Lunes  17 de Noviembre de 2003

Claroscuros del plan de e-government

El Gobierno presentó una iniciativa para informatizar el Estado. Pero no tiene funcionarios de peso que lo apadrinen. Esa falta de peso político genera dudas sobre su alcance real

La administración de Néstor Kirchner hizo su primera propuesta más o menos formal para avanzar en una política de digitalización del Estado nacional hace diez días. Sin embargo, varios funcionarios del propio gobierno cuestionan esa iniciativa por la falta de respaldo político y carencia de foco en los reales problemas de la administración pública.

La tarea de presentar el plan criollo de gobierno digital estuvo a cargo de Carlos Achiary, director de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información (ONTI). El funcionario expuso en un seminario organizado por el Ministerio de Justicia un programa que toma las recomendaciones del Banco Mundial en la materia.

Organizado en cuatro grandes etapas (ver”Cuatro pasos al e-government” en página 2), empieza por un nivel de información desde el Estado hacia el ciudadano y culmina en una etapa de transformación del gobierno, invirtiendo el centro de gravedad de las decisiones públicas. En ese punto, el peso de la gestión estaría volcado al ciudadano y no en las prioridades de los propios organismos estatales. “El ciudadano ingresaría un solo trámite por el portal www.argentina.gov.ar que será la ventanilla única del Estado. Ese único trámite interactuará con los distintos sistemas de información relacionados”, pronostica Achiary.

Además, el plan incluye la culminación de la infraestructura de firma digital y la definición de políticas informáticas que estandaricen de a poco la relación entre la tecnología y la gestión pública.



Líderes de peso

Sin embargo, varios funcionarios del propio gobierno señalan que la iniciativa tiene limitaciones que ponen en duda su éxito. “Parece que Achiary está trabajando mucho, pero es un director nacional. No hay ni un secretario de Estado, ni un ministro impulsando el tema. Hay que insistirle al gobierno para que jerarquice esta iniciativa, porque la correcta aplicación del e-government implica terminar con privilegios y cortar focos de corrupción. Algo que debe convertirse en política de Estado y no de una administración en particular”, advierte Pablo Fontdevila, responsable del programa de Innovación del Ministerio de Justicia.

En otros países fue el propio presidente el que impulsó, al menos públicamente, la digitalización estatal. “La diferencia entre Kirchner y Ricardo Lagos, en Chile, o Tony Blair, en el Reino Unido, es el contexto en el que asumió nuestro Presidente”, señala Achiary.

Por su parte, Fontdevila reconoce que el Gobierno tiene varios temas calientes que resolver. Pero recuerda que hace poco se cerró una experiencia fallida en materia de gobierno digital, el Programa de la Sociedad de la Información que la Secretaría de Comunicaciones desarticuló y mandó a auditar por la Sindicatura General de la Nación. “Era un programa que, en el gobierno aliancista, sirvió para cobrarle una multa a las empresas a cambio de que instalen telecentros comunitarios. Era una muy buena idea, pero sinceramente quedó ahí. Nunca tuvo recursos ni estructura”, lamenta Fontdevila, quien teme que el plan presentado por Achiary corra una suerte similar.

A pesar de ese temor, pueden encontrarse varios proyectos locales de informatización estatal exitosos. Algunos muy difundidos como la presentación de declaraciones juradas de la AFIP y otros menos publicitados. Por caso, el Registro Nacional de Reincidencias, organismo del Ministerio de Justicia que lleva un archivo de antecedentes criminales logró una mejora de productividad de 33% luego de digitalizar los prontuarios para formar una base de datos de 2 Terabytes, la mayor de Sudamérica según Horacio Tarelli, director del Registro. El proyecto demandó inicialmente una inversión de u$s 1,8 millón, redujo 80% el costo de horas extras que antes trepaba a u$s 1,44 millón anuales. Además, ayudó a transformar la gestión del organismo. ‘Pasamos a trabajar por objetivos y cumplimos con los pedidos de prontuarios de los juzgados en seis horas como máximo‘, agrega.

También a nivel provincial hay experiencias para seguir de cerca. El gobierno neuquino creó un repositorio de datos provincial que unifica información antes dispersa en muchos sistemas. Según Rodolfo Lafitte, gerente de Coordinación de la Unidad de Informática y Telecomunicaciones de Neuquén, el proyecto que costó $ 1 millón sirvió para integrar los sistemas troncales de la administración. ‘Ahora, con una base de datos multidimensional cada funcionario tiene herramientas para controlar la gestión‘, asegura.

Pero proyectos como estos podrían quedar aislados sin un elemento que amalgame las iniciativas. Según Achiary, esa coordinación llegará de la mano de una ‘comisión estratégica con enlace a todos los ministerios nacionales‘. El director de la ONTI dice que ese organismo ya funciona y tiene un interlocutor en cada ministerio. El coordinador de la comisión es Norberto Ivancich, subsecretario de Gestión Pública, de donde depende la ONTI. Sin embargo, Ivancich faltó en los últimos quince días a dos presentaciones públicas del plan de e-government, una de ellas en un seminario organizado por el Ministerio de Justicia y otra en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas porteño.



Articulación

Eduardo Thill, coordinador de Informática del Ministerio del Interior, señala que el plan de gobierno es sólo una puesta en escena. ‘No hubo presentación formal y no están designados los interlocutores en los ministerios‘, señala Thill. Sin el peso político adecuado, nada cambia, según el funcionario. Concepto que ejemplifica con el voto electrónico: ‘se cambiaron las urnas de madera por las electrónicas, pero los muertos siguen estando en los padrones‘, dice Thill.

Por eso, el funcionario destaca otro punto débil de la iniciativa. ‘Sin integrar los sistemas estatales no habrá visión única del ciudadano. Así, el proyecto de la base única de datos impulsado por el ministerio del Interior es fundacional para cualquier estrategia de gobierno digital‘, advierte.

Pero Achiary descree de las iniciativas que se imponen desde un área. ‘No podemos obligar a todas las dependencias a acatar lo que propone una dirección nacional. Lo que sí haremos es señalar lineamientos de política informática y auditar como se mejora la la gestión usando la tecnología en todas las reparticiones. Esa es una directiva del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, un hombre de 45 años que es un ciudadano digital y no necesita que le expliquen los beneficios del e-government. Intentaremos mostrarle la zanahoria a cada organismo y ver como avanza‘. Algo para lo que tal vez Fernández haga uso de algunas de las facultades que la cámara de Diputados le cedió la semana pasada.



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