Lunes  07 de Enero de 2008

Desconfianza provincial por las reformas de Scioli

Hay oposición parlamentaria en La Plata a dar más poder de acción a la Policía y a promover cambios en las leyes penales. Salió por ley la emergencia penitenciaria

Una reforma de las leyes penales, en busca de “agilidad procesal” y un reordenamiento de las fuerzas policiales y penitenciarias, buscada por el gobierno de Daniel Scioli, puso en estado de alerta al sistema político provincial, que teme un desmonte paulatino de las reformas Arslanián y su reemplazo por una “neomaldita policía”.

Eso es lo que se dejaba trascender durante el fin de semana, tras los primeros análisis de las movidas del gobernador y de sus ministros a cargo de esos temas. El inicio de año, en una despoblada ciudad de La Plata, sorprendió a los políticos, peronistas y opositores, con declaraciones de Carlos Stornelli por lo menos confusas. Tanto, que el mismo ministro de Seguridad debió salir a aclarar que no es su intención diluir la Policía 2, tal como trascendió, ni tampoco favorecer el retorno de prácticas de interrogatorio desde hace tiempo derivadas a la Justicia.

Ese es el otro problema, dado que el titular del área, Roberto Casal, se ha quejado por las demoras procesales en el sistema judicial de Buenos Aires, tanto como en las deterioradas condiciones de infraestructura en las que tiene que ejercerse la misión de impartir justicia en tiempo y forma.

El tercer punto, ya conseguido por Scioli, es la prórroga desde el 20 de enero de la declaración de emergencia en el sistema penitenciario provincial.

No sorprende que la diputada radical Cecilia Moreau salga a decir que “centrar la cuestión de la seguridad en la reconstrucción del esquema represivo que caracterizó a la ‘maldita policía’ es una nueva contramarcha de la errática política de seguridad que se viene desarrollando desde hace años”.

Más atención hay que poner, en cambio, a temores similares de peronistas no sciolistas, que se resguardaron en el off para expresar sus dudas. “Casal estuvo hablando con nosotros sobre la necesidad de efectuar reformas al Código Penal, pero va a haber resistencia si se quiere ir en contra de lo avanzado hasta ahora”, aseguró un diputado provincial.

Cuestión de números

En el Parlamento platense, la fortaleza de Scioli es relativa, dada la preservación de un esquema de conducción autónomo, y en todo caso más fiel al humor del gobierno nacional.

De allí que habrá que negociar, y mucho, para que las reformas pedidas se concreten.

Casal ha dicho que quiere una “justicia más eficiente, ágil y más cerca de los ciudadanos”, sobre lo que no habría mucho que discutir. Dado que el bonaerense promedio tiene efectivamente una opinión de que el sistema es ineficiente, lento y alejado de la población. Y lo propio sucede con la actuación de la policía, más allá de las voluntades de los propios uniformados. Las prevenciones tienen que ver con cualquier intento de retroceso en el espíritu de la legislación, en una provincia que aún no superó el síndrome de la “maldita policía”, ni tampoco la de su directa antecesora y maestra: la policía represora de Ramón Camps.

“No se trata de mano dura ni de mano blanda, sino de mano justa”, ha expresado Scioli y la misma frase causó preocupación en la liza política bonaerense. Es que la frase está calcada de un trabajo del diputado nacional por el PRO Eugenio Burzaco. Las políticas sugeridas por el legislador, especializado en cuestiones de seguridad, son rechazadas por un amplio arco político provincial.

“Aquí lo que sucede es que Scioli está asesorado por policías retirados que no siempre resultan los más adecuados a la hora de evolucionar, en un área que no desconocemos tiene dificultades”, confesó a El Cronista un funcionario que siguió de cerca el proceso de León Arslanián con Felipe Solá gobernador. “Aquí se dio de baja a 1900 policías por casos de gatillo fácil, robos, negocios incompatibles con sus funciones; se cambió la currícula de enseñanza en las escuelas policiales con materias como derechos humanos, que eran desconocidas hasta entonces”, defendió a sus ex jefes. Y no se privó de la estocada final: “en definitiva, cualquier reforma que se haga deberá tener en cuenta en quien se deja el poder de mando, si en el gobernador, o en la propia policía. Porque cualquier retroceso del Ejecutivo podrá significar la reinstalación policial en los negocios marginales, como la droga, la prostitución y el juego clandestino”. Es un camino de cornisa el que debe atravesar Scioli en estos asuntos.

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