Martes  11 de Mayo de 2010

El fantasma del default vuelve a sobrevolar por Metrogas

Sus accionistas advierten que por el congelamiento de tarifas, que lleva 11 años, la distribuidora no podría hacer frente a sus compromisos financieros

El fantasma más temido en el mundo corporativo, el del default, vuelve a sobrevolar por Metrogas. Este espectro ya había hecho un vuelo rasante por la distribuidora que brinda servicios a usuarios de la Capital Federal y parte del GBA a fines del año pasado. Pero fue espantado por la decisión empresaria de honrar sus compromisos. Ahora, el miedo a una nueva cesación de pagos ha regresado, aunque con mayor fuerza.

Ayer, la empresa informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires los resultados del trimestre finalizado en abril que arrojó una pérdida neta de $ 15 millones. Si bien se trata de una mejora con relación a los $ 39,7 millones de saldo negativo de igual período de 2009, la incertidumbre sobre el futuro de la empresa inquieta cada vez más.

El motivo sigue siendo el mismo: la falta de actualización de las tarifas, congeladas desde 1999, y el constante incremento de los costos para hacer frente a las operaciones. Metrogas tiene un acuerdo con el Gobierno para subir tarifas que está frenado porque el Gobierno pretende que uno de sus accionistas, British Gas, levante el juicio que inició al país en el Ciadi en 2002.

Por este motivo, la empresa presentó en febrero un amparo ante la Justicia.

Ayer, la empresa advirtió en la nota enviada a la Bolsa sobre la posibilidad de no poder hacer frente al pago de un pasivo que ya había sido objeto de ajuste en diciembre del año pasado.

En ese momento, logró eludir el default pagando una deuda por u$s 10 millones con dinero que aportaron sus accionistas British Gas e YPF, que poseen el 54,67% y 45,33% de Gas Argentino, sociedad a su vez controlante del 70% de Metrogas. Otro 20% flota en la Bolsa y el 10% restante es del personal.

Hasta ahora, las decisiones en la compañía la toman los representantes de British Gas ya que YPF no participa de la dirección y sólo se mantiene como espectador. Pero en el mercado se asegura que la relación entre ambos grupos es conflictiva, por las visiones encontradas sobre cómo resolver los problemas de Metrogas.

La familia Eskenazi impulsa negociaciones para convencer a sus socios de no entrar en default, y al Gobierno de aprobar un aumento de tarifas. Otro elemento que habría estado en la mesa de las conversaciones es el ingreso de un nuevo socio. Hasta ahora, no ha tenido éxito, En la petrolera no respondieron a los llamados de El Cronista.

En la nota enviada a la bolsa ayer, además de recordar que el Gobierno “se encuentra en pleno conocimiento de la difícil situación” que sufre “como consecuencia de la falta de dictado de los cuadros tarifarios”, la compañía acusa a las autoridades de “pasividad” y de no cumplir con las obligaciones establecidas por el contrato de concesión. Advierte que “de continuar esta situación “podría determinar que la sociedad vea afectado el pago de su deuda financiera”.

El pasivo de Metrogas oscila en los u$s 250 millones. Y, según la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P), este año debe hacer frente a una deuda de u$s 21,7 millones en dos pagos en junio y diciembre. Y en 2011 debe afrontar compromisos por u$s 21,1 millones.

El mes pasado, la calificadora le bajó la nota a Metrogas advirtiendo que “enfrenta un elevado riesgo de refinanciación”. Lo hizo luego del anuncio de Metrogas de la contratación del banco Barclays para iniciar un proceso de reestructuración de su deuda financiera.

“El perfil de riesgo financiero de Metrogas ha venido deteriorándose especialmente durante los últimos tres años, debido a la combinación de crecientes costos operativos y un elevado descalce de moneda entre ingresos y servicio de deuda, en un contexto de elevada inflación, devaluación del peso y tarifas congeladas”, sintetizó S&P.

Al 31 de diciembre pasado los pasivos bancarios y financieros de corto plazo de la empresa sumaban $ 82,7 millones (u$s 21,3 millones), mientras los de largo plazo ascendían a $ 837,8 millones (u$s 215,9 millones).

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