CAMBIÓ LA ESTRATEGIA Y BUSCA COMPLICARLOS JUDICIALMENTE POR EL CORTE

El Gobierno denunció a los ambientalistas de Entre Ríos

La Casa Rosada no ordenó reprimir la protesta y sigue trasladando la responsabilidad a la Justicia, que ya ordenó tres veces despejar la ruta

El Gobierno se metió de lleno en el terreno judicial para buscarle una salida al corte de Gualeguaychú, que ya lleva más de tres años. Para ello, decidió presentar denuncias penales y civiles contra diez referentes de la asamblea vecinal, con la intención de debilitar la protesta.

Fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández –acompañado de un mudo ministro de Justicia, Julio Alak, que minutos antes había llegado desde Entre Ríos, donde se habría reunido con el juez de la causa, Gustavo Pimentel–, quien anunció que la presidenta Cristina Kirchner decidió que el Gobierno se presente como querellante en la causa contra los ambientalistas, quienes sostienen la protesta contra la pastera UPM (ex Botnia).

Sin preguntas de por medio, Fernández se limitó a hacer un monólogo en el cual informó sólo el trazo grueso de la presentación que el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, hizo en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

“Hemos presentado una denuncia penal con nombre y apellido contra aquellos que con su conducta han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos , sostuvo el jefe de los ministros.

Si bien el jefe de Gabinete repitió al menos dos veces que la denuncia fue hecha con “nombre y apellido , ambos funcionarios se retiraron abruptamente del salón cuando Fernández finalizó su exposición, sin identificar a los asambleístas que fueron denunciados.

Más tarde, una fuente oficial dejó trascender que son 10 de los asambleístas que más exposición tienen en el conflicto los que fueron denunciados, aunque fuentes judiciales no descartaban que en la presentación haya algunos nombres más. Con esta contradicción y la falta de precisiones quedó claro que la estrategia K fue no dar a conocer los denunciados.

Lo que sí le interesó a Fernández fue precisar los cargos por los que eran denunciados los asambleístas. Las denuncias penales se basan en el entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, atentado al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentado al orden constitucional y la vida democrática, sedición, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento. En cambio, la presentación civil, según el funcionario, fue porque esas personas “generaron el cierre de centenares de negocios, perdida del trabajo del transporte, del turismo y de exportaciones e importaciones, de obstrucciones que impactaron en los pueblos aledaños, de imposibilidad de movimientos de productos argentinos colocados en el Uruguay y de la compra de productos uruguayos que necesitan los argentinos . Fernández reiteró que para el Gobierno el corte debía haberse terminado con el fallo de la Corte de La Haya.

En el Gobierno ratificaron que la política de “no reprimir sigue firme. Hasta ayer por la mañana tanto Alak como el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguraban que la idea era enviar a la Gendarmería y remitir los datos al Juez de los asambleístas que no levantaran el corte. A esa hora, Cristina reunió a Fernández, Alak, Da Rocha y el jefe de Gendarmería, Héctor Schenone en Olivos. Viendo que los asambleístas estaban dispuestos a resistir, la estrategia cambió y, al mejor estilo K, decidieron ir a fondo por la vía judicial.

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