Jueves  03 de Enero de 2008

Distorsiones que reclaman soluciones de fondo

Cuanto más tiempo transcurra tanto mayor es el trauma inmediato de corregir las políticas intervencionistas. Los precios están distorsionados en energía y transporte

Se inicia el año 2008 con una economía argentina de alto consumo pero, paradójicamente, con un gobierno distribuyendo millones de lamparitas de bajo consumo. Son contrastes que se observan en una sociedad que ha estado regida en los últimos años por políticas de fuerte contenido intervencionista. Como siempre sucede con estas políticas, se acumulan distorsiones que se hacen difíciles de arreglar en la medida que se sostienen por lapsos prolongados. Cuanto más tiempo transcurra tanto mayor es el trauma inmediato de corregirlas. El rodrigazo sigue siendo el caso emblemático.

Desde 2001, las tarifas de gas fueron congeladas en pesos mientras el precio de este hidrocarburo en otros países se ha multiplicado por cuatro, en dólares. Esto ha llevado al absurdo de que se compre gas natural a Bolivia a un precio de 6 dólares el millón de BTU, mientras que la tarifa media residencial en Buenos Aires es de 0,40 dólares. Una muy limitada liberación de los contratos directos entre petroleras e industriales ha permitido que el productor local de gas obtenga entre 1,5 y 2 dólares en boca de pozo, lejos de lo pagado a Bolivia. Es la inversa de cualquier escala lógica de comercialización. Pero aún hay deformaciones más dramáticas. Los consumidores más pobres, que no tienen conexión a la red, deben pagar por el gas licuado en garrafas, 15 dólares el millón de BTU.

Las distorsiones son también notables en la electricidad y en el transporte urbano. El boleto de colectivo en Buenos Aires sigue costando lo mismo en pesos que hace diez años, mientras tanto el salario de un chofer se ha duplicado, el precio de un vehículo se ha triplicado y el litro de gasoil ha aumentado un 150%. La única forma en que las empresas puedan seguir operando es mediante subsidios estatales. Actualmente, el gobierno nacional gasta más en subsidios que en remuneraciones. Pero además este sistema es ineficiente y corrupto. El Estado no es bueno comprando combustibles y vendiéndolos a menor precio a las usinas o a las empresas de transporte. Tampoco lo es repartiendo subsidios. En esos movimientos quedan vueltos y retornos.

Otra forma de retrasar precios internos ha sido incorporar derechos de exportación en los casos de bienes exportables. Esto además le ha dado importantes recursos al fisco, pero ha creado fuertes diferencias en los precios de uno y otro lado de la frontera. Hay contrabando hacia fuera.

La consecuencia más dañina de las intervenciones en el sistema de precios es el desaliento a la inversión. La oferta no crece y frente a una demanda exacerbada por los bajos precios, aparece el racionamiento. Las industrias han sido las más afectadas por la escasez de energía y gas. Por razones políticas se privilegia el suministro a los hogares y comercios. La ausencia de inversiones en las concesiones de servicios públicos ha sido reemplazada por mecanismos de fideicomisos alimentados con sobrecargos tarifarios y fondos públicos. Es otro espacio de ineficiencia y corrupción que se puso en evidencia con el caso Skanska.

El Gobierno ha dispuesto para los próximos días un aumento de tarifas residenciales eléctricas y de gas. También de transporte. Pero son incrementos de entre el 15 y el 20% que no alcanzarán ni remotamente a cubrir los atrasos. La inflación actual está incidiendo sobre los costos y probablemente estos aumentos solo compensen lo ocurrido en los últimos 12 meses. Pero por otro lado no es difícil de imaginar el impacto social y político de aumentos mayores. Si no véase la reacción al aumento del ABL en la ciudad de Buenos Aires, en donde tras siete años de congelamiento el impuesto debió triplicarse. El retraso en hacer lo que no se hizo en su momento, lleva a la necesidad de soluciones que a pesar de ser necesarias, inevitablemente producirán traumas en la sociedad. El Gobierno deberá amortiguar estos efectos sin acentuar las distorsiones y con un criterio de equidad social. Los subsidios a la demanda son en este sentido, mucho más justos y eficientes.

Estamos frente a desafíos y riesgos que no se resolverán automáticamente con el alto precio internacional de la soja. Hará falta seriedad, racionalidad, capacidad y honestidad en grado superlativo. ¿Las tendrán?

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