Miércoles  29 de Octubre de 2003

El Congreso, dispuesto a darle los superpoderes que quiere Kirchner

El Gobierno entendió que el país sigue en emergencia y el Congreso no tiene inconvenientes en delegar por otro año las facultades legislativas

El presidente Néstor Kirchner no quiere ser menos que sus antecesores, ni que el ex superministro Domingo Cavallo. Por eso ayer giró al Congreso el proyecto de ley que extiende por un año la emergencia económica y que le delega facultades legislativas en para el manejo de las políticas sociales, económicas, administrativas, financieras y cambiarias.

El proyecto incluyó la pesificación de los créditos no bancarios a razón de un peso más CER por dólar y convalida el canje de depósitos por bonos, mientras mantiene la prohibición de la actualización por índices sobre el resto de los contratos de la economía.

El bloque justicialista salió rápidamente a expresar el apoyo al pedido de Néstor Kirchner, como para dejar en claro cuál es el real apoyo que cuenta el Presidente en el Congreso más allá de su pretensión de conformar un frente de centroizquierda.

Sin embargo, la arremetida no alcanzó para lograr ayer mismo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ante la negativa de la Unión Cívica Radical que pidió una semana de plazo para analizar el proyecto en conjunto con el bloque de senadores. De todas maneras, el presidente del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, admitió que “mientras el país siga en default, sigue la emergencia”.

El vicepresidente del bloque del PJ, Julio Gutiérrez, anticipó que el justicialismo buscará ahora dar dictamen la próxima semana al proyecto, que lograría una sanción paralela a la del Presupuesto 2004.

La ley sancionada el 5 de enero de 2002 incluyó en su punto central la salida de la convertibilidad, la devaluación del peso y la pesificación de la economía. En lo formal, declaró la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, pero estableció que el Ejecutivo sólo pude usar esos poderes para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y cambiario; reactivar la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos; crear condiciones para un crecimiento sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública y reglar las reestructuración de las obligaciones afectadas por el nuevo régimen cambiario.



La nueva emergencia

El proyecto no contempla una indexación para nuevos contratos como había trascendido, pero si estableció el sistema de actualización que tendrán los préstamos contraidos previos a la devaluación por afuera del circuito financiero.

En ese sentido, establece que en las obligaciones de dinero existentes al 6 de enero concertadas fuera del sistema financiero, haya o no mora, serán pesificadas y se aplicarán la normativa vigente en cuanto al CER o el CVS (que ayer fueron derogados por el Congreso) o el mecanismo de ajuste que en su futuro los reemplace.

Además, el proyecto estipula que si una de las partes considera que con este ajuste el valor es inferior podrá pedir un reajuste equitativo del precio, con excepción de las personas que se encuentran en mora.

También establece el procedimiento mediante el cual se deberán resolver los efectos que eventualmente surjan de la aplicación de tales métodos de actualización reafirmando la plena vigencia del principio del esfuerzo compartido.

En caso de situaciones ya resueltas entre las partes o por disposiciones emanadas de sentencias judicial se establece claramente que no se alterarán las mismas por la aplicación de la modificación propiciada.

Por otro lado, el proyecto no contempla la situación de las tarifas dado que este tema formó parte de una ley especial donde se otorgan facultades al Gobierno para renegociar los contratos con empresas de servicios públicos, que el Congreso podrá aprobar o rechazar.

La iniciativa elimina el segundo párrafo del artículo 6 de la anterior ley que se refería a las deudas contraidas con el sistema financiero debido a las sucesivas normas dictadas tras la sanción de la emergencia económica y apunta a evitar colisiones entre disposiciones de diferente rango.

En cambio, incluye un apartado para convalidar el canje de depósitos por bonos.



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