Dos conductas inaceptables

Existen a la fecha 1965 causas que investiga la Justicia por la utilización de franquicias diplomáticas para contrabandear autos de lujo importados. A esta altura del escándalo, la modalidad del delito parece bastante clarificada. En principio, aparecen dos situaciones inadmisibles y que sin duda debe castigar la ley, aunque en algunos casos existe además la presunción de un delito de orden moral, por cuanto ciudadanos argentinos de alto poder económico utilizan sus influencias y sus contactos para evadir los impuestos. Es cierto que en Argentina resultan exageradas las cargas para importar vehículos, pero de ninguna manera una traba impositiva (como las hay tantas en tantos sectores) puede justificar infringir la ley y, mucho menos, dar cobertura a quienes pudiendo pagar lo que corresponde, se avivan por su posición social y sus contactos con las embajadas.

En general, se presume que los individuos o empresas que compraron a precios de mercado autos importados que venían con franquicia diplomática, actuaron por derecha y de buena fe, y en muchos casos ni sospecharon, aún sabiendo el origen de los rodados, que se trataba de estar participando en una irregularidad. Está claro que los principales actores del delito, en estos casos, han sido concesionarios, gestores, gente de Cancillería, Aduana y tal vez otros cuerpos diplomáticos extranjeros que, como declaró ayer el ex embajador de Paraguay, participan de una mafia instalada hace años para defraudar al Fisco con esta mecánica, y lograr repartir entre 30 y 80 mil dólares por auto como botín. La concesionaria compra el auto con franquicia, sin pagar impuestos, lo nacionaliza y luego lo vende en el mostrador a precio de mercado, a veces 100% más que el valor original.

También es probable que clientes habituales de esas concesionarias, alguna vez hayan sido tentados a ahorrarse algunos dólares en la compra de autos, con lo cual la presunción de inocencia aquí es menor, sobre todo porque se trata de gente en general informada y que sabe que puede estar bordeando la irregularidad. Pero se sospecha también que en muchas de las causas judiciales (sólo son 2000 expedientes porque apenas se está destapando lo que ocurrió entre 2004 y 2007), han existido muchas operaciones directas entre diplomáticos y compradores finales. Se verá cuán difícil es probar esta cuestión en la Justicia, pero no hay dudas que en estos casos la agachada ante la mirada social es peor, porque directamente el que compra, que se presume en cómoda situación económica, no sólo transita por una Argentina difícil en vehículos que cuestan más que un departamento, sino que ni siquiera guarda en su consciencia la tranquilidad de pagar los impuestos para que esa Argentina difícil mejore.

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