Lunes  28 de Enero de 2008

El Gobierno analiza mantener los millonarios subsidios a colectivos

Las empresas del sector advirtieron que la suba de tarifas que rige desde el 1º de enero no les alcanza para pagar más sueldos. Reclaman a Jaime más fondos para evitar paros

Pese a que hace menos de un mes entró en vigencia el aumento promedio de 20% en los boletos de colectivos de corta y media distancia, el Gobierno analiza la posibilidad de mantener, e incluso ampliar, el monto de los millonarios subsidios que periódicamente distribuye entre las empresas del transporte público de pasajeros para financiar el costo de los servicios del sector. La continuidad de la asistencia del Estado a los propietarios de colectivos forma parte de una negociación reservada que llevan adelante funcionarios de la Secretaría de Transporte, que conduce Ricardo Jaime, y representantes de las principales líneas de autotransporte de pasajeros, según confiaron a este diarios empresarios del sector. Desde Transporte, en cambio, dijeron desconocer la existencia de esas conversaciones.

En 2007, el Gobierno distribuyó entre las empresas de colectivos de corta y media distancia $ 2.387 millones en subsidios, a razón de $ 198 millones mensuales, de acuerdo con un informe realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación. Pero en diciembre pasado, la administración nacional autorizó a partir del 1º de enero un incremento de 20% promedio en las tarifas del transporte urbano de pasajeros, que estaban congeladas desde la crisis de 2002, con el argumento oficial de que ese ajuste permitiría terminar con el esquema de los subsidios.

Si bien el aumento en las tarifas era un viejo reclamo de las empresas del sector, la suba autorizada por Jaime no alcanzó a compensar las pretensiones de las compañías. En el medio, se produjo un extraño episodio cuando varias líneas interurbanas comenzaron a cobrar un boleto especial de $ 1,20 por los viajes entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Tras las denuncias de los usuarios, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) obligó a dar marcha atrás con esa suba, pero desde el sector empresario siempre se aseguró que ese aumento había sido acordado con Jaime para compatibilizar el precio de los boletos en la región metropolitana.

“La suba en las tarifas ayuda, pero no alcanza. Sólo si se mantienen los subsidios se puede garantizar un equilibrio en el sector. Y eso sin contemplar el aumento salarial que está reclamando la UTA”, advirtió uno de los empresarios consultados. Las paritarias entre los propietarios de colectivos y la representación gremial de los choferes se inició a mediados de enero. Por ahora la discusión está centrada en el reclamo de la UTA para que las empresas incorporen a los salarios la suma fija no remunerativa de $ 450 que los choferes cobran desde julio pasado. Pero desde el gremio que conduce Roberto Fernández adelantaron que pretenden para 2008 una recomposición cercana al 30% y que sólo firmarán un acuerdo por seis meses, por temor a que el ajuste salarial quede licuado por la inflación.

Frente al planteo de la UTA, las empresas redoblaron la presión sobre Transporte para asegurar la continuidad de los actuales subsidios y reclamar un aumento adicional de esa asistencia. Según sus previsiones, si se fija un incremento salarial de 20% para los choferes, el parámetro que el Gobierno aspira a imponer a la mayoría de los gremios, las empresas necesitarán otros $ 100 millones mensuales en subsidios para financiarlo.

En los próximos días, los propietarios de colectivos presentarán a la Secretaría de Transporte un informe con el que buscarán demostrar que el impacto del incremento en las tarifas no logra compensar sus costos de explotación, por lo que necesitan de la continuidad de los subsidios. A ello sumarán su inquietud por la amenaza siempre latente de los choferes de recurrir a medidas de fuerza.

Para el Gobierno, se trata de un tema complejo, dado que el reclamo de las empresas de colectivos podría disparar pedidos similares de parte de los concesionarios de trenes y subterráneos, que también reciben millones del Estado.

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