Miércoles  14 de Julio de 2010

El novedoso concurso preventivo de Metrogás

La presentación en concurso preventivo de Metrogas marca un hito en la historia reciente de las reestructuraciones de deuda en la Argentina. Antes del 2002, salvo esporádicas apariciones de los “clubes de bancos” como modalidad del arreglo extrajudicial con los acreedores (acuerdo preventivo extrajudicial), el concurso preventivo era la única instancia conocida. Con la crisis sistémica y su eclosión en el default corporativo, la situación cambió.

Al amparo de la reforma legal que permitió adherir a los acreedores disidentes de manera compulsiva, las empresas en default optaron casi exclusivamente por el recurso al acuerdo preventivo extrajudicial (APE), como mecánica para su reestructuración de pasivos.

Hubo, es cierto, alguna reestructuración “pura” de mercado, pero el APE se convirtió en la herramienta que presentaba la mejor ecuación de costo-beneficio para la empresa, y que los acreedores institucionales -con capacidad de monitorear la situación real de la empresa deudora-, también aceptaron. Se trató también de una variante novedosa para la Argentina, ya que -salvo alguna excepción-, la empresa optaba por reestructurar exclusivamente su deuda financiera, sin incluir los pasivos comerciales de otra naturaleza. El APE, por sus características, suponía una alternativa superior al concurso preventivo por varias razones.

En primer término, la empresa tenía una flexibilidad importante para testear los niveles de aceptación de sus acreedores mediante las ofertas de canje, que se iban mejorando y ajustando para lograr las mayorías necesarias para su aprobación. Nada entonces de “correr” para conseguir algún voto a último momento para aprobar la propuesta en el concurso preventivo, bajo la amenaza de la quiebra. En segundo, la sindicatura concursal no aplica al APE, más allá de que algunos jueces designaban algún veedor si lo consideraban necesario, pero típicamente sin la plenitud de funciones del síndico. Tampoco la empresa se veía sujeta a las limitaciones de su administración que imponen las normas del concurso preventivo, ni se restringían sus facultades para otorgar garantías o realizar pagos. Finalmente, tampoco -al menos así se entendía- se generaba para las empresas concesionarias de servicios públicos un riesgo de pérdida de la concesión, y ni siquiera se consideraba esperable una intervención del poder público en la empresa.

El punto negativo más significativo para las empresas que encaraban el APE era, probablemente, la presencia de holdouts que pudieran complicar el éxito del proceso de reestructuración, aunque la práctica mostró a ese riesgo como marginal, siendo finalmente un costo a considerar en la reestructuración, pero sin erosionar las importantes ventajas del APE.

Con más o menos conflictos en sede judicial, los APEs fueron exitosos para las empresas que reestructuraron de ese modo sus pasivos financieros, reduciéndose el conflicto a algunas escaramuzas con acreedores minoritarios disidentes, cuyos planteos no tuvieron acogida. Todas las reestructuraciones, por cierto celosamente supervisadas por los steering committees del proceso de reestructuración (típicamente integrado por los principales acreedores financieros), suponían flujos de fondos futuros suficientes para el repago de la nueva deuda. Ello, sobre la base, en muchos casos, de modificaciones de las tarifas de las prestadoras de servicios públicos. Por las razones que fueran, esos supuestos no se cumplieron en todos los casos, y la segunda era de las reestructuraciones se comenzó a vislumbrar con los APEs de TGN y Ausol. En ambos casos, rápidamente se pudo apreciar que la ausencia del Estado en los procesos anteriores no iba a ser idéntica, y llegaron las intervenciones.

Es esta circunstancia, quizá, junto con la eliminación del riesgo de los holdouts, la que explica la sorpresiva decisión de Metrogas de optar por una reestructuración judicial de su deuda, abandonando el hasta ahora sendero preferido del APE.

La decisión, por supuesto, tiene sus riesgos. El nivel de escrutinio judicial es mayor, los tiempos del proceso no se manejan con comodidad y no hay generalmente chances para una segunda (o tercera) vuelta mejorando la oferta a los acreedores. Si en la dinámica del proceso los acreedores comerciales permiten algún contrapeso respecto de los acreedores financieros, y eso favorece la obtención de las mayorías legales, es a esta altura solo una especulación.

En el interín, lo único que está claro es que los acreedores deberán por segunda vez pagar por el infortunio de su deudor.

Los escritos judiciales, terminan por usos y costumbres con la frase “será justicia”. ¿Lo será en este caso?

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