Martes  25 de Noviembre de 2003

Cambios a Ingresos Brutos impactarán en tasa de interés

La legislatura porteña modificó la base imponible de Ingresos Brutos de las Entidades Financieras, la que podría generar un importante aumento del costo del crédito

La modificación que aprobó la Legislatura porteña, la semana pasada, en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de las Entidades Financieras provoca un cambio de manera sustancial sobre la forma en la que determinan el impuesto y sobre la alícuota a la que tributan, que podría generar un importante aumento del costo del crédito.

Si el Gobierno porteño promulga la ley, el artículo 158 del Código Fiscal, quedará redactado así: “en las operaciones realizadas por las entidades financieras comprendidas en la Ley No. 21.526, se considera ingreso bruto a los importes devengados, en función del tiempo, en cada período. La base imponible está constituida por el total de la suma de las cuentas de resultado no admitiéndose deducciones de ningún tipo”. A su vez, modificó la alícuota de 5,5% actual a 4%.

En la actualidad, las entidades financieras tributan por la diferencia entre la suma del haber de las cuentas de resultado y los intereses y actualizaciones pasivas (neto de aquellos intereses y actualizaciones vinculados a ingresos exentos). Es decir, que tributan sobre la diferencia entre los intereses ganados por los préstamos que otorgan y los intereses pagados por los depósitos que captan, más las comisiones por aquellos servicios que prestan y otros ingresos.

Esta forma de determinación de la base imponible refleja el elemento característico de las entidades financieras, que es la intermediación entre la oferta y demanda de dinero del público. El ánimo de modificar la base imponible radica en que la actividad desarrollada actualmente por las entidades financieras consiste principalmente en actividades de servicios (agente de cobro, de pagos, etc.) y no en la actividad de intermediación propia como tal y en la cantidad de títulos públicos recibidos por la pesificación asimétrica que devengan una proporción de intereses exentos.

Ante este escenario, el Poder Ejecutivo elevó a la Legislatura Porteña un proyecto de modificación ya que entendió la conveniencia de modificar la base imponible del impuesto. Sin embargo, no parece conveniente modificar, ante una situación coyuntural, la metodología de determinación de la base imponible. Una alternativa podría haber sido establecer una base imponible para los ingresos por intermediación financiera y otra, para los ingresos por servicios.

Esta modificación puede tener diversas consecuencias, las cuales resaltamos a continuación:

Varía el régimen actual en el que se grava la actividad de intermediación financiera a un sistema en el que se gravará la actividad crediticia. Un incremento de la actividad de intermediación financiera haría más gravosa la carga impositiva y se podría producir un aumento del costo del crédito bancario si se trasladara a la tasa de interés activa, o una reducción de la tasa de interés pasiva (tasa pagada por los bancos a los inversionistas), situación que no favorece el regeneramiento del sistema financiero.

El cambio propuesto puede provocar que determinados fideicomisos financieros se tornen inviables o entren en situaciones de iliquidez (sobre todo aquellos que están endeudados en moneda extranjera). Los fideicomisos financieros cuyos fiduciantes sean entidades financieras y cuyos bienes fideicomitidos sean créditos originados en ellas, tributan de la misma manera que las entidades financieras. Los rendimientos devengados por los títulos de deuda son considerados como intereses y actualizaciones pasivas. Al momento de constituir estos fideicomisos, su ecuación económica financiera se planificó con un determinado nivel de imposición en este impuesto. La modificación propuesta puede modificar, según los casos, esa ecuación. Estos fideicomisos son una herramienta financiera que, entre otras cosas, permite e incentiva la titulización de créditos hipotecarios, de consumos y comerciales.

La modificación afectará en mayor medida a las entidades financieras que transforman el ahorro (captan depósitos del público) en intermediación financiera (otorgamiento de préstamos).

Una comparación entre el cálculo previo a la modificación y el posterior, bajo la premisa que la entidad financiera tiene un 20% de ingresos exentos, podría llegar a incrementar en 64,8% la carga impositiva.

Estudio Ernst & Youg.



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