Lunes  07 de Enero de 2008

Directores penalmente responsables

Avanzan las investigaciones judiciales contra los administradores societarios. Abogados expertos en el área consideran que existe una presión del fisco y aconsejan qué hacer.

La justicia condenó a ex directivos de Siembra AFJP, considerados responsables por defraudación en relación con el fondo de jubilaciones que administraban. Antes había sido el turno de funcionarios del Banco Integrado Departamental, del ex Banco Mayo, del Extrader, del General de Negocios. Y ahora también va en busca de fraudes fiscales.

¿Por qué condena a portadores de carne y hueso y no a las firmas, mucho más solventes? La explicación básica corre por cuenta de boca de cualquier penalista: al Derecho penal le interesan los comportamientos humanos que puedan atribuirse a una voluntad individual.

La pregunta es bajo qué presupuestos el Estado está en condiciones de imponer una pena por fraude fiscal y fue objeto de análisis durante las “VII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario (Fiscalidad de la Empresa)”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

“Si bien el Estado ha retrocedido en todo lo que es intervención empresaria, el Derecho penal empresario está cada vez más presente”, advirtió Juan Rodríguez Estévez, profesor de Derecho Penal de esa casa de estudios, para quien se vinculan en este tipo de acciones criminales lo que se conoce como delincuencia de cuello blanco, Derecho económico y análisis económico del Derecho.

En efecto, resaltó que estas maniobras fraudulentas son más comunes en aquellos contextos donde la sanción es menos probable o, en sus palabras, donde “los costos (riesgos de detención) son más bajos que el beneficio que se obtiene”.

El punto es que el Derecho penal económico viene de la mano de penas elevadas que obligan a dictar la prisión preventiva en más de un caso. “No hablamos de sanciones administrativas o multas a personas jurídicas, sino de penas de encarcelamiento a personas físicas”, advirtió.

En ese plano, si bien alejado de la temática principal de su presentación, analizó la responsabilidad que se investiga sobre los directivos de Lapa frente a la catástrofe aérea y la inconducta del piloto. “Enfrentan un juicio penal por el hecho del dependiente, por la falta de control y vigilancia”, dijo.

En ese sentido, agregó que la justicia está diciendo que según el cargo que se ocupe dentro de una organización, se puede o no ser ajeno a una determinada maniobra que se haga. Esto es algo así como trasladar la responsabilidad objetiva del derecho civil al terreno penal.

“En esos casos, no es tanto el hacer, sino el no haber impedido lo que se iba a hacer”, dijo.

En materia penal tributaria, en cambio, el dolo siempre está presente, pero entran a jugar aquí las cadenas de responsabilidad.

Si quien está antes o después de mí en esa cadena no obró como debía: ¿Cómo desligarse de la responsabilidad por un ilícito? Recomendación: hay que establecer una ley interna, un manual de procedimientos para ver quién actúa en cada caso y que función cumple cada uno.

Presión

“Es una figura de presión. Me da la impresión que al fisco nacional, provincial y, en algún momento se dispararán también las agencias locales, no les interesa demasiado si se está respetando el valor justicia cuando se llama a responder por la acción de otro”, evaluó Alejandro Altamirano, director del Departamento de Derecho Tributario de la Universidad y socio del estudio socio Beccar Varela.

Hablaba de la Ley de Procedimientos Tributarios que enumera las responsabilidades de los administradores.

“No se trata de una figura de garantía. Sustituye al responsable principal por alguien a quien es más fácil identificar. En España, la responsabilidad del director es subsidiaria, no solidaria como en la Argentina”, agregó. En la práctica, entonces, el fisco antes de intimar a la sociedad intima al directorio. Y esa intimación viene acompañada de embargos sobre cuentas personales de los ejecutivos.

“Si alguien es director de una sociedad, que se asegure un buen honorario y que ponga su casa como bien de familia”, recomendó, mitad en broma, mitad en serio, el especialista.

Además, cuestionó que todos los directores sean tratados por igual. ¿Por qué el encargado de las relaciones públicas debe responder igual que quien está a cargo del área tributaria?, dijo.

“El deber de vigilancia es propio de todos los directores”, respondió Alejandro Linares Luque, presidente de las Jornadas, dejando a un lado la normativa penal-tributaria y recurriendo a la comercial.

Soluciones, por lo pronto, no hay a la vista.

De allí que Allende recomendó “preconstituir las pruebas” para que el día que llegue la acusación se pueda demostrar la falta de responsabilidad sobre la imputación que se haga.

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