Martes  28 de Octubre de 2003

El Gobierno impugnará los juicios ante un Tribunal del Banco Mundial

El Procurador del Tesoro liderará la defensa argentina. Explicó que algunos juicios perderían “sustento”. La idea de impugnar jurisdicción ya registra fallos en contra

El Gobierno dispuso la creación de una Unidad de Asistencia para la Defensa Arbitral

(UNADAR), cuyo objeto será recuperar la jurisdicción local en los juicios entablados contra el Estado en tribunales internacionales.

El anuncio fue hecho por el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el Procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, quien estará al frente del organismo, que también integrarán representantes de la Cancillería y de los ministerios de Economía y de Planificación Federal.

La defensa en estos juicios será una política “de Estado”, a cargo del cuerpo de abogados estatales y posiblemente por la Federación de Colegios de Abogados, cuya opinión es que “la defensa del patrimonio estatal en juicio constituye un factor estríctamente vinculado con la soberanía”, señaló Rosatti.

“Estamos preparando una defensa muy acérrima del Estado frente a los arbitrajes internacionales y del CIADI (Centro Internacional para Arreglos y Diferencias sobre Inversiones, una agencia del Banco Mundial). Estos procesos encontrarán a la Argentina ejerciendo una defensa técnica a la altura de las circunstancias”, indicó el Procurador.

Según Rosatti, las demandas contra el país salieron “indebidamente” de jurisdicción. Los Tribunales internacionales deberían intervenir sólo cuando se agotan las instancias locales, señaló, y puso como ejemplo derechos personales “sublimes”, como los derechos a la vida y a la libertad de expresión, que contrastó con los reclamos de las empresas privatizadas, que podrían tornarse “abstractos” y perder actualidad.

“Las presentaciones (de las empresas) están absolutamente desmadradas y pensadas en una perspectiva de descalabro económico que no ha ocurrido”, dijo el Procurador. El valor de los reclamos equivale al presupuesto nacional anual.

Las demandas ante tribunales arbitrales suman 23, por un valor que el Gobierno estima en u$s 16.000 millones. La mayoría son ante el CIADI (ver infografía). Además, hay otros 38 casos denunciados, pero aun no registrados ante el Tribunal.

Según la Constitución, “la resolución que dicta un tribunal internacional no constituye una palabra definitiva y podría ser revisado en los tribunales argentinos”, afirmó Rosatti. Un comunicado de prensa oficial destacó además que “la mayoría de estos litigios ha sido llevada adelante en los últimos dos años por empresas concesionarias de servicio privatizadas y dentro de ellos la mayoría está vinculada a la pesificación de las tarifas”.



Estrategia peligrosa

La preocupación del Gobierno por los juicios ante el CIADI se debe al fracaso de la principal línea argumental que la Argentina sostuvo hasta ahora: impugnar la jurisdicción, una pretensión que fue rechazada varias veces, e incluso en el juicio que se encuentra hoy en la etapa más avanzada: el de la norteamericana CMS Energy, socia de Transportadora de Gas del Norte. Hasta el miembro del Panel Arbitral designado por la Argentina, el brasileño Francisco Rezek, rechazó ese planteo. Anteayer, cuando se conoció la decisión de anular el decreto de Menem que sometía a arbitraje juicios entre el Estado y los Bulgheroni, Rosatti mencionó el “exequator”, esto es la revisión de la decisión de los Tribunales foráneos en sede local.

Ese recurso, señaló un experto que prefirió el anonimato, correría sólo a los juicios por la deuda en default, si los acreedores intentaran ejecutar bienes estatales fronteras adentro. Pero no en el caso del CIADI, cuyos laudos son “obligatorios”.

Otra línea de trabajo es la de Cancillería, que recientemente formó un grupo de Trabajo con EE.UU. para afirmar como “doctrina” que un socio minoritario no puede entablar una demanda ante el CIADI. Esa idea también nada contra la corriente, pues fue rechazada en un juicio de Lanco (terminales portuarias) contra la Argentina, que al final fue arreglado entre las partes..

La fecha clave en el juicio de CMS Energy es el 17 de noviembre, cuando la Argentina presente su descargo, que será la base de la defensa en todas las demandas. Cualquiera sea el laudo arbitral, tendrá consecuencias (positivas o negativas) sobre los demás pleitos. El argumento básico del Gobierno es que el CIADI no puede enjuiciar “la política económica” de un soberano. Además, se argumentará que cualquier evaluación debe abarcar el horizonte contractual, no el perjuicio en un momento determinado.



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