Jueves  15 de Julio de 2010

Impuesto al cheque: ¿de qué estamos hablando?

Desde hace meses, la expresión “impuesto al cheque” está en boca de expertos y de legos. Los principales medios de comunicación se han encargado de que la cuestión esté en la agenda pública y social. Pero, como suele ocurrir, la excesiva mediatización produce que las discusiones se vuelvan superficiales. Casi nadie se ha dispuesto a explicar a una inmensa cantidad de ciudadanos, de qué se trata el famoso impuesto. Y quien lo ha hecho, no ha podido quedar al margen de la politización del tema. Si bien es cierto que no existen medidas económicas sin trasfondos políticos, resulta no menos verdadero que la falta de explicación exacerba las antinomias.

Por eso, parece interesante arrojar algo de luz sobre la cuestión y explicar de qué estamos hablando cuando se menciona el impuesto al cheque, así como analizar, según mi visión, de qué manera el gravamen afecta a las empresas.

Su verdadero nombre es “Impuesto a los débitos y créditos bancarios”. Tal como lo conocemos hoy, fue creado en 2001 a través de la Ley 25.413. ¿Cuál fue su propósito inicial? Gravar “los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria”, a excepción de “los créditos y débitos correspondientes a cuentas de: a) el Estado (nacional, provincial, municipal y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) así como también sus respectivas reparticiones; b) las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas, a condición de reciprocidad; c) las entidades reconocidas como exentas por la Dirección General Impositiva de la Administración Federal de Ingresos Públicos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en virtud de lo dispuesto por la Ley de Impuesto a las Ganancias”.

Es decir, se trata básicamente de un impuesto a las transacciones que realizan particulares y empresas. Ahora bien, ¿por qué se creó este impuesto? La respuesta es sencilla: nació en un contexto de profunda crisis con el objetivo de que el Estado, a través de una recaudación rápida y con escasos requerimientos de fiscalización, pudiera aliviar el desajuste fiscal.

A partir de las sucesivas modificaciones y del cambio del contexto económico, el impuesto se volvió cada vez más importante. El volumen de las transacciones bancarizadas aumentó y, por ende, lo hizo también la recaudación. Es por eso que las provincias comenzaron a reclamar un cambio en la coparticipación que, en virtud de la prórroga aprobada a fines del año pasado, sigue siendo del 70% para el Tesoro Nacional y un 30% para los Estados provinciales.

Más allá de esa discusión política que tiene su reflejo en el Congreso Nacional, no quedan dudas sobre la repercusión que tiene la norma en el ámbito empresario toda vez que impacta directamente sobre sus resultados. Resultan a todas luces razonable, las opiniones de quienes dicen que hasta el 60% del impuesto es solventado por las pequeñas y medianas empresas y, que éste afecta seriamente su competitividad. Si tenemos en cuenta que las pymes participan aproximadamente en algo mas de un 60% del PBI podemos deducir que nos encontramos frente a una penosa realidad.

También podemos, claramente, inferir que el impuesto afecta seriamente a la competitividad de éstas, toda vez que a diferencia de las grandes corporaciones, las pymes carecen de recursos y herramientas alternativas que les permita morigerar la incidencia del tributo en cuestión, a saber: tasas de primera línea, créditos blandos, regímenes de promoción, lobbies y otros instrumentos con los que sí cuentan las empresas de mayor volumen a nivel nacional y en muchas provincias.

Respecto de la discusión a la que estamos asistiendo y teniendo ampliamente en cuenta el panorama anteriormente señalado, y a pesar de ello, no vería conveniente la eliminación lisa y llana del tributo en el actual contexto. Sí estoy de acuerdo con aplicar una reducción paulatina de la alícuota o permitir la utilización de un mayor porcentaje de las sumas retenidas, como crédito fiscal. En la actualidad, solamente 0.20 centavos de cada $ 1,20 son computable a cuenta de impuestos.

Concluyendo y, en mi opinión, el impuesto al cheque no debería ser analizado aisladamente, sino como parte de un sistema tributario que atenta contra la formalidad, a través de impuestos regresivos, multiplicidad de normas, excesivo uso de regímenes de retención y otras cuestiones.

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