Miércoles  01 de Octubre de 2003

El Gobierno limita la compra de inmuebles por firmas off-shore

Una firma extranjera deberá inscribirse como local si hace más de una compra. Apuntan contra la planificación de impuestos para evadir y la infracción a derechos sucesorios

En una movida que apunta a ejercer un mayor control sobre la actividad de las empresas off shore que operan en la Argentina, la Inspección General de Justicia (IGJ) dio a conocer ayer la resolución 8/2003, que crea un registro de actos aislados de sociedades constituidas en el extranjero, destinado a limitar la compra de bienes inmuebles por parte de esas sociedades. La IGJ estableció que el registro –que abarcará a firmas que compren inmuebles en la Capital Federal– podría hacerse extensivo a otras jurisdicciones.

La normativa es una continuidad de la resolución 7/2003, –anticipada por El Cronista el 26 de septiembre–, en la que el organismo fijó nuevas condiciones para reconocer a las sociedades extranjeras en el país.

Ahora, la IGJ crea un registro que se formará con las constancias de los actos inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, que deberá informar a la IGJ sobre las compras declaradas como actos aislados, accidentales o esporádicos.

Con esa nómina, la IGJ apunta a transparentar la compra de grandes inmuebles, campos, buques, aviones o vehículos de valor, la constitución o cesión de hipotecas o la constitución o compra de prendas sobre bienes de industrias o comercios.

Según la IGJ, el registro da cumplimiento a la Ley de Sociedades Comerciales (19.550) y permite “dificultar mecanismos de legitimación de activos de origen ilícito, el uso indebido de la planificación fiscal con fines de evasión, la transgresión a normas en materia de derecho de familia o sucesorio, o la limitación de responsabilidades patrimoniales de socios o controlantes de sociedades off shore”.

Según el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, existen más de 10.000 inmuebles comprados por sociedades extranjeras que invocaron haber hecho actos aislados, de las que no se sabe quiénes son sus socios o directores.



Reincidentes y argentinas

Si al analizar la información de ese registro la IGJ concluye que una misma sociedad extranjera realizó reiterados actos que declaró como aislados, que juntos adquieren significación económica, podrá intimar a esa off shore a registrarse ante la IGJ como una sociedad argentina.

Tras ser conocida la resolución, el inspector de Justicia, Ricardo Nissen, recibió apoyos y críticas. Un letrado que asesora a Pymes reconoció que “muchos empresarios buscan evitar figurar como compradores de inmuebles o campos, escudándose tras la máscara de sociedades extranjeras, para evadir al fisco, a acreedores o a familiares. Y lo hacen declarando que las compras son actos aislados”.

La resolución impactará sobre esas off-shore, por ejemplo, SAFIs armadas por argentinos en Uruguay, para ocultar bienes al fisco, acreedores o cónyuges.

También le pegará fuerte a firmas extranjeras que operan como pequeños prestamistas informales, ofreciendo préstamos de escribanía y tomando como garantía la hipoteca de un inmueble. En este caso, ya existen sentencias contra sociedades que, dueñas de un inmueble declarado como acto aislado, tuvieron luego que ejecutar una hipoteca y se les negó esa posibilidad por no estar inscriptas como sociedades locales. En este sentido, ya hay dos fallos, que fueron criticados por buena parte de la doctrina.

Para Rafael Manóvil, socio de M. y M. Bomchil, “la resolución sólo apunta a cumplir una norma formal, la de inscripción de sociedades extranjeras, tal como la entiende Nissen”. Según Manóvil, “la IGJ no tiene facultades para determinar si una sociedad extranjera realiza actos aislados o una actividad habitual. Ésa es una cuestión de hecho, que debe resolverse caso a caso”. En cambio, Juan Sonoda, abogado del estudio Beretta Kahale Godoy, opina que “a diferencia de la resolución 7, ésta es razonable: se dirige a identificar a argentinos que recurren a off-shore para ocultar bienes en el país. No va a preocupar a ningún inversor serio”, estima.



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