Jueves  22 de Julio de 2010

Escasos cambios en el impuesto a las ganancias

La AFIP en forma unilateral, y sin disponerlo aún el Congreso de la Nación -único autorizado para estas modificaciones-, reglamentó un aumento del denominado mínimo no imponible incrementando los conceptos que lo integran en un 20%. De esta manera no conformó a aquellos que representan a los trabajadores, que ejercieron una fuerte presión para producir modificaciones en el impuesto a las ganancias. Según estimaciones realizadas el cambio, representa solo un 3% menos de carga para la mayoría de los casos; lo cual parece francamente ínfima.

Inicialmente se publicitó que la reducción fiscal se aplicaba exclusivamente desde el mes de Julio en adelante. Obviamente de haber sido así los cuestionamientos hubiesen sido inmediatos y frontales. El impuesto es de carácter anual por disponerlo la propia ley y ratificada dicha condición por la Corte Suprema. Al respecto oportunamente se dispusieron medidas de restricción de gastos al fin de un ejercicio comercial, y se aplicaron desde el inicio del ejercicio por reconocerlo así el Alto tribunal a pesar de la inseguridad jurídica que eso implicaba.

Se han escuchado comentarios relativos a la complejidad de la nueva liquidación. No compartimos ese criterio pues la forma de determinar la retención a restar empleado no ha variado. El cambio profundo pretendido es que en caso de surgir saldos favorables al empleado, los mismos no sean devueltos en este año (2010) sino que recién lo percibirán con la liquidación final en marzo del año venidero. De esta forma se protegió a las empresas, pues eran ellas quienes en la práctica devolvían lo retenido en exceso ante estos cambios, y sufrían el perjuicio financiero hasta el momento que pudieran utilizar dicho saldo.

Resulta indispensable alentar un franco debate acerca de las deficiencias que actualmente mantiene el régimen, y sanear así los efectos negativos de un tributo que es pilar en la estructura impositiva argentina.

Es claro que no debe afectar los ingresos esenciales para mantener una vida digna, los cuales comprenden entre otros a los gastos de educación, esparcimiento, alimentación y vestimenta.

La discusión sobre el monto mínimo de subsistencia no gravado, quedaría resuelto si se demuestra empíricamente su composición con precios de mercado y se busca una variable anual de ajuste representativa y definitiva. No resulta razonable efectuar cambios constantes en cada oportunidad que estos valores quedan retrasados consecuencia de la inflación.

Asimismo para determinar el impuesto se disponen deducciones cuyos montos límites también quedan desactualizados ante procesos inflacionarios. Me refiero a los pagos de intereses por préstamos hipotecarios con valores de $ 20.000 anuales, a la amortización de automóviles con tope de $ 4.000 y sus gastos vinculados anuales máximos permitidos de $ 7.200. Los gastos de sepelio, seguro de vida y servicios domésticos también conforman otros ejemplos.

Un problema adicional es el que afecta a quienes determinen quebrantos o les surjan saldos a su favor, ya que no se dispone su reexpresión quedando desvalorizado su verdadero crédito.

Por su parte, quienes desarrollan su actividad en forma autónoma, y mantienen iguales rentas que los empleados en relación de dependencia, deberían tributar idénticos impuestos. Dicha realidad no se cumple desde hace años para los independientes, pues al abonar montos muy superiores respecto de aquellos, se produce una verdadera discriminación.

Otra gran preocupación, es la distorsión que provoca la escala de determinación del impuesto al exigir luego de

$ 120.000 anuales la tasa máxima del 35%, estando ausente en los hechos el concepto de progresividad tan ponderada y necesaria en este impuesto. Dicha tabla hace casi 20 años que no se actualiza generando la consecuencia comentada.

El rumbo debe marcarse y corresponde que sea exigiendo los impuestos en función de la verdadera y cabal capacidad contributiva de los aportantes. Al efecto se recuerda que nuestra propia constitución dice que la igualdad es la base de los impuestos y las cargas públicas. Somos concientes que no resulta sencillo cumplir esta premisa, pero debemos intentarlo.

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