Debates vigentes a casi dos siglos de la independencia

La histórica discusión entre centralismo y federalismo sigue vigente luego de 200 años. Es imperativo un nuevo consenso que elimine el círculo vicioso del clientelismo

Las conmemoraciones suelen ser buenas ocasiones para hacer un alto, mirar hacia atrás, poner en perspectiva el presente y revisar nuestras metas hacia el futuro.

Cerca del bicentenario de nuestra independencia, que festejaremos en 2016, miramos hacia atrás y vemos que algunos de los debates que dividían aguas en aquél entonces siguen marcando la agenda de cuestiones a resolver. Ya no nos cuestionamos si debemos lealtad al rey de España o no, pero la pelea entre centralismo y federalismo sigue tan latente como hace casi doscientos años, plasmada en el debate por la administración de recursos y la Coparticipación Federal.

No se trata simplemente de una discusión contable o de transferir más o menos dinero a una o a varias provincias: es un debate de fondo, que remite al modelo de país al que aspiramos, la autonomía de las provincias y su relación entre sí y con la Nación. En definitiva, lo que se discute es la posibilidad real de las provincias de generar las condiciones de progreso que permitan un crecimiento con equidad y sustentabilidad, que potencie el desarrollo y la calidad de vida para todos los habitantes del país.

Como está planteado el modelo, la competencia entre provincias no se produce por la buena gestión de los recursos públicos ni las propuestas de desarrollo que cada uno elabora para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes sino en complacer sl poder central en la casa rosada para lograr más recursos. ATNs, fondos para obras públicas, condonación de deudas, préstamos y transferencias discrecionales son los mecanismos con que el gobierno central mantiene sometidos a los gobernadores, en un constante intercambio de apoyo político y contraprestación de fondos. Es el mismo mecanismo clientelar que luego se reproduce a nivel distrital, aprovechando la pobreza y falta de oportunidades de progreso.

Este mecanismo perverso tiñe todas las relaciones supuestamente federales, restando incentivos y capacidades de los gobernadores para gestionar la política provincial en forma autónoma acorde a las necesidades locales no solo a políticas del gobierno nacional de turno. Se incitan así el crecimiento desmedido del empleo público, la dilapidación de fondos, las promesas de obras públicas que nunca se concretarán, el uso clientelar de los planes sociales, etc. Se genera un círculo vicioso de pobreza, clientelismo y condiciones que perpetúan el subdesarrollo.

El debate está abierto desde el 1800, y las sucesivas Constituciones dictadas desde entonces han pretendido zanjar la cuestión. Incluso la última reforma a la Carta Magna en 1994 dispone la obligación de los legisladores nacionales de reveer esta cuestión y definir un nuevo patrón de Coparticipación Federal. Algunos pasos concretos son; plantear una nueva Ley de Coparticipación Federal; establecer criterios racionales y explícitos para la distribución de recursos que les permita a las provincias ser verdaderamente autónomas del gobierno nacional y gestionar sus recursos de acuerdo a sus necesidades particulares; la coparticipación del impuesto al cheque y una distribución de los ATNs efectivamente evaluando situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias. Llegado 2010, resulta imperativo consensuar un nuevo esquema que permita cumplir con las aspiraciones de quienes nos forjaron como Nación independiente, de quienes han trabajado por un país inclusivo y de quienes aspiramos a recrear en el futuro las condiciones para el definitivo despegue de nuestro país y el desarrollo de toda su población.

Noticias de tu interés