El marco normativo, un camino con altibajos

Pocos lo recuerdan, pero casi dos décadas pasaron desde que la Argentina conoció su primera legislación en favor de las energías renovables. Corría el año 1998 cuando esa primera ley la 25.019 fue sancionada y promulgada, declarando de interés nacional a la electricidad de origen eólico y solar, y estableciendo un sistema de feed-in-tariff (o tarifas reguladas), que preveía el pago de una remuneración adicional por kwh de energía generada y volcada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o a la prestación de servicios públicos.

En los hechos, la normativa tuvo pocos efectos y pasarían ocho años más para que el tema fuera tratado nuevamente por el Congreso Nacional. Con la Ley 26.190, el tema volvió a tomar impulso, pero, ahora, con una meta establecida (que, en un plazo de diez años, la participación de las renovables en la matriz eléctrica nacional alcance el 8%) y reglas de juego más claras para su impulso (como, por ejemplo, las Remuneraciones Adicionales, el Programa Federal para el Desarrollo de las Energías Renovables, el Régimen de Inversiones y el Fondo Fiduciario de Energías Renovables, entre otros).

Pero las barreras pudieron más que la expresión de deseo que esta legislación ilustraba, dado que la mayoría de los instrumentos por ella designados nunca fueron puestos en marcha o, si lo hicieron, su vigencia fue reducida. Esto, junto a la falta de voluntad política que pareció haber para respaldarla con una reglamentación que llegó tres años después de que la ley fuera sancionada condujeron a que sus resultados fueran virtualmente inexistentes, con una proporción renovable que, en 2016, en lugar de representar el 8% de la matriz no llega a alcanzar el 2%.

Quizás como intento de evitar el naufragio de la iniciativa, en mayo de 2009, el Gobierno lanzó el Programa de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables mejor conocido como GENREN, a partir del cual se licitaron 1.000 MW de compra de energía eléctrica renovable, en módulos de potencia de hasta 50 MW, con contratos de 15 años.

El entusiasmo que despertó dicho programa que funcionaba, al igual que los instrumentos de la olvidada Ley 25.019, como un feed-in-tariff se reflejó en los proyectos por 1.436,5 MW que recibió. Sin embargo, por las restricciones que existían entonces al financiamiento externo, no más del 15% de los 895 MW adjudicados, en la actualidad, generan energía.

¿Impulso decisivo?

2015, sin embargo, parece haber sido el año en que las renovables tomaron su impulso decisivo. Fue entonces que el Congreso sancionó y promulgó, por unanimidad, la Ley 27.191, que modifica la 26.190, relanzando el objetivo de que 8% de la matriz nacional sea renovable para fines de 2017 (con fiscalización el 31 de diciembre de 2018) y alcance el 20% para 2025.

En otras palabras, la Argentina se propone, a través de esta normativa, incorporar 10.000 MW renovables en la próxima década. Marcando la continuidad de la política, el gobierno de Mauricio Macri reglamentó la ley en mayo de este año y lanzó, poco después, el Plan RenovAr, a partir del cual se la canalizará.

El primer paso se materializará en pocas semanas con el lanzamiento de una licitación por 1.000 MW (600 eólicos, 300 solares, 65 de biomasa, 20 de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y 15 de biogás), con contratos de hasta 24 meses de ejecución. Estos según las versiones oficiales atraerían una inversión estimada de entre u$s 1.500 y 2.000 millones.

Actualmente, los documentos preliminares de dicha licitación se encuentran a disposición pública (en la página web de Cammesa), dado que el gobierno abrió un período en que todos los interesados pueden hacer sugerencias y consultas no vinculantes. Recién en julio se publicarán y venderán los pliegos y documentos definitivos, tras lo cual se recibirán ofertas hasta el 22 de agosto.

Entre los atractivos que programa este posee, según contó el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind, a El Cronista, se incluyen sus garantías, necesarias para atraer las inversiones que se esperan y que estos proyectos necesitan."Nosotros hemos diseñado un mecanismo de tres etapas en garantías de los contratos de abastecimiento que se firman.

En primer orden, una garantía que está conformada dentro de la estructura del Foder que es un fondo fiduciario creado por ley. Cuando el contratante incumple, está el Foder en la cuenta de garantía con liquidez para garantizar 12 meses de incumplimiento de ese contrato.

Si el Foder no tiene fondos para pagar una terminación anticipada, dispara la garantía soberana, que es el Ministerio de Hacienda reponiendo los fondos del Foder. Si, aún así, Hacienda incumple en su compromiso, dispara la garantía del Banco Mundial con un compromiso para u$s 500 millones de respaldo y garantías", explicó.

Y completó: "Esto es blindar al programa renovable, y sacarlo del riesgo argentino para llevarlo al mercado de capitales. Lo que estamos tratando, con este esquema, es que esto no lo solo funcione, sino que funcione de la mejor manera. Y eso es conseguir financiamiento de calidad, en precios y en plazos".