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Empleo en un Estado descentralizado

Según un estudio de CIPPEC, en el país hay casi 3,9 millones de empleados públicos. La entidad propone trabajar en criterios de eficiencia.

La cantidad de trabajadores del Estado se expandió 70% entre 2001 y 2014, en especial por las incorporaciones en los gobiernos provinciales y municipales, que explican el 50% y el 32% de ese aumento. En la actualidad, un 18% de las Población Económicamente Activa (PEA) es empleada por el sector público, es decir, casi 3,9 millones de personas, lo que ubica al país por encima del promedio de América latina, aunque por debajo de países como Francia (22%), Canadá (20%) o Reino Unido (21%). Las cifras surgen de una investigación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que busca con las cifras abrir el debate sobre la calidad y la eficiencia del Estado en su rol de empleador.
"Nos llevó dos años calcular seriamente cuántos empleados tiene el Estado en todas sus esferas porque no hay estadísticas confiables. Nos basamos en la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) y la Encuesta permanente de Hogares (EPH) y los resultados sorprenden y creemos que ayudan a desterrar prejuicios", explica a El Cronista Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del CIPPEC. La difusión del informe coincidió con las denuncias y despidos tras el recambio de Gobierno, el 10 de diciembre, aunque el investigador aclara que "hay que eliminar la lógica binaria de pensar si son muchos o pocos, sino en la calidad de ese empleo y su utilidad para mejorar los servicios a los ciudadanos".
Menos centralismo
Entre los prejuicios que erradica el estudio, muestra que el Estado Nacional, como empleador, no fue el que más contribuyó al crecimiento del empleo. En gran parte, la descentralización de actividades a cargo del PEN hacia las 24 provincias y los 2.259 municipios del país hicieron engrosar las filas en los estamentos más locales del Estado. La carga que implicó la transferencia muchas veces no se condijo con la transferencia de recursos, lo que afecta la calidad de ese empleo. Diéguez invita a estudiar el tema y trabajar en él ya que las provincias destinan nada menos que 55% en promedio al pago de salarios, cifra que sube hasta el 65% en el caso de los municipios.
Otra paradoja que desmitifica el estudio es sobre la actividad que realizan. "La figura del burócrata de Gasalla no es real. Solo un tercio son administrativos; un 20% trabaja en Seguridad y Defensa; otro 20% en Salud y otro tanto en Educación", explica. "Es necesario fortalecer y sofisticar los mecanismos de reclutamiento y selección para el ingreso de los trabajadores al Estado, entendiendo que es más complejo y dinámico que en 2003".

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