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El mal ejemplo del Congreso en la vía elegida para inhabilitar a Bussi

El 10 de mayo de 2000 la Cámara de Diputados de la Nación decidió rechazar el diploma de Antonio Bussi, elegido por el pueblo de Tucumán en las elecciones del 24 de Octubre de 1999, para ser diputado de la Nación, argumentando que el candidato estaba moralmente inhabilitado para ocupar el cargo.

Ante esta situación Bussi acudió a la Justicia y la juez Servini de Cubría consideró que no estaba entre las atribuciones del órgano judicial juzgar una decisión política como la adoptada por la Cámara de Diputados, criterio que fue confirmado por la Cámara Nacional Electoral.

Ahora, cuando faltan menos de dos meses para que expire el período para el que Bussi fue elegido diputado, la Corte Suprema de Justicia le da la razón y le permite asumir su cargo, aunque por el tiempo transcurrido la cuestión ha devenido abstracta. Sin embargo es ésta una buena ocasión para analizar si la decisión oportunamente tomada por el Congreso ha sido constitucionalmente válida.

La Constitución Nacional concede a cada una de las Cámaras del Congreso ciertas atribuciones normalmente denominadas ‘privilegios colectivos’. Entre esas atribuciones está la de ejercer facultades disciplinarias sobre sus miembros.

Efectivamente, si algún legislador incurriese en un desorden de conducta, o en alguna causal que lo inhabilite física o moralmente para ejercer su mandato, los demás, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara, podrían sancionarlo con un simple apercibimiento, pasando por una suspensión y hasta con su remoción (Art. 66).

Ahora bien, la aplicación de cualquier facultad disciplinaria sobre un legislador, inclusive la remoción, exige su previa incorporación a la Cámara que lo sanciona, la que recién después está en condiciones de evaluar si existe alguna causa que lo inhabilite física o moralmente para ejercer su cargo, y que por lo tanto dé lugar a su expulsión. Pero además, la Carta Magna dice que la causal de inhabilitación en virtud de la cual se remueve al legislador debe ser sobreviniente a su incorporación a la Cámara que lo sanciona. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados quería sancionar a Bussi, primero debió aceptar su incorporación a ella, y recién luego evaluar su habilidad o inhabilidad moral para ser diputado nacional.

Pero la Cámara le atribuyó a Antonio Bussi la comisión de hechos tales como haber participado del golpe de Estado ocurrido en el año 1976, haber sido gobernador en un gobierno ilegítimo, haber violado sistemáticamente los derechos humanos durante la dictadura militar iniciada en 1976 y haber ocultado la existencia de cuentas bancarias en el exterior; y a partir de esos argumentos consideró que estaba moralmente inhabilitado para ser diputado nacional, y le prohibió su ingreso a ella.

Si el rechazo del diploma de Bussi se fundó en el ejercicio de sus atribuciones disciplinarias, la decisión es inconstitucional por dos motivos: por haberse tomado con respecto a quien aún no había sido incorporado al cuerpo legislativo, y por haber estado fundada en causales anteriores (y no sobrevinientes) al momento en el que debió incorporárselo.

Si el rechazo se fundó en la atribución que cada Cámara tiene de juzgar la validez de las elecciones populares en las que el legislador fue elegido, y de evaluar si reúne los requisitos que la Constitución Nacional exige para ser legislador, la decisión también es inconstitucional porque los motivos esgrimidos por la Cámara han sido ajenos a cualquier circunstancia vinculada con esas cuestiones.

En definitiva, puede no gustarnos que un hombre como Bussi forme parte del órgano legislativo de gobierno, en plena vigencia de un sistema democrático, pero no sólo debe tenerse en cuenta que fue elegido para ello por el pueblo, sino también que es mucho más grave impedir su acceso al Congreso utilizando métodos tan criticables como los que se le adjudican a él.



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