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El abecé de los procesos de mediación

Los acuerdos extrajudiciales toman relevancia en ámbitos ciudadanos, familiares y comerciales. La referente nacional del área dependiente del Ministerio de Justicia explica de qué se trata esta herramienta.

No todo conflicto termina en juicio y, en el ideario del Ministerio de Justicia, cada vez deberían ser menos. No porque disminuyan los diferendos, sino porque se empoderan nuevas formas directas, más breves y menos burocráticas de resolverlos. La mediación es una de estas herramientas, cada vez más utilizada para solucionar conflictos entre vecinos, familiares, trabajadores o partícipes de un amplio espectro de sectores. Raquel Munt es directora Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos de la cartera que conduce Germán Garavano. Explica a Gobierno & Intendencias de qué se trata esta instancia y cómo puede ser utilizada por municipios y provincias.

- En pocas palabras, ¿qué es la mediación?
Es un método de resolución de conflictos tendiente a que las partes involucradas puedan, conducidos por un mediador, evaluar ellas mismas las distintas posibilidades que tienen de resolverlo. Se centra en el respeto por la autodeterminación.

- ¿Quiénes son los mediadores?
Son profesionales capacitados para desempañarse en la conducción del proceso. Asisten a las partes en una negociación colaborativa y confidencial, promoviendo la comunicación directa entre las partes, tendiente a que sean los protagonistas quienes auto-compongan el conflicto. Los mediadores no trabajan con pruebas, no buscan la verdad de los hechos, no resuelven por las personas. Trabajan con las narraciones que las personas despliegan, con las percepciones que cada una de ellas tiene del conflicto.

- ¿Recurrir a ellos es obligatorio?
Es un proceso voluntario, en el que las partes deben asistir personalmente, decidir los temas a tratar, si permanecen o no en el proceso, si acuerdan o no lo hacen, y el contenido del acuerdo. La mediación puede abarcar distintos ámbitos: prejudicial, escolar, comunitario o penitenciario. La ley 26.589 estableció la obligatoriedad de la mediación previa a todo proceso judicial, salvo algunas controversias excluidas. Las partes deban ir con sus abogados, ya que el mediador, por su rol imparcial, no puede asesorarlas.

- ¿Qué validez tiene?
Los acuerdos celebrados no requieren homologación judicial, salvo que se trate de menores o incapaces. Tienen fuerza de sentencia, con la especial característica que el contenido del mismo lo deciden las partes, con el asesoramiento de sus letrados sobre las consecuencias jurídicas, a fin de que puedan tomar una decisión informada al respecto.

- ¿Cuáles son los ámbitos más comunes de mediación?
Son variados. Dentro de los familiares, los relacionados con los bienes -tanto los de la sociedad conyugal como los hereditarios-, los relacionados con los hijos, que implican la reorganización de la familia, especialmente en cuanto a la manera en que compartirán los tiempos y los gastos. También hay cuestiones comerciales, como cobros de créditos. Otro rubro es daños y perjuicios, relacionados con accidentes de tránsito, muchas veces con lesiones o muertes, o mala praxis médica.

- ¿Qué ventajas tiene?
Tanto en el ámbito prejudicial obligatorio como en el comunitario y voluntario, se logra rapidez en la resolución del conflicto, autocomposición, eficacia del acuerdo porque lo deciden las partes, menor costo económico, descongestión de los tribunales al disminuir el número de demandas judiciales, pacificación social que deriva del contacto directo que se promueve y, en definitiva, el acceso a la Justicia.

- En este sentido opera el programa Acercar... ¿De qué se trata, específicamente?
Busca facilitar herramientas para la prevención y resolución de conflictos vecinales a partir del empoderamiento de la comunidad. Es clave para el manejo de las conflictividades barriales, favoreciendo el diálogo, evitando la escala de violencias y la judicialización de los conflictos. Para eso, agentes especiales, operadores barriales de zonas vulnerables se capacitan para llevarlo a cabo, aunque es muy relevante la acción de las provincias y municipios.

- ¿Cómo se trabaja con la conciliación laboral?
El Instituto de la Conciliación Laboral se creó por la ley 24.635 como una instancia tendiente a reducir la conflictividad judicial resolviendo el conflicto laboral en sede administrativa, brindando a los trabajadores y empleadores, con conflictos laborales, un ámbito propicio que facilite la negociación de sus intereses. El propósito es arribar a acuerdos consensuados, sujetos a homologación o registración. Funciona en el marco del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), en la cartera laboral. Como auxiliar se encuentra el Registro Nacional de Conciliadores Laborales (Renaclo), con dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación.

- ¿Evitan la judicialización?
Los conciliadores laborales contribuyen a modelar el sistema de la justicia laboral. En el desempeño de su rol activo en la resolución de conflictos, deben recurrir a sus habilidades y cualidades personales; sus aptitudes para comunicar claramente, la capacidad para reducir la tensión emocional de las partes, disponerse a ser pacientes y aceptar distintos estilos de vida. En 1997, cuando se creó el Renaclo, se dispuso que haya 180 conciliadores. Este año hemos elevado una propuesta para reabrir el registro.

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