Jueves  27 de Mayo de 2010

Cómo combatir el fraude corporativo

Por Hernán Munilla Lacasa, Socio Estudio Durrieu Abogados S.C.

Que el fraude en las empresas avanza a paso firme y sostenido es algo que no se discute. No sólo la Argentina padece el mal. Según Transparency Internacional, del 1 al 10, Argentina obtuvo 2,9 puntos y se ubicó por quinto año consecutivo entre los últimos países de América Latina. De acuerdo con un informe de Price, de noviembre de 2009, los fraudes en América Latina aumentaron un 120% a raíz de la crisis financiera internacional.

Diversas son las causas que contribuyen a la promoción y facilitación del fraude. Exceso de confianza; acceso privilegiado a fuentes de información; falta de controles; necesidad económica; resentimiento o revanchismo; alta rotación del personal; exigencias desmedidas por alcanzar resultados. Todas ellas, sin embargo, reconocen un precedente fáctico común: la oportunidad. El defraudador actúa cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Y las oportunidades, por lo general, se dispensan o propician. El defraudador sólo tiene que aprovecharlas.

El fraude corporativo, mutable y transnacional, puede asumir los contornos de delitos variados, desde extorsiones y chantajes hasta la elaboración de balances falsos o sobornos a funcionarios.

Las pérdidas económicas representan entre un 10 % y un 20 % del total de la facturación de las empresas víctimas de las maniobras

En la Argentina, esta conducta representa un significativo porcentaje del PBI y constituye una cifra que equivale no sólo a una gran parte de la recaudación por impuesto a las ganancias, sino también a las cada vez más exiguas reservas del país, a las retenciones por exportaciones y a la recaudación del todavía existente impuesto al cheque. De acuerdo a un relevamiento de la OEA, el Estado argentino perdió u$s 13.000 millones por la corrupción.

¿Qué se recomienda hacer para combatirla? Extremar los cuidados en el proceso de selección y control de personal; incrementar la capacitación de los empleados; diseñar mecanismos de información anónima (hotlines o call center especializados, que garanticen horarios e idiomas); intercambiar información entre compañías; diseñar e implementar políticas claras de prevención; investigar cualquier indicio de posible fraude; crear auditorias forenses; crear programas de compliance formalizados y, obviamente, invertir en medidas antifraude.

Los motivos para denunciar los fraudes son diversos: imposición de códigos de ética; como mecanismo ejemplificador; para acceder a beneficios impositivos/previsionales; para proteger el buen nombre de la compañía y fortalecer la moral; o para recuperar activos (asset recovery). Pero también existen otros motivos para no hacerlo: temor a las repercusiones negativas de proveedores y clientes; no mostrar una idea de vulnerabilidad; no afectar la imagen empresaria, o evitar consecuencias procesales desfavorables.

¿Qué se espera del abogado? Que promueva una inmediata y prolija investigación interna; que asegure la prueba, disponiendo grabaciones/filmaciones en casos que así lo requieran; acceder a e-mails corporativos, o sea pertenecientes a la empresa y que se hallen en el servidor de la compañía. Sobre todo, siempre es recomendable hacer una querella penal, a través de la cual se pueden procurar secuestros o embargos preventivos; comiso de bienes; la intervención de la sociedad u otras medidas cautelares, como la de no innovar; amén de la identificación y castigo, de corresponder, del o de los responsables.

Lo que no puede hacer el abogado es, en principio, intervenir comunicaciones telefónicas; acceder a e-mails personales, correspondencia personal o a habitáculos personales, ni ejercer tareas de investigación o inteligencia porque la medida probatoria no sólo podrá ser declarada nula, podrá también dar lugar a la interposición de acciones judiciales, entre ellas, la de índole penal.

Dado que el cumplimiento de las normas (compliance) aumenta la rentabilidad empresaria, las compañías debieran abordar seriamente el tratamiento de todas aquellas cuestiones vinculadas al fraude corporativo para asumir un control más estricto en la prevención, desbaratamiento y castigo. Ello no sólo repercutirá positivamente en el rendimiento económico de cada una de las empresas, sino que a la vez posicionará a nuestro país en los mercados competitivos, donde se privilegia la transparencia y la previsibilidad.

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