Lunes  03 de Marzo de 2008

El costo oculto de las sentencias de la Corte

Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia siempre tienen el potencial de repercutir en la macroeconomía. Los expertos recomiendan qué tienen que mirar los jueces para que sus decisiones no generen efectos indeseados.

Cada decisión de un juez repercute en la esfera económica de las partes integrantes del asunto. Sin embargo, hay decisiones jurisprudenciales que definitivamente exceden esa órbita, produciendo consecuencias macro económicas para el país en su conjunto.

Esas son algunas de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que, aunque no son obligatorias para los tribunales inferiores, sientan precedentes importantísimos. A la memoria vienen temas vinculados con las jubilaciones, el corralito, la pesificación,los topes de indemnizaciones, los riesgos del trabajo y una enorme cantidad de etcéteras en los que una sola decisión termina por mover el amperímetro de las cuentas públicas y privadas.

En efecto, cuando un juez de primera instancia decide un caso, siempre lo hace “ex post”, frente a un caso determinado y con suficiente información. Por el contrario, las decisiones de la CSJN, al igual que las de los jueces de las Cámaras de Apelaciones, tienen también efectos “ex ante”: crean precedentes.

“Es por eso que los jueces de los Tribunales Superiores deben saber cómo resolver bien el caso concreto, pero siempre teniendo en cuenta que la norma que aplican, la interpretación que dan y el precedente que crean se aplicará a casos análogos”, indica Juan Sola, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Buenos Aires.

Este abogado está convencido de que muchas veces lo que se ajusta a la justicia y la equidad en un caso concreto tiene consecuencias nefastas en otros. “Y esto es lo que debe tener presente siempre un juez de la Corte al fallar”, resalta.

De la misma idea es Lucas Grosman, abogado especialista en análisis económico del Derecho y profesor de la Universidad de San Andrés. Para él, la Corte no puede abstraerse de las implicancias de sus decisiones y debe adoptar disposiciones sostenibles respecto de un número importante de personas y no solamente de un caso.

Como ejemplo, recuerda el fallo Ramos, que resolvió en 2002 el Máximo Tribunal en su anterior integración. En ese caso una mujer con muchos hijos y sumamente pobre que debía operar del corazón a una de sus hijas y no podía hacerlo por falta de medios para mantenerse durante el tiempo en que debía estar internada solicitó a la Provincia de Buenos Aires una especie de subsidio o salario universal.

“Esta mujer no podía ni siquiera hacer uso del hospital público por falta de medios para llegar a él”, recuerda. ¿Cuál fue el resultado? La mayoría de la CSJN rechazó la demanda.

En términos económicos, lo que la mujer pedía era minúsculo, pero había millones de personas en su misma situación, y aunque la sentencia no lo dice en forma expresa, de los argumentos surge de manera bastante clara que al Superior Tribunal lo que le preocupó fue tener que tomar una decisión que podría tener un impacto económico mayúsculo en el presupuesto.

Hubo en el caso una disidencia de los jueces Fayt y Boggiano, quienes argumentaron que la Corte debe resolver en el caso concreto. “La disidencia dice ‘veamos el caso presente; los futuros se verán en el futuro’”, recuerda Grosman.

Así, la mayoría del Tribunal dice que debe rechazarse el pedido, pero le cuesta distinguir ese caso de otros en los que había resuelto en sentido opuesto; sabe que tiene que rechazar la demanda, pero los argumentos no le resultan obvios.

“El problema con la disidencia es que planteó un imposible: que el fallo no funcionara como precedente”, indica.

En su opinión, la CSJN debió haber resuelto la cuestión de otra manera: teniendo en cuenta el impacto económico, pero encontrando la vuelta para ayudar a la pobre mujer.

Buenas intenciones, malas consecuencias

Otro claro ejemplo para graficar este punto es el relacionado con la Ley de Riesgos del Trabajo y el conocido fallo Aquino. En él, a raíz de la devaluación, el tope máximo que fijaba la antigua ley para las indemnizaciones había sido aumentado. Sin embargo, atento la fecha del hecho, la indemnización que recibiría el trabajador Aquino estaba pautada de acuerdo a los límites fijados antes de la reforma, y en consecuencia quedaba reducida considerablemente. De allí que en una sentencia llena de buenas intenciones, con cita de encíclicas pontificias y demás, la CSJN dijo que la ley era inconstitucional.

“Desde el punto de vista de las buenas intenciones, sólo podemos aplaudir. Pero las consecuencias son pésimas: ahora las pymes deben asumir los costos de un proceso y una indemnización que los puede llevar a la quiebra”, informa Sola.

¿Qué se podría haber hecho? Según este abogado, si nuestro Superior Tribunal hubiera sido más sensato, simplemente habría ordenado que la indemnización fuera mayor. Porque el problema, en ese caso, era que la indemnización no guardaba relación con el daño. Entonces, la CSJN podría haber establecido un estándar que fijara reglas básicas.

“La Corte no hizo esto porque cuando fallaron estaban muy imbuidos con el pensamiento civil clásico del derecho de daños, y porque recibían una presión muy fuerte de los abogados laboralistas”, confiesa.

Por su parte, Eduardo Baistrocchi, consultor del estudio O’ Farrel y director del master en Derecho y Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, sostiene que hay que distinguir el propósito nominal de una sentencia judicial con su efecto empírico. Si bien el propósito nominal del fallo Aquino fue proteger al más débil, al empleado, ha generado una incertidumbre tal que tiene al menos dos efectos económicos importantes: por un lado favorece a los actuales empleados en el corto plazo, pero perjudica a los futuros empleados, ya que desincentiva a las empresas a contratar nuevos a raíz de que el costo de la contratación ha aumentado de un modo tal que resulta imposible de determinar ex ante, explica.

“Así, los ganadores (y es una ganancia pírrica), son los que tienen trabajo hoy, y los abogados laboralistas, y los perdedores son los que no tienen trabajo”, analiza.

En este sentido, nota una analogía en cuanto a sus efectos con la sentencias de la CSJN que suspenden ejecuciones hipotecarias en los casos de viviendas únicas relativamente baratas.

En este caso, los grandes ganadores son quienes tienen viviendas pequeñas y las pudieron adquirir a partir de un crédito hipotecario; los perdedores son quienes querrían tener un crédito hipotecario, pero no lo van a conseguir.

“Estas sentencias destruyen el valor de la hipoteca como un mecanismo de crédito para pequeños ahorristas. Hay un número limitado de ganadores y un número ilimitado de perdedores”, sostiene.

¿Cambio de tendencia?

Sin embargo, Baistrocchi ve un futuro alentador en este sentido, ya que está seguro de que razonamientos como el que está tomando en distintos casos el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, basados en el análisis económico del Derecho, pueden contribuir a echar luz para que el efecto disvalioso de muchos perdedores y pocos ganadores no se repita en el futuro. Así, para este experto existen algunos casos recientes en los que la CSJN ha tomado las decisiones acertadas.

Dos de ellos son Badaro I y II.

En el primero, el Superior Tribunal dijo que el mecanismo de enganche de las jubilaciones hasta entonces vigente violaba la Constitución Nacional y le dio al Congreso de la Nación tiempo para que creara un régimen que enganchara las jubilaciones de modo consistente con ella. El Congreso no hizo nada y entonces, en Badaro II, el máximo Tribunal reasumió el caso y estableció un mecanismo que consideró adecuado: aumentar la jubilación en un 88% respecto del caso en cuestión.

“Debe haber un sistema de movilidad. La duda es cuál adoptar. Por eso, de manera racional, la CSJN delegó su elección en el Congreso de la Nación. Pero como durante un año el Poder Legislativo no hizo nada al respecto, la CSJN dictó el segundo fallo con el solo efecto de empujar al Congreso a actuar”, indica.

Claro que a renglón seguido aclara que, si nuestros legisladores no activan el tema en el corto plazo, esto generará problemas fiscales importantes. “Lo que hizo la Corte, de manera muy sensata, fue dar al Congreso un electroshock para que actuara”, asegura.

Para Sola, sin embargo, éste es otro fallo en el que la CSJN resolvió de manera equivocada. “Otra vez fue sumamente insensata”, declama. Y justifica sus dichos: para él, la CSJN parte de la idea de que la jubilación es un sistema de reparto, cuando en realidad eso es una ficción, ya que el 70% de lo que se paga a los jubilados sale del Tesoro, de impuestos.

“Una decisión de la CSJN es una forma de obligar a aumentar los impuestos”, razona.

Además, para él, la Corte se envolvió en un discurso kantiano de equidad para explicar que a los jubilados no les alcanza, y que corresponde pagarles más. “Decidir tan alegremente el aumento de las jubilaciones es, cuanto menos, un disparate que traerá consecuencias económicas nefastas”, refuta.

Grosman vuelve el tema hacia los casos de impacto económico importante y participación del Estado y resalta que en ellos es fundamental que el juez haga un esfuerzo por entender cuál es el impacto económico y trate de dilucidar qué es razonable exigirle al Estado y qué no. Porque no es lo mismo lo que se le puede exigir al Estado en Alemania, en Senegal o acá, dice.

Aquí, según él, surge un problema porque en la Argentina muchas veces “razonable” es lo que no es absurdo. “Y esa no puede ser la decisión”, indica.

El desafío es definir “razonable” en función de dos variables: por un lado el impacto económico de la medida en cuestión (“cuáles son los principios constitucionales que están en juego, ya que no todos son iguales”), y por otro la importancia de la falta de satisfacción.

“Básicamente, el desafío consiste en encontrar un principio constitucional que en algún sentido permita jerarquizar las distintas necesidades. Los jueces deben determinar cuál es la jerarquía constitucional de una necesidad determinada y en base a ello qué debe hacer el Estado”, concluye.

Por eso, los jueces no tienen más remedio que arremangarse, empezar a tomar en cuenta el tema de la escasez y darle un peso normativo a la hora de definir el contenido de los derechos.

Después, implementar los mecanismos que permitan que el juez entienda mejor qué es lo que se puede hacer en el caso concreto.

Además, y no menos importante, deben moverse entre dos extremos: exigirle al gobierno aquello que éste no quiere hacer -“ahí se prueba una Corte; si no está dispuesta a esto, no sirve”, resalta-, pero tomando decisiones que sabe que pueden ser cumplidas.

Debe hacerun esfuerzo por lograr que sus decisiones se cumplan sin que ello implique renunciar a la interpretación de la Constitución que los jueces consideran correcta.

Casi nada.

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