Lunes  10 de Noviembre de 2003

El rol de los jueces en el acuerdo preventivo extraconcursal

El Acuerdo Preventivo Extrajudicial o APE es un contrato de reestructuración de deuda entre un deudor y sus acreedores que es oponible a todos los acreedores quirografarios una vez que es conformado por la mayoría de los acreedores que dispone la ley y es homologado judicialmente.

El APE tomó relevancia a partir de mayo de 2002, cuando la Ley 25.589 reformó la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) disponiendo que el APE homologado sea oponible a todos los acreedores quirografarios, incluyendo aquellos que no hubieran firmado o se hubieran opuesto al mismo. Anteriormente, el APE sólo era oponible a los acreedores que lo hubieran aceptado.

Una de las grandes virtudes del APE es su flexibilidad de contenido. Bajo el APE las partes pueden acordar quitas, esperas, pagos en efectivo o en especie, capitalización de créditos, entrega de obligaciones negociables (ON) simples o convertibles, acciones, ‘warrants’, u otras formas de modificación o extinción de las obligaciones del deudor. También puede ofrecerse a los acreedores que elijan entre varias opciones de acuerdo, o crearse categorías de acreedores a las cuales se ofrecen diferentes términos.

No es necesario que la firma de los acreedores sea puesta el mismo día. El deudor puede reformular varias veces la propuesta hasta obtener la aprobación de las mayorías legales.

El APE debe ser aprobado por los acreedores quirografarios computados en base a una doble mayoría: (a) más del 50% de los acreedores computados individualmente, per capita, sin considerar los montos de sus acreencias, y (b) más de 2/3 del pasivo quirografario total, calculado sobre el monto de la deuda contabilizada.

Las mayorías que dispone la LCQ para el APE prevalecen sobre las mayorías acordadas contractualmente (por ejemplo, bajo un APE puede disponerse una quita en una ON, aún cuando bajo los términos de la ON se requiera una conformidad del 100% para realizar dicha quita).

Una vez obtenidas las mayorías, el deudor presenta el APE para su homologación ante el juez competente, junto con un estado de activo y pasivo, un listado de acreedores y un detalle del monto de capital y porcentaje que representan los acreedores que han firmado el APE, entre otros documentos.

A partir de la presentación judicial se suspenden las acciones de contenido patrimonial contra el deudor, incluyendo en opinión de la doctrina mayoritaria los pedidos de quiebra en trámite. No obstante, no suspende el curso de los intereses (a diferencia del concurso).

A los efectos de la homologación, el juez debe revisar fundamentalmente el cumplimiento de las mayorías legales. También verificará que el APE no viole principios generales de la ley (orden público, abuso de derecho, etcétera), y que se cumpla el principio de igualdad de trato a todos los acreedores. El juez no debería analizar el mérito del acuerdo como forma de solucionar la crisis. Una vez presentado el APE, el juez ordena la publicación de edictos. Durante un breve plazo los acreedores podrán presentar oposiciones fundadas en el incumplimiento de alguna de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior.

El APE ofrece ventajas tanto al deudor como a los acreedores. Para los acreedores que prestan su conformidad, elimina el riesgo que los acreedores disconformes obtengan un acuerdo mejor posteriormente, riesgo que corren en una reestructuración sin APE. Para el deudor, requiere las mismas mayorías y produce los mismos efectos que un concurso preventivo, con la diferencia que es más económico, rápido, preserva mejor la imagen y el deudor conserva la administración de la sociedad sin intervención judicial. Dependerá de nuestros jueces interpretar sabiamente la figura, sin desnaturalizarla, completando acertadamente las lagunas legales que existieren. Ello permitirá consagrar el APE como una herramienta útil para la reestructuración de deudas en la Argentina.



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