Jueves  04 de Diciembre de 2003

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Prescripción quinquenal de tributos locales. Aplicación de la legislación civil al ámbito tributario.

- Causa ”Recurso de hecho deducido por Abel A. Latendorf (síndico) en la causa Filcrosa S.A. s/ Quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda“ , 30 de setiembre de 2003.

La Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó el pronunciamiento anterior que había rechazado la defensa de prescripción opuesta por la sindicatura de la quiebra de Filcrosa S.A. respecto al crédito verificado en el incidente de la Municipalidad de Avellaneda por tasas municipales de alumbrado, barrido y limpieza y de seguridad e higiene devengadas a partir del 1985.

A juicio de la Cámara, la prescripción de los tributos locales se rige por las normas locales, sin que deba aplicarse el art. 4027 inc. 3º del Código Civil pues la reglamentación de tales gravámenes constituye una facultad privativa de las provincias no delegada al gobierno federal. Por ello, interpretó que la potestad regulatoria local no se agota con la creación de los tributos sino que conlleva la capacidad para establecer los medios tendientes a hacerlos efectivos, de allí que consideró la vigencia del plazo decenal fijado en las normas provinciales que regían la cuestión (la Ordenanza Fiscal 9945 y sus modificatorias, de conformidad con el art. 278 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, texto según leyes 10.397 y 10.857, que fija diez años para la prescripción de las contribuciones debidas a la comuna, reducida a cinco años por la ley 12.076).

Contra dicha decisión, el síndico interpuso el recurso extraordinario cuya denegación origina esta queja.

El recurrente sostiene que, por el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional, la prescripción liberatoria es una materia de competencia exclusiva del Congreso de la Nación de modo que las provincias y los municipios están obligados a ajustarse al Código Civil. Atento ello, afirma que en autos rige el art. 4027 inc. 3 del Código Civil por el cual prescriben a los cinco años las obligaciones que deben pagarse por años o plazos periódicos más cortos, resultando inconstitucional la norma local que fija un plazo mayor.

Para la Corte, los agravios alegados configuran cuestión federal que habilitan la vía extraordinaria por discutirse la inteligencia de los arts. 75 inc. 12, 121 y 122 de la Constitución Nacional.

El Máximo Tribunal advierte que no está en discusión la facultad de establecer los tributos reclamados en autos que es una de las facultades no delegadas por las provincias al Gobierno Nacional sino que la cuestión consiste en dilucidar si esa facultad incluye la de fijar la prescripción de tales tributos o si, en cambio, se trata de una competencia de la Nación (art. 75, inc. 12, Constitución Nacional).

La Corte ratifica su doctrina en cuanto a que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción en forma contraria al Código Civil son inválidas pues las provincias carecen de facultades para establecer normas que se aparten de la referida legislación de fondo, incluso cuando regulan materias de derecho público local (Fallos: 175:300; 176:115; 193:157; 203:274; 284:319; 285:209 y 320:1344). Ello así ya que la prescripción no es un instituto propio del derecho público local sino un instituto general del derecho que justifica que, en base al citado art. 75 inc. 12, el legislador nacional no sólo fije los plazos frente a las diversas hipótesis en particular sino que, además, establezca los distintos modos de extinción de las obligaciones y de las acciones. En ese marco, sostiene que el principio según el cual el órgano habilitado a generar una obligación debe entenderse facultado para regular sus efectos y las eventuales defensas del deudor para proteger su patrimonio, debe interpretarse a la luz de las normas que distribuyen tales competencias en la Constitución. Agrega que, con el fin de asegurar una ley común para todo el pueblo de la Nación tendiente a promover las relaciones entre sus integrantes y la unidad de la República aún dentro de un régimen federal, las provincias resignaron a favor de las autoridades nacionales su posibilidad de legislar de modo diferente el régimen general de las obligaciones, una de cuyas facetas es la discutida en la especie.

En consecuencia, no cabe a las provincias ni a los municipios-dictar leyes incompatibles con los códigos de fondo al haberle atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, para lo cual debe tenerse presente que la referida delegación tuvo por finalidad el logro de un sistema homogéneo de leyes que, sin desmerecer el poder de aquéllas de crear obligaciones destinadas a garantizar su subsistencia y autonomía, contribuyera al inequívoco propósito de los constituyentes de generar fuertes lazos de unidad que eran necesarios para otorgarles una misma identidad a los estados provinciales congregados mediante la Constitución.

En rigor, si bien la potestad fiscal de las provincias es una de las bases sobre la que se sustenta su autonomía, el fallo recuerda que, en materias semejantes, la Corte señaló que el límite de esas facultades viene dado por la exigencia de que la legislación dictada en su consecuencia no restrinja derechos acordados por normas de carácter nacional (doctrina Fallos: 180:196; 183:143; 211:945; 220:202; 276:401; 282:20; 301:709; 304:163; 316:2182, entre otros).

El decisorio destaca que, del texto expreso del art. 75, inc. 12 de la Constitución Nacional, se deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones para hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello pues, aún cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos (Fallos: 320:619, entre otros), es claro que la facultad del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos modos de extinción (Fallos 320:1344).

En cuanto a los alcances de los poderes en conflicto que involucra también a los arts. 121 y 122 de la Carta Magna, la sentencia adopta una interpretación que integra las normas supuestamente en pugna dentro del sistema ideado por el constituyente, sin establecer restricción que no surjan de sus respectivos textos, ni son derivación inequívoca de las materias que en cada uno se regulan, logrando un razonable equilibrio entre las facultades de las provincias de crear impuestos y las de la nación de fijar en todo el país un régimen único de extinción de las obligaciones. Desde esa perspectiva, la potestad legislativa de las provincias no sufre desmedro por la circunstancia que, como todas las obligaciones, también las derivadas de sus tributos deban ajustarse al régimen general de prescripción previsto en los códigos de fondo, evitando de este modo una atomización de pautas rectoras en una cuestión tan importante. Esta solución respeta el art. 31 de la Constitución Nacional que impone a las provincias, en ejercicio de su poder no delegado, adecuarse a las normas dictadas por el Congreso Nacional en ejecución de aquellos que sí lo han sido.

Finalmente, el fallo recuerda que la Corte ha admitido la aplicación de la legislación civil al ámbito del derecho administrativo (Fallos: 190:98 y 321:174), proceder que justifica su aplicación al derecho tributario en la circunstancia que dicha disciplina no está al margen de la unidad general del derecho ni es incompatible con los principios del derecho civil (Fallos: 313:1366). Tal doctrina se aplica a estos autos dado que la norma local carece de aptitud para desplazar la aplicación extensiva de la disposición civil.

Por mayoría simple integrada por los Dres. Fayt, Moliné O’Connor y López, la Corte hace lugar a la queja y al recurso extraordinario, dejando sin efecto la sentencia apelada, con costas (art. 68, C.P.C.C.N.*) y ordena devolver los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí resuelto. Con idéntica conclusión pero según sus respectivos votos, se pronuncian los Dres. Belluscio, Boggiano y Vázquez. Los Dres. Petracchi y Maqueda votan en disidencia.

SEGURIDAD SOCIAL

Acción de repetición. Régimen de Autónomos. Competencia del Fuero de la Seguridad Social.

- Causa: ”Neuss Germán Ricardo Jorge c/Estado Nacional A.F.I.P. s/Acción de repetición“, Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, 22 de abril de 2003.

El actor inicia la acción de repetición ante el Fuero Contencioso Administrativo por el período octubre 1993 a junio de 1998 relativo al régimen de trabajadores autónomos.

La causa se radica en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, Secretaría Nº 6 y el Juez, previa vista al Fiscal, se declara incompetente para intervenir, disponiendo su remisión al Fuero de la Seguridad Social, decisión a la que presta conformidad el accionante. Una vez radicada la actuación en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 4, la Sra. Juez también se declara incompetente fundada en que resulta competente la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal atento la naturaleza de la acción deducida y lo dispuesto por el art. 2 de la ley 24.655. El actor también consiente esta resolución.

En su oportunidad, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, Secretaría Nº 1, compartiendo la opinión del Fiscal preopinante, se declara incompetente por considerar que es el Fuero de la Seguridad Social quien debe intervenir en la causa. Una vez más, el actor consiente la sentencia y pide su urgente remisión al fuero referido.

La cuestión se somete a la decisión de esta Sala que dispone, como medida para mejor proveer, intimar al actor a que manifieste si impugnó judicialmente la resolución de la A.F.I.P. que había rechazado la revisión planteada por aquél en los términos del art. 39 bis del Decreto Nº 1285/58 (conforme art. 26, Ley 24.463) y de la Ley 18.820. El actor responde negativamente la medida y, previa vista al Fiscal, los autos pasan a resolver.

Para el Juzgador, el dilatado procedimiento seguido para definir la efectiva radicación de esta causa obedece, fundamentalmente, a la poca claridad de las normas en materia de competencia. Dado que el accionante no encaró la impugnación según las leyes aplicables, se habilita el conocimiento de esta Alzada en modo directo.

La Ley 24.655 crea la Justicia Federal de la Seguridad Social en el ámbito de la Capital Federal y asigna competencia a los nuevos juzgados que tienen a su cargo las ejecuciones de créditos de la Seguridad Social perseguidos por la D.G.I. (art. 2 inc. e). Sin embargo y no obstante lo restringido de la enumeración, para la Sala lo cierto es que la materia debatida es de naturaleza previsional de modo que no es desacertado someter la presente acción a este fuero por resolver las cuestiones planteadas en esta órbita.

El Tribunal declara la competencia de la Justicia Federal de la Seguridad Social para entender en las presentes y remite los actuados al Juzgado del Fuero Nº 4.

PENAL TRIBUTARIO

Maniobras ardidosas. Presunta evasión de impuestos. Grado de certeza necesario para dictar un sobreseimiento.

- Causa: ”Lipcon S.A. s/Ley 23.771“ (Juzgado Nº 2 Secretaría Nº 4), Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, 8 de octubre de 2003.

El Fiscal de grado anterior apela la resolución que dispuso el sobreseimiento parcial de A.L.P., conforme con el art. 336, inc. 4 del Código de Procedimientos Penal de la Nación, por entender que resulta prematura ya que las pruebas colectadas advertirían la posible existencia del delito que se imputa al nombrado consistente en haber participado en la presunta evasión del I.V.A. y del Impuesto a las ganancias de Lypcon S.A., por los períodos fiscales 1992 a 1995.

La Sala señala que el sobreseimiento es una resolución jurisdiccional por la cual el proceso concluye definitiva e irrevocablemente respecto al imputado en cuyo favor se dicta, la cual encuentra su fundamento en las causales taxativamente previstas por la ley. Por ello, para adoptar tal temperamento, es menester que exista certeza sobre la constitución de algunos de los supuestos previstos en el citado art. 336, situación que -por el momento-, no se habría acreditado en autos.

Al respecto, el fallo observa que la resolución apelada carece del estado de certeza necesario pues, de las declaraciones indagatorias prestadas en esta causa por el propio imputado, surge que era él quien se ocupaba del trato con proveedores, que las cuentas corrientes de la sociedad se encontraban relacionadas con las suyas y que pasaba por la Oficina de la empresa básicamente para ver si los cheques emitidos estaban respaldados con facturación. Además, en la contabilidad de Lypcon S.A. se habrían registrado determinados pagos a proveedores que habrían sido efectuados por medio del libramiento de cheques emitidos a la orden del imputado o, en otros casos, a nombre de la sociedad y cobrados por el nombrado e, inclusive, a nombre de su esposa. A ello se suma que era el referido imputado quien, en su carácter de presidente de la empresa, libraba cheques, algunos de los cuales lo tenían a él mismo como beneficiario o, bien, a su propia esposa.

Por último, la sentencia destaca que los hechos expuestos cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que la maniobra ardidosa habría consistido en la simulación de pagos presuntamente inexistentes a proveedores y que, por el estado de rebeldía de los restantes imputados, no corresponde descartar la participación del nombrado en los hechos que se le atribuyen.

Así, se revoca la resolución apelada, sin costas (arts. 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación).

Multa y Clausura. Emisión de facturas sin controlador fiscal. Necesidad de asentar en el Libro de Registro los inconvenientes verificados en el equipo electrónico.

- Causa: ”Uehara, Patricia Aurora por Infracción ley11.683“ (Juzgado Nº 4 Secretaría Nº 8), Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, 15 de octubre de 2003.

El representante de la A.F.I.P. interpone recurso de apelación contra la resolución del Juez de Primera Instancia que había revocado las sanciones impuestas a la contribuyente.

La decisión apelada se fundó en considerar admisibles los descargos de la administrada y en que la emisión de facturas sin controlador fiscal fue de carácter excepcional.

Para la Sala, del expediente surge que, al efectuarse la inspección origen de la causa, la contribuyente había emitido facturas sin el controlador fiscal exigido por la Resolución General Nº 4104/96 de la D.G.I., texto sustituido por la Resolución General Nº 259/98, modificado por la Resolución General Nº 963/2000, ambas de la A.F.I.P. La propia sumariada reconoció la omisión constatada y sus excusas en relación a la imposibilidad temporaria de hacer uso del equipamiento no han sido mínimamente acreditadas. La ausencia de suministro eléctrico o la conexión por modem con el proveedor del equipo para su actualización, en tanto ello implique la utilización del sistema manual de emisión de comprobantes, debieron haberse asentado en el Libro de Registro que debe llevarse de acuerdo a la reglamentación vigente (art. 4, punto 20 de la citada Resolución General). En el acta de inicio consta que la inspección revisó dicho Libro sin novedades y que el contribuyente no efectuó manifestación alguna al respecto.

El Tribunal considera que resulta irrelevante que las operaciones de venta hayan sido registradas por la contribuyente toda vez que la no emisión de comprobantes en las formas, requisitos y condiciones que fija la A.F.I.P. implica un incumplimiento de los deberes formales del contribuyente que se sanciona por el inc. a) del art. 40, Ley 11.683.

Por ello, se revoca la resolución apelada y se confirma parcialmente el acto administrativo de condena, modificando las sanciones impuestas, las que se fijan en clausura de tres días y multa de trescientos pesos ante la carencia de antecedentes de la sumariada. Con costas.

(*) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

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