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Energía distribuida para una red inteligente

La microgeneración es, para muchos, lo que dará dinamismo al mercado de fuentes limpias en la Argentina. Los proyectos locales, los números que los respaldan y las normativas que se están elaborando.

Energía distribuida para una red inteligente

La imagen se repite. Grandes molinos de viento dominando hasta el horizonte; paneles ocupando hectárea tras hectárea y haciendo de la superficie un reflejo del sol; extensiones de agua condimentados, aquí y allá, por pequeños aprovechamientos. La revolución renovable se acerca, pero no solo de invertir en grandes parques se trata.

"Vos tenés algo llamado generación distribuida, que es independizarse de los grandes generadores de energía y meter generadores donde puedas. Es mucho más que instalar paneles solares en el medio de Salta, sino instalarlos también en las casas", comienza Miguel Aguirre, director del Departamento de Ingeniería Electrónica y Eléctrica del ITBA. "Esa es la versión vieja -continúa-. Hace dos o tres años, se empezó a hablar de smart grid o redes inteligentes, que es agarrar generación distribuida y empezar a asociarla con inteligencia en la forma de consumir la energía."

A modo de ejemplo, el especialista remite al uso del lavarropas, un electrodoméstico que podría activarse "solo" a las 4 am, cuando la energía es más económica, en lugar de ser usado manualmente a las 2 pm, cuando esta es más cara. "A eso se llama smart grid. Pero, ahora, estamos un paso más allá. Ahora, se está estudiando cómo hacer toda la ciudad inteligente", completa.

En la Argentina, la proyección de una urbe con tal nivel de inteligencia en lo energético todavía parece lejana, pero sí se está comenzándo a trabajar -en determinados casos, ya desde hace algunos años- en dar el primer paso hacia esa meta: la energía distribuida o descentralizada.

Regulación en marcha

En dicho camino, y teniendo presente que la red eléctrica nacional es una, parece imprescindible contar con una norma que la regule a nivel nacional. Y esto es en lo que está trabajando actualmente la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, en donde se aunaron nueve proyectos que fueron presentados en dicha dirección.

"El texto del proyecto se ha consensuado en base a los existentes, y elaboramos ese texto con los equipos de Cambiemos, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador", confirma el diputado Nacional Juan Carlos Villalonga, autor de uno de los proyectos en cuestión. "Ahora estamos aguardando una evaluación técnica del mismo por parte del Ministerio de Energía y Minería (MINEM). Este paso se demoró por el tiempo que demandó y aún demanda la licitación de renovables que ahora está teniendo su ronda complementaria. Apenas el MINEM cierre esta etapa, retomaremos la discusión y esperamos trabajar en base a esas recomendaciones con los demás bloques para tener un texto consensuado para el inicio del año legislativo 2017", añade.

El modo en que está siendo trabajada esta norma, buscando la consulta de los diversos sectores involucrados, recuerda a Juan Bosch, presidente de SAESA, el proceso que derivó en la Ley 27.191 de energías renovables -aquella que dio el marco para que se desarrolle el Plan RenovAr que está a días de abrir las ofertas económicas de su ronda 1.5. "Se está trabajando con un alto nivel de técnica y profesionalismo", destaca.

En cuanto a las especificaciones del texto, Villalonga afirma que resuelve dos elementos esenciales: el permiso a conectarse en la red, por un lado, y el uso de un mismo estándar técnico para todo el país, por el otro.
"El proyecto, hoy, prevé un sistema de tarifa de incentivo que es manejada por la autoridad de aplicación para establecer su valor y segmentación según potencia o tecnología. Ahora estamos evaluando algunas alternativas más en cuanto a mecanismos de promoción. También procuramos que el proyecto no cierre puertas en cuanto a posibles esquemas de negocios o inversiones que pueden aparecer en este mercado", explica, a lo que Bosch acota: "Creo que el mensaje de esta ley está, no tanto en su cuerpo, sino en su espíritu. Se trata de englobar a todos los prosumidores para darles un marco amplio a partir del cual puedan actuar. Creo que se está buscando transparentar y dinamizar un mercado que estaba muy quieto".

Ahora bien, para que este dinamismo pueda suceder, no solo el proyecto de distribuida debería convertirse en ley -algo que, estima Villalonga, podría ocurrir durante el primer semestre del próximo año-, sino que los contratos entre privados deberían ser reglamentados. "Hoy, un consumidor no puede comprar energía eléctrica. Está prohibido", señala Bosch, haciendo mención de una resolución que la entonces Secretaria de Energía publicó en 2013 y así lo establece. "Están prohibidos los contratos entre consumidores y generadores en el mercado eléctrico mayorista. Esto sigue vigente. Hoy, aún falta desatarle las manos a los privados para que puedan tomar decisiones de compra de energía y, con ello, de inversión."

Si las versiones se confirman, no obstante, el MINEM podría desatar dichas manos este mismo mes, al sancionar las reglas para los PPAs (Power Purchase Agreements) privados. A partir de entonces, estos quedarían liberados a "jugar", con el Estado solo ocupándose de constatar que estos contratos se adapten a las normas, pero no incidiendo en la negociación sobre el precio, los plazos y otras condiciones. "Una vez reglamentados, los PPAs privados van a anticipar la gran explosión que van a tomar las renovables con la generación distribuida", se entusiasma el presidente de SAESA.

Un repaso de bases

Ahora bien, el proyecto de ley que aquí se describe busca darle un marco legal a un desarrollo que, si bien está en pañales en la Argentina, tiene amplia aceptación a escala global: la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables a microescala, y su inyección a la red de media y baja tensión. Esta modalidad permite que la distribución de electricidad se lleve a cabo de forma más equilibrada, y que una ciudad no dependa tanto de las grandes centrales. Por otra parte, la microgeneración reduce las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Según especifica Julio Durán, integrante del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) desde 1977 y profesor Asociado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), una represa hidráulica o un campo de generadores eólicos de gran tamaño también pueden ser considerados una fuente alternativa de energía, pero lo central al hablar de distribuida es que los usuarios generen parte de la energía que consumen.

En el caso de la generación distribuida a baja escala, que puede instalarse en casas, dependencias públicas, escuelas, etc., se colocan paneles solares fotovoltaicos (hay otras fuentes posibles, pero esta es la manera más común) y un inversor que transforma la corriente continua en corriente alterna, explica Durán, quien, hasta hace pocos meses, fue el director del mencionado departamento. El consumo normal de una vivienda habitada por una familia tipo puede ser satisfecho por una instalación de aproximadamente 2 KW de potencia pico nominal provista por 10 panales solares estándar, y la red funciona como reserva cuando la energía solar no es suficiente. De este modo, no hay necesidad de instalar baterías muy caras que encarecerían (aún más) el costo de una instalación que ronda entre $ 80.000 y $ 100.000.

Ya son varios los países, como Italia, España, Australia, Canadá, Dinamarca y Uruguay (entre muchos otros que cita el ingeniero Electricista Jorge Andreotti, que se dedica al asesoramiento de empresas en electricidad y telecomunicaciones), que tienen en marcha proyectos para que los usuarios puedan producir su propia energía eléctrica y vender el sobrante a las distribuidoras (recuperando, así, el valor de la inversión).

Si bien esta iniciativa empezó como un desarrollo en sí mismo, a lo largo de los años se han incorporado otros conceptos. Primero, los de redes eléctricas inteligentes (smart grids) y medidores inteligentes (smart meters); luego, todos los mencionados (incluida la generación distribuida) convergieron como parte integrante de las ciudades inteligentes (smart cities), tal como explica Aguirre al inicio de esta nota. En una ciudad inteligente, profundiza, todas sus partes -inversión social, comunicaciones, infraestructura- se relacionan para generar un desarrollo económico sustentable. Esto incluye, por ejemplo, la producción de energía y el tratamiento de residuos. "Las ciudades se analizarán como un solo elemento", dice el experto del ITBA, y agrega que, en el futuro, los autos eléctricos que devuelvan energía a la red cuando estén enchufados sin usarse serán parte del planeamiento urbano a nivel energético.

Cambio cultural

Mientras tanto, en la Argentina, recién ahora parece haber una voluntad real por parte del poder político central para avanzar con estos desarrollos que, como objetivo de máxima, deberían transformar culturalmente el consumo de electricidad: verbigracia, pasar del derroche o el descuido al planeamiento, que, si bien termina en el Estado, debe comenzar por casa. "Como acá la energía fue muy barata durante mucho tiempo, uno, dos o diez cafés, entonces, ¿para qué voy a levantarme a apagar la luz del patio?", se pregunta Aguirre. "Falta generar una conciencia de que ahorrar va a ayudar a todos: habrá más energía para distribuir entre la misma cantidad de personas."

Las provincias pioneras en materia de legislación son, en primer lugar, Salta, Mendoza (ver página 4) y Santa Fe. En esta última, la Resolución 442 de la Empresa Provincial de Energía (EPE) data del año 2013 y permite que los particulares inyecten electricidad a la red para potencias de hasta 15 KW, tras cumplir una serie de requisitos técnicos. La manera en que esta se factura es la siguiente, de acuerdo a la citada resolución: primero, se contabiliza la electricidad consumida a la tarifa habitual y, luego, se descuenta la energía generada al precio de compra en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). De todos modos, una decisión política aumentó este valor, que es más bajo que la tarifa que pagan los usuarios, a $ 5,5 a través del programa "Prosumidores", que busca que más usuarios instalen generadores de energía distribuida. Por ahora, no son más de 15 en todo Santa Fe, dados los costos y el nulo beneficio económico. Con este plan, hasta 100 usuarios por año podrán conectarse a la red con paneles solares, biodigestores o aerogeneradores de baja potencia, y la tarifa diferencial servirá para solventar las instalaciones.

Otro ejemplo tiene sede en la provincia de Buenos Aires, donde, a través del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) creado en 2013, se incentivó la asistencia técnica y financiera para que proyectos de generación distribuida -de 100 KW como mínimo- inyecten su producción a la red.

En 2014, la firma Aldar, pionera en la fabricación de paneles solares en el país desde hace 24 años, ganó una licitación para construir una instalación de este tipo en Brandsen, a la altura del peaje Samborombón de la ruta provincial 2, kilómetro 90,5. "Tiene la particularidad de que, de los 100 KW, 95 están en una estructura fija y 5 sobre un seguidor de dos ejes, que hace que se mueva siguiendo al sol como un girasol", cuenta su gerente Comercial, Alejandro Zitzer. "Inyecta energía a la red y, además, le resolvió los problemas de tensión a los chacareros y productores de la zona", agrega. Actualmente, la compañía está construyendo un proyecto similar en la localidad de Arribeños, Buenos Aires, pero con una potencia instalada de medio megavatio (cinco veces el proyecto de Brandsen). Además, asistieron en los proyectos de Armstrong y Centenario.
 

Neuquén, por su parte, aprobó en julio último su ley de energía distribuida, tras una discusión en tres comisiones de la Legislatura, que incluyó a representantes de la empresa estatal Invap, el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN). Aunque aseguran que será rentable para quienes quieran instalar, dado que ofrecerán valores diferenciales, la ley aún no sido reglamentada; de todos modos, sí está en marcha un proyecto piloto en la localidad de Centenario.

Más allá de los gobiernos provinciales, el interés por este tipo de generación eléctrica alcanza a distintas organizaciones y empresas que se reunieron en el Proyecto Iresud, para "impulsar la tecnología y el desarrollo de estos sistemas de energía en la Argentina, y su paulatina incorporación a la red eléctrica pública, para complementar al resto de las fuentes de electricidad existentes", describe Durán, quien estuvo a cargo del proyecto hasta su finalización, el pasado mes de mayo, con un evento multitudinario que tuvo lugar en la provincia de Tucumán.

En esta participaron algunos actores ya mencionados: la CNEA, la UNSAM, Aldar; además de la distribuidora Edenor, Eurotec (proveedor de productos de nutrición animal), Qmax (proveedor de dispositivos electrónicos para realizar un uso más eficiente y sustentable de la electricidad) y TE Conectivity (proveedor de conectividad tecnológica desde la automoción y aeroespacial). El mismo fue subsidiado por los Fondos Argentinos Sectoriales (FONARSEC), a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt).

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