Lunes  07 de Enero de 2008

El abuso de una noble institución: el beneficio de litigar sin gastos

Para el autor, los tribunales argentinos suelen ser generosos en la concesión del beneficio, al punto de no llegar a evaluar la verosimilitud del derecho que se pretende hacer valer en el juicio principal

El beneficio de litigar sin gastos es el instituto previsto en nuestros ordenamientos procesales con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de aquellos que no se hallan en condiciones de afrontar el pago de los gastos que implica la sustanciación de un proceso judicial.

Su existencia se funda en el principio constitucional de igualdad y en la garantía de defensa en juicio, los cuales podrían verse afectados si el acceso a la administración de justicia se viera limitado en virtud de la carencia o la insuficiencia de los recursos económicos necesarios para hacer frente a los gastos que genera todo proceso judicial.



La concesión de dicho beneficio exime provisoria o definitivamente al peticionante de la obligación de pagar las costas o gastos del pleito, es decir, la tasa de justicia, los honorarios de los letrados y peritos intervinientes y demás gastos necesarios para la tramitación de la causa.

Su petición puede ser formulada antes de promover la demanda o en cualquier estado del proceso (aunque sus efectos sólo serán retroactivos al inicio de la demanda, si se formula con anterioridad a la audiencia preliminar o a la declaración de puro derecho), debiendo contener la mención de los hechos en que se funda y el ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos.

Es importante destacar que la mera petición del beneficio implicará su concesión provisional hasta tanto recaiga la sentencia otorgando o denegando el beneficio.

Dicha resolución podrá negar el beneficio u otorgarlo en forma total o parcial, no causando estado. De esta forma, si la resolución fuere denegatoria, el peticionario podrá ofrecer otras pruebas y solicitar una nueva resolución.

Por el contrario, si se otorga el beneficio, el mismo puede ser dejado sin efecto a pedido de la parte contraria, cuando se demostrare que el beneficiario ha mejorado su fortuna y que se encuentra ahora en condiciones de sufragar las costas del juicio en trámite.

Nuestros Tribunales suelen ser generosos en la concesión del beneficio de litigar sin gastos, y no suelen evaluar la verosimilitud del derecho que se pretende hacer valer en el juicio principal (es decir, aquel por el cual se peticiona el beneficio), a fin de evitar un eventual prejuzgamiento.

De esta forma, cuanto más exorbitantes resulten las sumas reclamadas en el juicio principal, más fácil podría resultar la obtención del beneficio para quien lo peticiona, pues en la mayoría de los casos los jueces efectúan la valoración de la carencia de recursos económicos del peticionario sobre la base de la importancia económica del juicio principal.

Así, cuanto más elevado resulte el reclamo, más elevadas serán la tasa de justicia y las costas proporcionales del juicio, y más difícil será para el peticionario afrontarlas.

Así, frente a las bondades de este instituto, cada vez con mayor frecuencia se presentan en la práctica tribunalicia casos en los que el abuso de la petición o su concesión generosa del beneficio llevarían a resultados injustos; produciendo que -en lugar de garantizar la igualdad de las partes del proceso- se desnivele manifiestamente la ecuación en perjuicio de la parte contraria de quien recibió el beneficio.

Debe advertirse que la obtención del beneficio de litigar sin gastos no resulta inocua para la parte contraria, quien deberá cargar con parte de las costas independientemente del resultado del proceso, pues aun resultando totalmente vencedora en el proceso, deberá abonar el cincuenta por ciento de los honorarios de los peritos intervinientes en el juicio principal. Frente a ello, el peticionario del beneficio no corre riesgo alguno y solo requiere de asistencia letrada para iniciar cualquier reclamo.

Cabe destacar que, aunque se rechace totalmente la demanda, su elevado monto servirá como base para la regulación para fijar las costas en los incidentes y regular los honorarios de los peritos, lo que disuadirá al demandado de efectuar planteos incidentales ante el eventual riesgo de generar costas y lo llevará a omitir el ofrecimiento de pruebas, a fin de evitar el pago del cincuenta por ciento de los honorarios de los peritos.

Así la generalización en el otorgamiento indiscriminado del beneficio de litigar sin gastos, ha fomentado el inicio de demandas infundadas, por montos exorbitantes, en las cuales se alegan infinidad de hechos irrelevantes y se ofrecen numerosas pruebas periciales e incidentes, las cuales -obviamente- generaran onerosas costas.

Frente a este tipo de reclamos, los demandados -conociendo el volumen de las costas que deberán necesariamente afrontar aún cuando se rechace totalmente la demanda- se verán tentados a finalizar lo antes posible el pleito, mediante un acuerdo transaccional por una suma infinitamente menor a la suma reclamada en el juicio.

Por otra parte, lo elevado del monto reclamado en el pleito (aun cuando éste no tenga justificación alguna) resulta un punto de presión adicional para la parte demandada, pues su existencia y cuantía deben ser necesariamente informadas en sus estados contables, afectando su acceso al crédito.

Por ende, sería conveniente que los jueces estuviesen alertas frente a estas prácticas abusivas, siendo más estrictos en la concesión del beneficio de litigar sin gastos, teniendo en especial consideración que frente a los intereses del peticionario, se hallan también los de su contraria, los cuales resultan tan respetables como los de aquél, y que podrían verse conculcados si a un ilimitado beneficio se lo transformase en un indebido privilegio.

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