Lunes  11 de Febrero de 2008

El presupuesto de la responsabilidad solidaria en el caso de los contratistas

En este trabajo, el autor desarrolla el tema de la responsabilidad solidaria que establece el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El diseño de la protección del trabajador establecido por la ley de contrato de trabajo impone que en ciertos casos de contratación o subcontratación entre empresas se asigne a una de ellas (la contratante) responsabilidad solidaria por las obligaciones que la contratista o subcontratista tenga respecto de los trabajadores o de los organismos de la seguridad social. La norma expresa el deber primario de la contratante de exigir a su contratista el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. De esta manera la ley amplía la protección a los trabajadores de los contratistas, pues en la estructura de la relación jurídica, respecto de las obligaciones del empleador, agrega otro deudor frente al trabajador que podrá dirigir útilmente su reclamo contra aquél, La jurisprudencia ha precisado que el trabajador puede reclamar la totalidad del crédito al empleador o al obligado solidario, sin que tenga que demandar a ambos conjuntamente Empero la norma laboral establece un presupuesto de la responsabilidad solidaria que se restringe a ciertos contratos sin que se aplique a todos los supuestos de la contratación empresaria. En efecto, la ley dispone que quienes "contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social" (LCT, artículo 30) En su redacción actual la norma dispone que además la empresa contratante debe ejercer el control sobre el cumplimiento de obligaciones del contratista o subcontratista respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios y que el incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los contratistas o subcontratistas que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. Mucho se ha discutido sobre si esa responsabilidad solidaria resulta desplazada frente a la acreditación del control por parte del contratante o si existe en todo supuesto de incumplimiento del contratista pues la ley impone al contratante que exija a aquél el adecuado cumplimiento de las normas en cuestión, exigencia que parece ir más allá de una mera formalidad sino que perfila una obligación de resultado cuyo implica la responsabilidad solidaria del contratante. Dejamos señalado este problema sin abordar su análisis que restringimos, por una acotación del objeto, al mentado presupuesto de la solidaridad laboral relativa a la utilización de la contratación entre empresas, sin comprender tampoco el supuesto de la cesión del establecimiento o la explotación habilitado a nombre del contratante, que también está contemplado por la norma.

En este campo es particularmente intensa la diversidad de criterios jurisprudenciales, pues esta falta de uniformidad en la interpretación ha determinado la aparición de una profusa casuística que puede desorientar al operador jurídico de las normas laborales y provocarle incertidumbre sobre el alcance de sus obligaciones.

1.- Fundamento.

El fundamento de la responsabilidad solidaria en estudio es la ley. Nuestro código civil establece que la obligación mancomunada (que es la que tiene más de un acreedor o más de un deudor) es solidaria cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de de la ley, ser demandada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores. La solidaridad puede resultar de la ley respecto de los deudores (Código Civil, artículos 690, 699, 700 y concordantes) La finalidad de la responsabilidad solidaria establecida por el artículo 30 de la LCT es la aplicación del principio de protección extendiendo la responsabilidad a un sujeto que no es titular de la relación laboral. La posición de los trabajadores resulta más sólida pues pueden demandar a cualquiera de los deudores o a todos ellos conjuntamente, reclamando la totalidad del objeto de la prestación adeudada (Código civil, artículo 705, aplicable a la responsabilidad del artículo 30 de la LCT, CNTrab, en pleno, 3/02/3006, Plenario n° 309, "Ramírez, María Isidora c/Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro" s/ despido" DT 2006-A, p.218)

La responsabilidad solidaria que establece la norma es ajena a la idea de fraude laboral, situación que resulta cubierta por otra figura normativa.

En los casos de fraude por interposición de personas la ley resuelve el caso mediante la atribución de la calidad de empleador al sujeto que recibe la prestación, sin desobligar al supuesto interpuesto (LCT, artículos 14 y 29 primera parte) En consecuencia no es exigible la prueba de fraude laboral alguno para la aplicación de la responsabilidad solidaria del artículo 30 de la LCT pues su existencia no forma parte del presupuesto normativo.

No obstante, en la argumentación desarrollada por la Corte Suprema en una causa, se atribuye a la responsabilidad solidaria establecida por el artículo 30 de la LCT una finalidad diversa pues menciona que "con ello se persigue evitar la interposición de "hombres de paja" entre un trabajador y su verdadero empleador y realizar los ponderables fines tuitivos del ordenamiento laboral, con cita de los antecedentes parlamentarios de la ley 20.744 y de la opinión del senador Pennisi expresada en la Cámara de Senadores. En realidad, como lo recuerda el profesor Mario Ackerman en "Antes y después de "Rodríguez" ("Breve memoria de un paradigmático vaciamiento y mutación de la tutela normativa" en Revista de Derecho Laboral, 2001-1, p. 191 y siguientes) el artículo 32 de la Ley 20744 establecía la constitución de una relación de empleo directa con la empresa contratante (denominada "principal") solución acorde con la prevención del fraude laboral . El texto de la segunda parte de la norma mencionada disponía que "Cuando se contrate o subcontrate, cualquiera sea el acto que le dé origen, obras, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento y dentro su ámbito se considerará en todos los casos que la relación de trabajo respectiva del personal afectado a tal contratación o subcontratación, está constituida con el principal, especialmente a los fines de la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo y de la representación sindical de la empresa".

Respecto de la responsabilidad solidaria generada por la realización de ciertos contratos el texto originario de la ley de contrato de trabajo estableció que "Quienes contraten o subcontraten con otros la realización de obras o trabajos, o cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre para la realización de obras o prestación de servicios que hagan a su actividad principal o accesoria tenga ésta o no fines de lucro, deberán exigir a éstos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto hayan concertado.." (LCT, artículo 32, texto de la ley 20744) Como se puede apreciar el presupuesto de la responsabilidad solidaria establecido en el texto originario era significativamente más amplio que en el texto legal actual, pues comprendía no sólo la actividad principal sino también la accesoria del establecimiento.

El presupuesto de la solidaridad determinado por el texto vigente se restringe a los trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito (LCT, artículo 30) La fórmula adoptada ha sido interpretada diversamente por la doctrina y la jurisprudencia.

2.- Interpretación amplia.

Un criterio interpretativo amplio postula que "por actividad normal y específica propia del establecimiento no debe entenderse sólo la actividad principal - en el sentido en que lo principal se suele oponer a lo accesorio -; la expresión comprende también a las actividades que pudieran ser calificadas de secundarias o accesorias, con tal que estén integradas permanentemente al establecimiento". Por lo tanto, excluye del ámbito de aplicación de la norma la actividad extraordinaria o excepcional (López, Justo en "Ley de contrato de trabajo comentada" por López, Centeno y Fernández Madrid, Bs. As., Contabilidad Moderna, 1978, tomo I, p. 258)

Otra posición incluye la actividad necesaria para alcanzar el objetivo que persigue la organización, y comprende la actividad "que si bien no hace per se al fin de la explotación, ésta no se puede llevara cabo sin ella, ya sea por razones técnicas o de carácter legal". Entiende que todo lo referido al mecanismo de seguridad, limpieza, servicio médico, guardería, cuando ésta última es exigida por la ley, completan o complementan las operaciones de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa (LCT, artículo 6°) (Candal, Pablo en "Ley de contrato de trabajo comentada y concordada" coordinada por Raúl Horacio Ojeda y dirigida por Antonio Vázquez Vialard, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2005, tomo I, p. 361).

En otra interpretación doctrinaria se postuló que respecto de la actividad específica debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien aquello que es principal de lo que no lo es, y que no sólo corresponden a aquella calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquéllas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias) de manera que no obstante su carácter de auxiliares, resultan imprescindibles para que se puedan cumplir las otras, pues normalmente integran como auxiliares la actividad. Por ello consideró que una empresa dedicada a operaciones financieras, si bien los servicios de seguridad y limpieza no conciernen directamente al cumplimiento de las operaciones del fin económico de la empresa, son indispensables para que éstas puedan realizarse (Vázquez Vialard, Antonio en "Tratado de Derecho del Trabajo" dirigido por el autor citado, Buenos Aires, Astrea, 1982, tomo II, p. 348).

3.- Interpretación estricta (no extensiva)

Algunas interpretaciones doctrinarias han procurado distinguir las distintas clases de actividad que se pueden desarrollar en un establecimiento a los efectos de determinar el alcance de la aplicación de la solidaridad laboral que la ley establece. Se ha expresado que la actividad es normal cuando se realiza en forma habitual y permanente en el establecimiento de una empresa determinada y que tal actividad es además específica y propia cuando resulta inherente a su finalidad productiva (Robinson (h) Ricardo J. "Extensión de la responsabilidad laboral a las empresas en los casos de cesión y fraccionamiento de la actividad productiva" DT 2005-B, p. 1736). El autor señala que hay actividades que pueden ser normales del establecimiento por su persistencia y reiteración en el tiempo, pero no hacen a su actividad específica. Agrega que el interrogante se plantea con relación a ciertas actividades que resultando de ejecución normal en el giro del establecimiento, devienen ajenas a su especificidad productiva, como sería el caso de las actividades normales, que si bien son no específicas, resultan coadyuvantes a la actividad principal del empresario. Al respecto hemos mencionado la posición de Vázquez Vialard que ubica la actividad coadyuvante y necesaria en correspondencia con la actividad específica.

En la jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado por una interpretación estricta del artículo 30 de la LCT. En el caso "Rodríguez", la Corte expresó que "la norma comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos en los que se contrata prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, "la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones" (artículo 6°, ley de contrato de trabajo)."Agregó que en los contratos de concesión, distribución, franquicia y otros contratos comerciales, "la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario, por lo que no existe contratación en los términos del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo" (considerando 10)

La Corte distinguió entre el objeto social y la actividad del establecimiento al precisar que "la formulación del objeto social ... ordinariamente tiene por fin asegurar la capacidad y el ámbito de actuación eventual de la persona jurídica, pues el artículo 30 citado...no se refiere al objeto ni a la capacidad societaria sino a la actividad real del establecimiento. Las figuras delegativas previstas por aquella norma, en lo pertinente, contratación y subcontratación, son inherentes a la dinámica del giro empresarial y, por ello no cabe examinar su configuración con respecto al objeto social". También precisó que para nazca la referida solidaridad "es menester que una empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al artículo 6° del mismo ordenamiento laboral"(considerando 11) (CSJN, 15/04/93, "Rodríguez, Juan c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro" DT 1994, LIII-A, p. 753)

En otra causa posterior, al conocer un recurso interpuesto por la codemandada Sociedad Rural, contra una sentencia que le asignaba responsabilidad solidaria laboral por servicios de gastronomía prestados por un concesionario dentro del predio de aquélla, compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal Felipe Obarrio, quien argumentó que la sentencia de cámara prescindió del criterio expresado por la Corte en el sentido de que no basta a efectos de la asignación por responsabilidad solidaria la índole "coadyuvante" de la actividad para el desenvolvimiento empresario (con cita de Fallos: 316:1610) marco que en el mejor de los casos, cabría situar aquella "no fundamental" destinada a proveer al público asistente y a los propios socios de la entidad ruralista una serie de servicios encaminados a brindar una estada gratificante..." La Corte declaró procedente el recurso y dejó sin efecto la sentencia apelada, reiterando así su interpretación estricta del artículo 30 de la LCT (CSJN, 14/09/2000, "Escudero, Segundo y otros c/ Nueve A S.A. y otro" DT 2001-A, p. 97, con nota de Carlos Pose "De Rodríguez a Escudero o la ratificación de una interpretación estricta del artículo 30 de la ley de contrato de trabajo").

El criterio estricto que excluye la actividad considerada coadyuvante para el desarrollo de la empresa del ámbito de aplicación de la responsabilidad solidaria laboral ha sido reiterado por la Corte en el fallo dictado en "Pergullo, Pablo c/ Comedores Administrados S.R.L. Comad S.R.L. y otro" (CSJN, 28/10/2003, D.T. 2004-A, p. 798) en el que compartió e hizo suyos los fundamentos y conclusiones del Procurador Fiscal Felipe Obarrio, que había dictaminado en ese sentido y argumentó que si esa amplitud de aplicación fuera admitida por la interpretación judicial caería en letra muerta no sólo el texto de la disposición, sino la posibilidad ciertade que más empresas asuman los riesgos propios e inherentes al desarrollo económico. El fallo admitió el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia que había considerado solidariamente responsable a una asociación deportiva (Buenos Aires Lawn Tennis Club) por las obligaciones laborales contraídas por el concesionario del servicio de bar y restaurante ubicado en su propiedad, concesión conferida para disfrute de los socios e invitados que concurren a sus instalaciones.

En un fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de hecho interpuesto contra una sentencia de cámara que condenaba a una asociación civil por deudas salariales, indemnizatorias y certificaciones reclamadas contra las empleadoras que explotaban mediante un contrato de concesión un establecimiento gastronómico que la asociación civil Jockey Club posee en el Hipódromo de San Isidro. La mayoríarechazó el recurso con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que faculta a la Corte para rechazar, según su sana discreción y con la sola invocación de esta norma, el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia. En su voto en disidencia, el juez Dr. Lorenzetti puntualizó que en el caso se trataba de determinar si una entidad que tiene como objeto propender al mejoramiento de la raza caballar y al fomento de las actividades culturales, científicas y deportivas debe responder por las deudas laborales de empresarios a quienes concedieron la explotación de un establecimiento gastronómico. Recordó que cuando se trata de un contrato que celebra una parte con otra, la regla es que no hay acción directa de los empleados de la segunda pues se aplica el principio del efecto relativo, Las múltiples contrataciones que puede celebrar una empresa con terceros, están sujetas a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla (, art. 1195 del Código civil) Agregó que la interpretación estricta del norma del artículo 30 de la LCT es clara pues es una excepción a la regla general del derecho común y la norma citada establece un primer requisito que es la existencia de un supuesto delimitado por subcontratación o contratación de trabajos o servicios que correspondan a su actividad normal y específica. Consideró que la contratación en el caso de una actividad normal y específica, debe tener alguna relación con los supuestos de subcontrato, es decir con actividades propias que se delegan con dependencia unilateral, y que no es posible responsabilizar a un sujeto por las deudas laborales que tengan las empresas que contrate, aunque los bienes o servicios sean necesarios o coadyuvantes para la actividad que desempeñe, porque en tal caso habría que responder por las deudas laborales de los proveedores de luz, teléfono, aire acondicionado, informática, publicidad, servicios educativos, alimentación, vigilancia, gerenciamiento y muchos otros. Concluyó que en los supuestos de contratos con terceros, la solidaridad se produce cuando se trata de una actividad normal y específica, entendiéndose por tal aquella inherente al proceso productivo. Esa interpretación estricta lleva a la conclusión de que el servicio de gastronomía no es una actividad normal y específica, sin que bastare para la asignación de responsabilidad solidaria la índole coadyuvante o necesaria de la actividad para el desenvolvimiento empresario. (considerandos 11, 12 y 14 de su voto) (CSJN, "Castro Bourdin, José Luis c/ Jockey Club Asociación Civil y otros")

4.- Conclusión.

La responsabilidad solidaria que establece el artículo 30 de la LCT en el caso de contratos realizados entre empresas se condiciona a que se trate de trabajos correspondientes a la actividad normal y específica propia de la contratante. La frase que describe el presupuesto de la solidaridad puede significar que la actividad contratada debe ser parte de esa actividad de la contratante o tener relación con ella. Si se admite esta segunda variante, se da al precepto un significado amplio y difuso pues dependerá del intérprete la mayor o menor amplitud que de a la extensión de la norma, comprendiendo solamente la actividad necesaria para el desarrollo de la actividad normal y específica propia del contratante o aquélla que es coadyuvante o aún la accesoria pero integrada a la actividad normal del establecimiento.

Por nuestra parte compartimos la interpretación estricta de la norma que propicia como correcta la atribución de responsabilidad solidaria solamente en el caso en que la actividad contratada sea parte de la actividad normal y específica que caracteriza al establecimiento sin comprender a otras actividades que puedan ser consideradas necesarias para su desarrollo. Pero aún la definición de los trabajos o servicios que integran la actividad normal y específica puede ser compleja, por lo que la decisión dependerá del caso concreto y del análisis de las facetas de esa actividad para determinar si alguna de ellas integra el objeto contractual del contrato celebrado entre las empresas. Esto implicará la prosecución de la discusión y de la casuística pero en un cauce más acotado y riguroso. En este sentido algunas decisiones judiciales han considerado algunos servicios como parte de los servicios normales y específicos ofrecidos por la empresa fabricante (el servicio de garantía ofrecido por el fabricante de automóviles, prestado por la concesionaria de éste, CNTrab, sala III, 10/03/04 "Finnella, Miguel c/ Fiore S.A. y otro" DT 2004-B, p. 1063) o que son inescindibles de la actividad normal y específica (las tareas de vigilancia desempeñadas en una entidad bancaria pues se trata de una institución destinada a la custodia de valores en ella depositados; CNTrab, sala VII, "Báez, José c/ Vanguardia Seguridad Integral y Privada S.A. y otro" DT 2007-A, p. 214).

5. La cuestión en el trabajo agrario.

El Régimen Nacional de Trabajo Agrario (RNTA) aprobado por la Ley 22248 establece la responsabilidad solidaria en el caso de los contratistas mediante el empleo de una oración menos equívoca que la utilizada por la ley de contrato de trabajo. En efecto, el artículo 9° del RNTA dispone que "Quienes contrataren, subcontrataren o cedieren total o parcialmente trabajos o servicios que integraren el proceso productivo normal y propio del establecimiento, serán solidariamente responsables con sus contratistas, subcontratistas o cesionarios del cumplimiento de las normas relativas al trabajo y a la seguridad social, por el plazo de duración de los contratos respectivos" La norma agrega que no existirá esa solidaridad "respecto de las tareas que habitualmente se realizaren con personal no permanente, cuando el contratista constituyere una empresa de servicios y su principal aporte no se limitara a la organización del equipo de trabajo".

Pero también impone que "Para que la solidaridad tenga efecto se deberá demandar previa o conjuntamente a los contratistas, subcontratistas o cesionarios", requisito legal que desplaza la solución inversa adoptada por la recordada jurisprudencia plenaria para el ámbito de la ley de contrato de trabajo (CNTrab, Plenario nro. 309, antes citado).

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