Martes  28 de Octubre de 2003

Interna en Covisur por el nuevo marco regulatorio de la ruta 2

Las empresas tienen 90 días para decidir si se van o aceptan las nuevas normas, que quita la disponibilidad de los fondos y destina una parte a obras que manejará la provincia

El nuevo marco regulatorio implementado hace una semana por el Gobierno bonaerense para la operación de las rutas 2 y 11, provocó la ira de las concesionarias Covisur y Camino del Atlántico, respectivamente, y abrió a la vez un abanico de conflictos internos entre las empresas que las integran sobre la postura que tomarán frente al Ejecutivo provincial. Las posiciones son extremas y van de la renegociación a la rescisión del contrato, con la consiguiente llegada a los Tribunales.

Sucede que la provincia cambió las reglas de juego. Eliminó la libre disponibilidad de los fondos que las firmas obtenían por el peaje, que ahora irá a un fideicomiso de donde saldrá el dinero para realizar obras propuestas por el Gobierno. Y otorgó un plazo de 90 días para que las prestatarias decidan si se van o se adaptan a los cambios.

El punto más álgido es que el marco regulatorio no contempla aumento de las tarifas. Las prestatarias vienen reclamando la suba desde que el decreto 2957/01 dispuso el 1º de enero de 2002 una rebaja en el peaje del 50% por tres meses, medida que luego se prorrogó hasta la fecha. Sumada la devaluación, la adjudicataria de la ruta 2 pasó así a tener ingresos de $ 7 por el peaje a Mar del Plata, contra los 14 dólares que cobraba hasta ese momento. Está claro que la negociación estará atada a “la readecuación” de las tarifas, aunque las fuentes oficiales aseguran que no habrá aumentos.

Covisur, en la que participan CCI, Roggio, Esuco y Dycasa con el 25% cada una, es precisamente la que lleva la posición más dura, según fuentes del sector. Viene reclamando a la provincia un resarcimiento de $ 60 millones por esa baja. También padece los mayores desencuentros internos. Según las mismas fuentes, Dycasa, controlada en un 65% por la española Dragados, es la más difícil de convencer.

Oficialmente, los voceros de Covisur afirman que los accionistas están evaluando el marco regulatorio y que no existe aún una posición. Quienes están cerca de las negociaciones aseguran en voz baja que la decisión podría tomarse la semana próxima o directamente en marzo, previo pedido de una prórroga del plazo de 90 días. Pero agregan que no afectará la temporada estival ni habrá aumento de tarifas en esos meses.

Desde Dycasa negaron que exista una directiva de la matriz para dejar su participación en la concesión, como aseguran las fuentes del mercado, y remarcaron que están en la misma sintonía que sus socios. “No tenemos decisión tomada pero nuestra intención es quedarnos. Se tomará una decisión conjunta con el resto de las firmas de la concesión, como hacemos desde hace 12 años, pese a los cambios en las reglas que hemos sufrido hasta ahora”, afirma Jorge Fernández, director comercial de Dycasa.



Evaluar el negocio

El directivo optó por mostrarse conciliador con el Gobierno. “El negocio será más chico pero también las obligaciones de obra. Tenemos que evaluar el equilibrio entre los ingresos y los egresos y analizar si es rentable. El modelo anterior no lo era sin una suba de las tarifas”, agrega el directivo.

Con todo, las versiones se

alimentan aún más con la decisión de la firma, que hasta fin de mes mantiene la concesión de los corredores 1 y 2, de no participar de la reciente licitación para los nuevos corredores viales nacionales, aunque estaba habilitada por el Gobierno. Según Fernández, el negocio principal de la firma es la construcción y el nuevo modelo, que licitará las obras de las rutas, no le interesó a la firma.

La regulación que propone el gobierno de Felipe Solá es similar a la implementada por el Ejecutivo nacional, que no atrajo a Dycasa, pero con una diferencia sustancial: mientras que las concesiones viales que acaba de relicitar el ministro de Planificación Julio de Vido vencían este año y no fueron renovadas, Covisur y Caminos del Atlántico tienen contrato para operar y explotar las rutas provinciales hasta 2012 y 2011, respectivamente.



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