Lunes  29 de Diciembre de 2003

¿Crear empleo o cambiar la ley laboral?

Ante la probabilidad de que se revise la reforma laboral por su falta de sustento ético y político, lo importante es analizar si debe modificarse su contenido. El peligro es el de una contrarreforma

La ley 25.250 de reforma laboral del año 2000 parece haber seguido un procedimiento de sanción que le resta todo soporte ético y político. Suponiendo que se pruebe que al menos un miembro del Congreso vendió su voto, entonces es probable que –más allá de lo que la norma dice– la ley se someta nuevamente a votación en algún momento del año próximo, esperando que no se repitan los hechos que justifican su eventual anulación. La pregunta que cabe formular, por lo tanto, no es hoy si se debe o no votar una nueva ley laboral, sino si debemos modificar su contenido (y en qué sentido).

Al respecto, la mayoría de los actores políticos se inclinan por una revisión que elimine buena parte del contenido de la ley. Esa posición puede entenderse en el plano del lobby que pretende obtener beneficios sectoriales, como en el caso de los sindicalistas, empresarios y dirigentes políticos que se apresuran a condenarla. Sin embargo, corremos el riesgo de que se produzca una verdadera contrarreforma laboral, al estilo de la que impuso el entonces presidente Menem junto con su ministro Erman González a fines de 1998, cuando por ley 25.013 se derogaron las modalidades promovidas de contratación.

La razón es que probablemente la nueva ley elimine todos aquellos factores que ayudan a incrementar la contratación de trabajadores, y en cambio restablezca mecanismos que hacen más rígida la negociación laboral.

Supongamos que el Ejecutivo está genuinamente preocupado por aumentar el nivel de empleo en el sector privado de la economía ¿Cuáles son los factores que debería tomar en cuenta? Básicamente se debería promover el crecimiento económico y mantener bajo el precio relativo del trabajo por unidad de producto. Esto último no es menos importante: se puede producir más usando capital o usando trabajo, pero cuanto más caro sea el trabajo, mayor será la sustitución de trabajadores por máquinas.

Los costos laborales unitarios se pueden mantener acotados con fuertes aumentos de productividad, o con bajas en los costos de contratación o despido. De otra forma, los costos laborales sólo bajan con caídas de los salarios. Mantener altos los costos laborales fue –en lo laboral– la base de la tragedia de los ’90: al abaratarse fuertemente el precio del capital y reemplazarse tecnologías obsoletas por tecnologías de frontera se verificó un reemplazo masivo de trabajadores no calificados, que quedaron virtualmente fuera del mercado.

A mediados de esa década, luego del Tequila, el gobierno trató en forma tardía de resolver la bomba de desempleo que él mismo había contribuido a generar. La desregulación parcial del mercado laboral a través de la promoción de contratos con bajos costos de despido y sin costos impositivos, así como la rebaja de impuestos y la nueva ley de riesgos laborales, ayudaron a crear empleo en forma rápida (ver cuadro).

Este año, aun partiendo de una posición ideológica bien diferente, el Gobierno está logrando una recuperación del empleo algo mayor al 6% (correctamente medido, excluyendo los planes para desocupados), con un aumento del PIB que entre el tercer trimestre del año 2002 e igual período del 2003 rozó el 10% anual. El pequeño diferencial en el aumento de la ocupación podría explicarse totalmente por la diferencia en el ritmo de crecimiento de la economía, (10% versus 7.5%), ya que en ambos casos había capacidad ociosa en términos de aumentar horas trabajadas. Sospecho que también jugó un rol esencial la caída de los costos laborales. Para trabajadores formales del sector transable, el costo laboral promedio es hoy alrededor de 40% menor que el vigente antes de que la economía comenzara a recuperarse, y es todavía mayor para quienes contratan informales.

¿Cuál es la principal diferencia entre el experimento de mediados de los ’90 y el actual? En esta oportunidad, para generar los mismos puestos de trabajo el salario real de los trabajadores tuvo que caer dramáticamente, puesto que el Gobierno no sólo no bajó impuestos sino que los subió. Eso obligó a que los salarios de los trabajadores se mantuvieran más bajos, ya que lo que antes ponía el Estado (menores impuestos) hoy lo pone el trabajador (menor salario de bolsillo).

¿Moraleja? La derogación de la ley laboral no haría otra cosa que profundizar estas tendencias: la eliminación del período de prueba aumentaría los costos laborales y el mismo efecto tendría la reducción de impuestos para aumentos en la plantilla de trabajadores. Esta contrarreforma obligaría a una baja de salarios reales para generar el mismo efecto de aumento de empleo.

En cuanto a la derogación del capítulo de descentralización de la negociación colectiva, si bien no tuvo mucho impacto durante su aplicación dado que fue redactado en forma ambigua dejando amplia discrecionalidad a la autoridad como para no aplicar la ley, habrá que olvidarse en ese caso de cualquier negociación a nivel de Pymes o de negociaciones por empresas. Es decir que la derogación de la ley laboral no podría justificarse como mecanismo de promoción del empleo, sino más bien como promoción de los lobbies.



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