Jueves  04 de Septiembre de 2003

Franco Macri dice que el Gobierno lo discrimina en la concesión de Correo

Sostiene que es la única concesión a la que no se le permitió renegociar su contrato. Y da a entender que los inversores extranjeros tendrían más derechos que los locales

Ante el trascendido de que el presidente Néstor Kirchner firmaría un decreto para rescindir la concesión de Correo Argentino, Franco Macri, controlante del 69,2% de la empresa postal, pegó un giro de 180 grados en su estrategia defensiva, y empezó a descargar municiones.

Si desde que Kirchner llegó al poder la empresa se había refugiado en un silencio pacificador, sólo quebrado en comunicados referidos a sus bondades, ayer embistió contra el Gobierno acusándolo de “animosidad” y “arbitrariedad” en su contra. Para justificarlo, sostuvo que mientras “las restantes concesiones y privatizaciones consiguieron iniciar procesos de negociación, Correo no pudo siquiera ser recibida por la Comisión Nacional de Comunicaciones, su organismo de control”. Y agregó que, aunque Macri mostró predisposición para salir de la concesión de un modo no conflictivo, “nunca fue recibido pese a haber solicitado entrevistas oficialmente”.

Además, acusó al Estado, como principal acreedor de los $ 900 millones del pasivo concursal de la firma, de haberle impedido alcanzar un acuerdo pese a sus dos propuestas, y de haberle luego rechazado una extensión del plazo para negociar la deuda, “impidiendo al propio Estado cobrar su crédito”.

“Lamentablemente no tenemos defensa internacional. Somos solamente argentinos”, es el fin emotivo del comunicado, en alusión a los numerosos reclamos de empresas extranjeras contra el Estado ante el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial.

Pese a que los dos años previstos en el concurso para alcanzar un acuerdo expiraron el 9 de octubre pasado, Correo evitó entrar en el período de cramdown (previo a la quiebra) dado que a último momento logró que la Cámara de Apelaciones le aceptara un recurso contra el juez Eduardo Favier Dubois, por negarle una prórroga.

Así, la vía judicial empantanó el objetivo del Gobierno: que la conflictiva concesión ligada a la gestión de Carlos Menem, cayera naturalmente, con la quiebra de la compañía. Ahora, desde Balcarce 50 se dejó trascender, en una nota publicada por Clarín, que el Gobierno podría acelerar los tiempos y dictar un decreto que revoque la concesión que pasaría a manos de los empleados hasta la reprivatización. Se apoyaría en los 4 años de cánones impagos (de $ 105 millones anuales), una causa de rescisión hasta ahora no ejecutada. Pero se trata también de una opción más riesgosa, dado que Correo también tiene reclamos contra el Estado, cifrados en más de $ 1.000 millones, por servicios impagos e incumplimiento de cláusulas.



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