Domingo  18 de Enero de 2004

Consideraciones sobre la reforma del Régimen Penal Tributario

Esta Federación en representación de los Consejos Profesionales que agrupan a las profesiones en Ciencias Económicas de todas las provincias del país, manifiesta su expresa disconformidad a la modificación del art. 15 de la Ley Nº 24.769 recientemente sancionada que incorpora dos nuevas conductas reprochables a la ya existente a saber:

“El que a sabiendas:

...b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de CUATRO (4) años de prisión.

c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de TRES (3) años y SEIS (6) meses a DIEZ (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión.”

En oportunidad de acompañar el proyecto de ley que con fecha 17 de junio de 2003, el Poder Ejecutivo expuso como objetivo primordial de esta norma, la penalización severa de aquellas personas que formen parte de “verdaderas organizaciones ilícitas dedicadas a ‘vender’como si se tratara de un producto- el soporte técnico, logístico o intelectual para la comisión de delitos de evasión”.

Para ello, y advirtiendo las opiniones divergentes tanto en doctrina como en jurisprudencia, en cuanto a la posibilidad de aplicar a estas organizaciones el artículo 210 del Código Penal -asociación ilícita- toda vez que este último se refiere a la comisión de delitos cuando el inciso c) del artículo 15 tiene por finalidad reprimir la participación en el delito de un tercero, es que se sustituye el artículo que nos ocupa.

Si bien el Código Penal específicamente contempla tal situación en los art. 45 y 46 que reprimen la conducta de aquellos que sin ser autores del delito, participan con ellos, en la norma recientemente sancionada se ha incorporado dos nuevas figuras delictivas que además de vedar la excarcelación por la escala penal que establece, resulta a todas luces inconstitucional.

En este sentido, es flagrante la violación del principio de inocencia que ampara a todo habitante de la Nación, a poco que se tenga en cuenta que ante la nimia sospecha de haber incurrido en la conducta reprimida en la norma cuestionada deviene la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal.

De esta manera se prioriza, lo que ha sido tradicionalmente criticado, la inexcarcelabilidad por categorías de delito, que inhibe al juez de la posibilidad de evaluar el peligro existente sobre el proceso o el de fuga, que son los únicos elementos razonablemente válidos para establecer el arresto preventivo.

Es decir que la prisión cautelar prevista en el reciente art. 15 de la Ley Nº 24.769 funciona como una suerte de pena anticipada ya que podría aplicarse hasta en situaciones en las cuales no existe peligro procesal alguno.

Así también lo ha entendido el diputado por la Provincia de Córdoba, Dr. Cafferata Nores, en oportunidad de sancionar la Ley Nº 24.769 al señalar que: “...lo que se pretende con la imposición de estas penas mínimas es evitar la excarcelación de los acusados ... se intenta desnaturalizar el instituto de la prisión preventiva transformándolo en una pena. De este modo la prisión preventiva ya no es una medida cautelar como lo disponen nuestra Constitución y los Tratados Internacionales respecto de los cuales nos ufanamos por haberlos incorporado a nuestra Carta Magna, a pesar de que casi todos los días nos olvidamos de ello al proyectar nuestras disposiciones legales. Se está violando la Constitución cuando se pretende utilizar la prisión preventiva como una pena y al encarcelamiento durante el proceso como una medida ejemplificadora...”.

Por otra parte cabe referirse a la redacción de las figuras incorporadas que trasluce una serie de vaguedades que la tornan irrazonable y violatoria de los derechos y garantías constitucionales que protegen el libre ejercicio de la profesión.

En efecto, el inciso b) establece como pena mínima cuatro años, omitiendo hacer referencia alguna a la pena máxima, aspecto que de ninguna manera puede ser suplido por el Juez interviniente, sin que ello implique arrogarse facultades legislativas que la propia Constitución prohíbe.

Por otra parte de la lectura de los incisos b) y c) se desprende que de configurarse la evasión, tanto los que concurrieren en la comisión del delito como los integrantes “de una organización o asociación... destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley...” permanecerían privados de su libertad durante el transcurso del proceso, mientras que en ciertos supuestos el autor material del hecho -evasor- gozaría de libertad ambulatoria hasta el momento del dictado de la sentencia condenatoria.

De esta forma resulta manifiestamente irrazonable lo señalado, toda vez que reprime de manera mas gravosa a quien ha sido partícipe del delito tributario, que aquél que lo ha cometido, siendo en ambos casos idéntico el bien jurídico tutelado.

Asimismo es por demás sugestivo, el singular impulso que la modificación sancionada ha tenido en la última etapa del trámite parlamentario. Así Legisladores recién asumidos han aprobado esta ley de innegable severidad y vaguedad, sin el exhaustivo análisis previo que una norma de afectación de libertades individuales debe tener.

Frente a esta situación, ¿cómo se protege el legítimo ejercicio profesional en un campo de indiscutible complejidad técnica como es el penal tributario?.

No escapa a nuestro conocimiento que la evasión tributaria y previsional es, entre muchos otros, un flagelo que en este último tiempo se ha incrementado considerablemente, produciendo gravísimos perjuicios a las arcas estatales que repercuten en toda la sociedad. Así esta Federación reprocha cualquier conducta antijurídica en general y se opone a la evasión en particular, apoyando incondicionalmente la lucha contra la misma. Sin embargo, no es la sanción de leyes como la que nos ocupa el instrumento idóneo para cumplir tan complejo fin.

Hoy en día se ha podido comprobar a través de la realización de estudios especializados, si bien para otro tipo de delitos reprimidos penalmente, que no necesariamente el agravamiento de la pena importa un enderezamiento de la conducta del delincuente.

De ello se desprende que la evasión por todos cuestionada debe ser neutralizada, en primer término, a través de políticas educativas destinadas a concientizar a los contribuyentes el fin social que en definitiva persigue la recaudación impositiva y las consecuencias negativas que conlleva el incumplimiento de las normas fiscales que repercuten en la sociedad del cual el mismo es parte integrante y, en segundo lugar -no menos importante-es imprescindible una transparente y prolija administración de los recursos públicos.

Sin embargo, pareciera que la ansiedad en demostrar el rendimiento satisfactorio de la política antievasión, tanto de los organismos como de los funcionarios públicos involucrados en la persecución de estos delitos, eleva el riesgo de configurar situaciones que vulneren garantías individuales ante meras denuncias. Esta preocupación se encuentra debidamente fundamentada en lo que gran parte de nuestra doctrina ha llamado “terrorismo fiscal” vivido en las diferentes etapas evolutivas del ordenamiento penal tributario, donde decisiones jurisdiccionales apresuradas -divulgación mediática de por medio- privan de la libertad y afectan el buen nombre y honor de las personas denunciadas, desintegrándose luego y de manera vertiginosa a la luz de la demostrada inexistencia del delito anoticiado.

Lo expuesto demuestra que la sustitución del art. 15 de a Ley 24.769 no sólo impide la formulación de un pronóstico de efectividad en el combate contra la evasión tributaria y previsional, sino que además posibilita una persecución hacia los profesionales, toda vez que los integrantes de estudios jurídicos y contables que brindan servicios profesionales al contribuyente -pero que no son el contribuyente, aunque dependan del mismo en términos de calidad y cantidad de la información que reciben para su desempeño-pueden verse transformados, por medio de una denuncia infundada, en integrantes de una “organización o asociación” “destinada a cometer” “delitos” tributarios y/o previsionales, y, hasta tanto se demuestre su inocencia, privados de su libertad ambulatoria y sometidos al escarnio público.



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