Lunes  26 de Julio de 2010

Importaciones: un freno que vale para Moreno pero no para De Vido

Hernán de Goñi, Subdirector periodístico.

Más de una vez se le ha señalado al Gobierno la falta de consolidación que muestra en algunas de sus decisiones. Son muy pocas las veces en las que detrás del andar oficial se aprecia la acción de un macroeconomista (no por nada este es el apodo que uno de los más respetados consultores de la City usa para aludir, con alta dosis de ironía, a Néstor Kirchner). Da la sensación de que los funcionarios tienen metas individuales, sin importar demasiado que las acciones de uno puedan neutralizar los resultados de otro. Está claro que el Poder Ejecutivo es conciente de la forma en la que se suman estos factores. No los ignora, porque no son producto de una anarquía ministerial sino de un rumbo deliberado. La esencia de esta política es que el Gobierno se siente cómodo con el balance que genera (que para muchos es en realidad un desbalance) porque cree que es lo que puede administrar y porque siente que políticamente puede sacarle más ventaja a sus decisiones vistas individualmente, que sumadas en su conjunto.

Veamos, por caso, el trabajo que viene realizando Guillermo Moreno con el sector externo. Aunque su cargo indica que debe preocuparse por la marcha del comercio interior, comenzó a tachar con lápiz rojo el ingreso de mercaderías que a su entender no eran esenciales para el consumo argentino. Comenzó por los alimentos importados, pese a que la mayoría de ellos no afectaba a la producción local ni influía en la canasta de precios que mide el Indec. La práctica, lentamente, se extendió a otros rubros. El tránsito de mercaderías procedente del exterior se hizo más lento, y afectó todo el movimiento de bienes.

Moreno concurrió, incluso, junto a los ministros Amado Boudou y Débora Giorgi, a la sede de la Unión Industrial Argentina para explicitar un poco mejor sus objetivos. Aunque desde el Gobierno nunca se admitió públicamente que había un bloqueo expreso al ingreso de determinados productos, los funcionarios plantearon que una de las necesidades oficiales era equilibrar la balanza comercial y fomentar la inversión en áreas donde su pudiesen sustituir importaciones.

Los empresarios escuchan. Saben que hoy cubren con importaciones buena parte del aumento de la demanda que generó la reactivación en curso. Pero plantean que Moreno también ha frenado el ingreso de insumos que utilizan en sus fábricas, con lo cual cumple un objetivo pero le resta fuerza al otro. Aceptan la predisposición oficial a habilitar líneas de financiamiento a tasas negativas (9% fija en pesos), aunque varios plantean muchas dudas con las recetas aplicadas. Crear (reflotar, precisan los veteranos) una ventanilla para que el BCRA otorgue redescuentos a los bancos que presten estos fondos puede crear riesgos colaterales por la consiguiente expansión monetaria. También plantean que el crédito para invertir no puede provenir de una puerta que hoy está abierta y mañana no se sabe. Cuando el costo al que puede tomar deuda el Estado es más alto que el ofrecido a las empresas, se blanquea una brecha que no es sana si en paralelo el Gobierno no toma otras acciones para reducirla.

Por último, los industriales muestran con preocupación sus costos. Varios sectores ya han perdido la ventaja competitiva que les generó la devaluación de 2002, y todos perciben que si la inflación sigue arriba de dos dígitos, la pulseada salarial les seguirá quitando previsibilidad para expandirse. Cuando se llega a este punto, el debate parece llegar a un vacío. La ventanilla ‘inflación‘ debería ser atendida por cualquiera de los funcionarios que tienen en frente. Pero las definiciones sobre este tema escasean.

Una de las preguntas que sale a flote con este debate es por qué el Gobierno aplica una lógica para equilibrar la balanza comercial ‘industrial‘, pero no la usa en el rubro ‘energético‘.

Es que de hecho el Estado es uno de los principales importadores del país. La petrolera Enarsa, por ejemplo, deberá desembolsar este año cerca de u$s 1400 millones para financiar las compras de gasoil a Venezuela y la importación de gas natural de Bolivia. La adquisición del GNL que llega por barco y se regasifica en Bahía Blanca demandaría otros u$s 500 millones, mientras que Cammesa, la administradora del mercado eléctrico mayorista, invertirá cerca de u$s 400 millones para comprar electricidad a Brasil y Uruguay para suplir la energía generada a gas.

En este rubro, el Gobierno prácticamente no ha generado condiciones para invertir. La producción de petróleo y gas decae año tras año. El sendero de recuperación de precios abierto para el gas en boca de pozo y las naftas no ha sido suficiente para atacar los déficit básicos. Ni siquiera un gigante mundial como Petrobras se siente cómodo en este marco, al punto de encarar un proceso de desinversión que capitalizó Cristóbal López, un empresario con buenos vínculos con los Kirchner.

Aunque el campo podría generar muchas más reservas de las que aportará la actual supercosecha de soja, tampoco le resulta fácil contribuir a este objetivo. El trigo promete repuntar, pero la carne argentina todavía no logró reconquistar los mercados que supo ganar en el pasado.

Como se ve, la premisa de ‘cuidar los dólares‘ del superávit comercial no es pareja para todo el Gobierno. Unos frenan por demás, otros tienen luz verde para gastar todo lo necesario, y el resto no tiene habilitación política para dar incentivos.

¿Falta lógica en este escenario? No, pero la que hay es más política que económica. El sesgo está claro: impulsar y preservar a cualquier costo la producción que alimenta el mercado interno y no afectar el bolsillo de los que usan servicios públicos. Buena parte de los analistas cuestionan este modelo por su inconsistencia a mediano plazo. Al Gobierno por ahora le preocupa que funcione un año más.

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