Martes  28 de Octubre de 2003

El Gobierno quiere tener su propia ley de radiodifusión

Kirchner busca tener antes del primer semestre de 2004 una norma que reemplace la de 1980. Para evitar una escalada judicial, da vía libre a entidades sin fines de lucro

Como lo intentaran, sin éxito, los últimos gobiernos democráticos, la administración de Néstor Kirchner quiere una nueva ley de radiodifusión, que reemplace la actual, sancionada en 1980 por la dictadura militar. Pero el proyecto no estaría listo antes del primer semestre del año que viene, según los cálculos de allegados al titular del Comfer, Julio Bárbaro. Sin embargo, para ganar tiempo, el Gobierno prepara en estos días un decreto que permite a las asociaciones civiles sin fines de lucro ser dueñas de radios y canales de televisión. De acuerdo a las fuentes oficiales, se busca firmarlo antes de fin de año.

Hasta ahora, sólo podían ser propietarias personas físicas y empresas, situación que provocó en los últimos años diversas demandas judiciales por parte de organizaciones comunitarias, cooperativas e incluso sindicatos. Hace un mes, la Corte Suprema de Justicia dio la razón a uno de los demandantes y declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión (22.285) que impedía la titularidad a las asociaciones civiles. Un eventual decreto regulando la situación le permitiría al Gobierno frenar una escalada judicial.

El aspecto más polémico de un posible ingreso de ONGs y organizaciones a los medios de radiodifusión es la posibilidad de que las cooperativas eléctricas puedan ingresar en el mercado de la televisión por cable. CableVisión, Multicanal y más de 500 pymes del sector se opusieron enérgicamente a ello en los últimos meses, y ayer repitieron sus críticas en su primera reunión anual, en Río Colorado (Río Negro). “Las cooperativas (que no son todas, sino cuatro o cinco con conexiones políticas) tienen mercados eléctricos monopólicos en sus ciudades que les permitirían subsidiar el precio de la TV por cable, destruyendo a la empresa que se encuentra operando desde hace años”, señaló en su discurso el presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y ejecutivo de Cablevisión, Walter Burzaco.

En el acto participó Juan José Ross, uno de los principales asesores de Bárbaro, quien, pese a señalar que discrepaba “en algunos matices” con la visión de Burzaco, soltó una frase que dejó fascinados a los más de 100 empresarios de cable: “No vamos a hacer nada como Estado que destruya la industria del cable”. La interpretación de la ATVC es que, si bien puede haber un decreto permitiendo el ingreso de las cooperativas a los medios de comunicación, el Gobierno sólo les permitirá tener radios o canales de aire, pero no sistemas de cable. Ross afirmó que la intención del Gobierno es “incorporar a las asociaciones civiles a la titularidad de los medios, pero sin afectar los sistemas que se encuentran funcionando eficientemente”.

Las cooperativas que más interés han mostrado en comenzar a ofrecer TV por cable son las de Santa Rosa (La Pampa), Oberá (Misiones) y Punta Alta (Buenos Aires). “El problema con las cooperativas es que, además de no pagar impuestos, están beneficiadas por un sistema de control muy laxo. Es muy difícil comprobar si realizan subsidios cruzados”, agregó Burzaco.

José Toledo, vicepresidente de ATVC y presidente de Intercable, que reúne a más de 500 pymes de cable del interior, fue más lejos: “La cooperativa de Santa Rosa les cobra la electricidad a sus clientes-accionistas un 28% más caro de lo que debería. Con esa diferencia puede financiar sus otras operaciones, como la del cable, que al principio sería más barato que el de la competencia. Pero estoy seguro de que una vez que desaparezca la firma rival el precio del abono se iría a las nubes”.

Actualmente, 4,5 millones de hogares tienen televisión por cable en la Argentina, un número aún bastante inferior al techo de 6 millones de usuarios conseguido en 2000. La facturación del sector rondará este año los 2.200 millones de pesos.



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