Chile marca sendero para las reformas de pensiones en la región

Por David Tuesta, economista Jefe de la Unidad Previsional Servicio de Estudios BBVA.

Latinoamérica se embarcó en un conjunto de reformas de sus sistemas previsionales desde la década de los ochentas bajo el liderazgo de Chile, mediante el establecimiento de un cambio estructural en sus sistemas al establecer esquemas de capitalización individual bajo administración privada. El resto de la región -así como varios países emergentes en el resto del orbe-continuaron esta senda, lo cual permitió superar rápidamente el colapso de sistemas de pensiones, que esencialmente eran manejados por el Estado bajo típicos mecanismos de reparto.

Los logros alcanzados por las reformas implantadas son innegables desde varios puntos de vista: se permitió darle viabilidad fiscal y financiera a los esquemas previsionales; se reactivó el ahorro para la vejez de las personas bajo un esquema más transparente, al mismo tiempo que se instauraba el principio de derecho de propiedad; se establecieron mecanismos adecuados para la participación en los mercados de capitales que permitieran mejorar las rentabilidades de los fondos; y finalmente, la literatura destaca unánimemente el impacto sobre el crecimiento económico y el ahorro nacional. No obstante lo anterior, se continuaban encontrando serias falencias a los sistemas instaurados, tales como: insuficiente penetración (o cobertura); pensiones bajas o inexistente en determinados colectivos de la población; reparos respecto al funcionamiento de la industria; falta de incentivos para incrementar el ahorro voluntario; poca eficacia en el funcionamiento de los seguros de invalidez y sobrevivencia, entre otros.

A partir de lo anterior un nuevo movimiento reformador ha venido tomando cuerpo en Latinoamérica, lo que ha llevado a innumerables discusiones en foros académicos, políticos y grupos de interés. Así, varios países han abierto el debate para realizar ajustes a sus sistemas previsionales, siendo Chile, nuevamente, quien se encuentra liderando los cambios en la región, llevados de la mano del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien a partir de una comisión encabezada por Mario Marcel, decide establecer el diagnóstico y la elaboración de propuestas que tras amplias discusiones en todos los niveles, alcanzó la aprobación de una nueva ley que seguramente marcará el derrotero de futuras legislaciones de países vecinos.

Lo que es importante es que la ley chilena termina reconociendo la importancia de los cambios estructurales de la reforma de los ochentas así como los logros alcanzados.

Es importante señalar que en el caso chileno, a diferencia de otros sistemas reformados en Latinoamérica, ya se contaba con esquemas de solidaridad relevantes a través del Estado, mediante una pensión mínima para quienes aportaban al sistema durante 20 años o más y la vigencia de una pensión asistencial para aquellas personas que estando en la vejez, no contaban con una pensión. No obstante, diversos estudios indicaban que a pesar de ello, el grado de cobertura era insatisfactoria pues, por ejemplo, un grupo elevado de afiliados no era capaz de cumplir con el requisito de 20 años de aportes.

Tomando en cuenta lo anterior, la nueva ley crea el sistema de Aporte Previsional Solidario, un esquema que busca focalizarse en las familias de ingresos bajos y medios, proporcionando un monto fijo cuando la persona no cuente con una pensión autofinanciada y a partir de ahí, a través de una fórmula, complementa los ingresos de pensión autofinanciada cuando éstos están por debajo de un determinado nivel de ingresos. Lo interesante de este esquema, es que potencialmente reduce la posibilidad de que las personas en la etapa de vejez se encuentren abandonadas a su suerte y viviendo en la indigencia. Los costos fiscales derivados de esta medida se ubican cercanos al 1% del PIB anual, lo cual sería susceptible de ser absorbido por las cuentas públicas sin someterla a presiones.

La nueva ley de pensiones en Chile establece otro conjunto interesante de cambios, más abocados al perfeccionamiento del funcionamiento del mercado, para así darle mayor dinamismo a los esquemas de capitalización individual. Así, por ejemplo, la normativa actual busca generar mayor competencia, pero sin amenazar la viabilidad de la industria ni generar mayor concentración, como sucedió en otros episodios. Para ello se instaura un mecanismo de licitación para los afiliados que recién ingresen al sistema y de esta forma buscar menores niveles de comisiones. ¿Qué reflexiones nos suscita la senda que viene marcando Chile en el proceso de reforma de los sistemas de pensiones? Primero, que las reformas de primera generación continúan siendo los pilares de los sistemas previsionales y por tanto, lejos de desterrarse, requieren perfeccionarse; segundo, estos perfeccionamientos requieren focalizarse en aquellos grupos de la población que por sus bajos ingresos se encuentran con altos niveles de desprotección, debido a los diferentes factores que afectan su capacidad de ahorrar; tercero, la introducción del mecanismo de apoyo solidario a fin de ampliar la cobertura de los sistemas, no debe vulnerar la sostenibilidad de las cuentas fiscales; y cuarto, las reformas, antes de ser implementadas, requieren un período de amplio debate técnico y luego buscar la forma de llevar ese debate a las diferentes instancias del gobierno y la población, a fin de que rescaten el consenso más amplio posible.

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