Domingo  09 de Noviembre de 2003

En búsqueda de un nuevo equilibrio entre el Gobierno y las privatizadas

La disputa entre el Gobierno y las compañías privatizadas en torno al ajuste de tarifas alcanzó picos de máxima tensión. Sin embargo, a partir de un correcto análisis de las posibles acciones y costos, es probable alcanzar un equilibrio que resulte beneficioso para las dos partes y la sociedad en su conjunto.

En un intento de formalizar la discusión, resulta interesante plantear la actual situación dentro del marco de la Teoría de los juegos (desarrollada por von Neumann y Morgenstern en los años 40). Para ello, debemos comenzar por describir los tres elementos comunes a todos los juegos: a) los jugadores; b) la lista de posibles acciones o estrategias que tiene cada uno de ellos y c) los resultados que corresponden a cada una de las combinaciones de acciones.

Los jugadores son las privatizadas y el Gobierno. Supongamos, a su vez, que cada uno puede tomar sólo dos acciones. En el caso de las empresas se trata de invertir o no invertir, mientras que para el Gobierno se limita a ajustar tarifas o no.

En cuanto a las utilidades que recibe cada una de las partes, a partir de su propia elección y de la decisión que toma el otro participante, consideremos dos alternativas bien diferentes.

La primera de ellas asume que las utilidades que recibe cada uno de los jugadores se encuentran determinadas a partir de un criterio individualista y de corto plazo. Bajo este supuesto, aparecen lo que en teoría de los juegos se llaman “estrategias dominantes” (es decir, aquella acción que genera las máximas utilidades para uno de los participantes independientemente de lo que elija el adversario). En este caso, la estrategia dominante para el Gobierno sería no ajustar las tarifas (a partir del perjuicio de corto plazo sobre el poder adquisitivo de la población, ignorando los costos de mediano plazo de este accionar sobre la calidad de los servicios). Asimismo, las privatizadas tendrían por estrategia dominante la decisión de no invertir (que en el corto plazo les permite mantener los márgenes entre ingresos y costos, pero que en el mediano plazo les puede implicar un serio perjuicio, producto de una pérdida de la concesión).

Frente a esta situación, ¿existe la posibilidad de alcanzar un equilibrio? Para responder a este interrogante debemos remitirnos a lo que se conoce como el “equilibrio de Nash” (teoría desarrollada por el matemático John Nash en 1951, por la cual recibió el Nobel de Economía en 1994). Dicho equilibrio no es más que la representación de una combinación de acciones (estrategias), tal que la acción que elige cada jugador es la mejor que puede elegir, dada la del adversario. En otras palabras, una vez alcanzado el equilibrio de Nash ningún jugador tiene incentivos para alejarse de su estrategia actual.

El equilibrio se alcanza cuando cada una de las partes elige la estrategia dominante. En este caso, y dado que la estrategia dominante para las empresas es no invertir, al tiempo que para el Gobierno es no ajustar las tarifas, el resultado de equilibrio del juego implica una situación poco satisfactoria para la población y para los jugadores.

Un escenario con las características que acabamos de detallar resultaría mediatamente perjudicial tanto para el Gobierno (que debería asumir el costo político de los problemas en la calidad de los servicios) como para las empresas concesionarias (producto de la rescisión de los contratos por incumplimiento de los mismos).

Supongamos ahora que, a diferencia del caso anterior, las utilidades que recibe cada uno de los jugadores se encuentran determinadas a partir de un criterio global y de mediano/largo plazo. Bajo este nuevo escenario, la estrategia dominante para el Gobierno sería ajustar las tarifas. Es que, si bien existiría un impacto inmediato sobre el poder adquisitivo de la población (que en parte podría ser suavizado), las autoridades computarían dentro de su función de utilidad los costos (políticos y sociales) futuros del deterioro en la calidad de los servicios. De la misma manera, las privatizadas tendrían por estrategia dominante la decisión de invertir (a partir de ponderar los beneficios futuros que implica mantener la concesión, y los perjuicios de perder la concesión antes del plazo previsto).

Bajo este esquema, surge un nuevo y único equilibrio de Nash, el cual establece que la solución estable al conflicto implica una decisión conjunta de ambas partes por ajustar las tarifas e invertir. Este equilibrio es sin dudas mucho más beneficioso, porque asegura la correcta provisión de los servicios públicos, condición necesaria (aunque no suficiente) para el crecimiento económico.



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