en discusión. Agrega que la Escribana interviniente en la escritura traslativa de dominio retuvo el dinero para pagar la supuesta deuda que surgía de los registros de la demanda de los cuales $ 8.065,65 corresponden a revalúo y $ 8.284,34 a supuestas deudas por el período 01/1997 hasta el 01/2001 inclusive, liquidadas en base a la valuación cuestionada. Por tanto, el quejoso modificó la presente acción y solicitó el reintegro de los $ 8.065,65 cobrados y de la diferencia que surja de la prueba pericial por los períodos 01/1997 a 01/2001 que estima mal liquidados. Frente a los nuevos hechos, la Sra. Juez de primera instancia encauzó las presentes en los términos de una acción de repetición.

Atento el estado de autos, el demandante desistió de su reclamo por los períodos 01/997 a 01/2001 y destacó que el monto a repetir se compone del revalúo inmobiliario percibido por el Gobierno de la Ciudad, con más los gastos y honorarios cobrados.

El Fisco local contestó demanda, señalando que la intimación de pago de las diferencias se originó en la ampliación del inmueble, extremo que motivó una nueva inspección y verificación del empadronamiento con ajuste del metraje con vigencia al 1 de enero de 1991. De este modo, se generó una nueva valuación y un incremento del tributo según el Código Fiscal aplicable. Adujo que, en sede administrativa, el hoy actor fue notificado de una nueva valuación inmobiliaria que no fue objeto de recurso alguno, habiendo presentado un reclamo en forma extemporánea que se tramitó como denuncia de ilegitimidad, la cual fue rechazada. Por ello, el Fisco argumenta que la vía elegida en estos actuados es inadmisible dado que el rechazo de la denuncia de ilegitimidad impide su revisión en sede judicial. Finalmente, destaca que la acción es improcedente al no concurrir los requisitos para repetir, esto es, existencia de pago por error y pago realizado sin causa.

Producida la prueba y los alegatos pertinentes, se dicta sentencia en primera instancia, haciendo lugar a la demanda y ordenándole al G.C.B.A. para que reintegre al actor la suma reclamada, con costas.

La Administración local apela dicha sentencia y se agravia al considerar que la actora realizó actos que modificaron su situación tributaria, los cuales le son imputables por no haber comunicado la realización de obras. La actora contesta el traslado y rechaza los agravios vertidos, solicitando se confirme la sentencia recurrida.

El Tribunal destaca que los planos en los que se refleja la unidad del actor fueron registrados en 1972 y que en la documentación emitida por la accionada surge que ese plano se ajusta a la realidad constructiva actual del inmueble. De ello se deriva que el error o las diferencias existentes en el empadronamiento originario que fueron rectificadas con la práctica revaluatoria sólo pudieron responder a una omisión exclusivamente atribuible al Fisco local, esto es, que no hay ninguna conducta dolosa u omisiva del contribuyente que justifica la retroactividad de las nuevas valuaciones.

Sobre este punto, la Corte Suprema de la Nación ha afirmado que ”el error en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de los impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave equiparable por parte de éste“ (doctrina de Fallos 258:208; 259:382; 261:188; 264:124; 279:265; 284:232; 305:283; 302:1051, entre otros, reiterada en ”Bernasconi“ y en ”Guerrero de Louge“).

A su vez y dado que los planos fueron oportunamente registrados y al no haberse probado la realización de ningún cambio sustancial en el inmueble, la Sala concluye que la Sra. Juez de grado anterior dictó sentencia en forma acertada fundada en el derecho positivo.

En consecuencia, se rechaza el recurso impetrado por la demandada y se confirma la sentencia, con costas a la vencida.

(*) Código Procesal Penal de la Nación



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